Para el ciudadano es verdad lo que recibe a través de la información que le llega.
Verdades que se asumen como ciertas pero en realidad son falsas y sin embargo conducen a actuaciones como si fueran verdad. Entre ellas los ‘hitos o mitos de ensayos de Paz’ que se han vivido.
La Constitución del 91 (iba ser ‘la Constitución de la Paz’)
La séptima papeleta no existió. Ni física ni jurídicamente se realizó alguna votación como tal. Con el mito -difundido por los medios- de que había existido, se citó a una consulta popular no contemplada en la institucionalidad. Esto se complementó con que, bajo un decreto de Estado de Sitio para perseguir el narcotráfico, se produjo la citación a esa Asamblea. Los votantes no alcanzaron a ser la cuarta parte de los elegidos como congresistas; pero violando la misma regla bajo la cual fueron elegidos, se declararon omnipotentes y disolvieron el Congreso. En varias formas y varias etapas fue una sucesión de Golpes de Estado.
La Constitución del 91 no fue la de la Paz como pretendía la citación. Respecto a las Farc fue una declaración en contrario al bombardearlas arteramente el día mismo de las elecciones. Ni fue la de un consenso. El M19 entró porque que no fue un movimiento comunista, ni socialista, ni de izquierda, ni mucho menos revolucionario sino populismo puro. Fue el “sancocho nacional” que anhelaba Jaime Bateman. Su mecánica fue la de dividir en salas las propuestas de cada grupo (Salvación Nacional, Gobierno, M19 ) sin coordinación ninguna, para que cada una pusiera el parche de lo que se le antojara. Resultado, una colcha de retazos.
Se ha pretendido que tiene ‘carácter garantista’ porque da prelación a los derechos fundamentales. La verdad es que, con la figura de la Tutela, que obliga a atenderla antes que las justicias ordinarias, y la aceptación que puede ser el cierre de cualquier litigio, acabó incluso con la ‘cosa juzgada’. Si hay algo claro que no existe es la Administración de Justicia en Colombia. Y sin Justicia no hay Paz posible.
La Paz con el paramilitarismo
La exclusión de los grupos insurgentes que sí estaban buscando cambios del sistema acabó en que la estabilidad y la seguridad del país rural se perdió y quedó sometida al acoso de ellos. Eso dio nacimiento a los grupos de autodefensa en donde núcleos afectados decidieron armarse.
También fue el gobierno Gaviria el que les dio legitimidad e institucionalidad convirtiendolos en paramilitarismo al crear la ‘Cooperativas de Seguridad’ después llamadas ‘Convivir’, donde se vinculaba y armaba a los civiles para trabajar conjuntamente con las fuerzas oficiales. De autodefensas pasaron así a proyecto político de tomarse el Estado, como quedó consignado en lo que entonces fue un primer ‘Pacto de Ralito’ (2001) de la derecha formada por políticos, narcos y paramilitares.
El segundo, el ‘Acuerdo de Santa Fe de Ralito’ (con lo que implica como misma sede) que supuso la entrega del paramilitarismo, fue en la práctica el reconocimiento de que la extrema derecha se había tomado el Estado (como bien lo dijo Mancuso cuando como general victorioso se presentó ante el Congreso). La elección de Alvaro Uribe fue la concreción de este proceso, formalizado en la práctica con la Ley 975 de 2005, conocida como la ley de justicia y paz. La violencia paramilitar una vez cumplido el objetivo político se ‘bandolerizó’, los ‘comandantes’ fueron amnistiados (y después extraditados) y la estructura quedó al servicio del narcotráfico.
El Acuerdo para una Paz estable y duradera
Lo etéreo mismo del nombre lo refleja el uso indiferente de Acuerdo de Paz de la Habana o Acuerdo de Paz del Colón. Las instancias internacionales fueron depositarias del primero y no se sabe si o cuando fue sustituido.
Su contenido fue pactado sin participación de ningún sector representativo del conglomerado nacional diferente de personas de confianza del Presidente (ni víctimas, ni militares, ni voceros sindicales, ni siquiera empresariales) y solo después se inició un proceso de ‘maquillaje’ para que no aparecieran vencedores ni vencidos, para volverlo ‘vendible’ o ‘digerible’. Lo cual no se logró. Tan poco fue un consenso nacional que el referendo lo negó y tocó violentar las reglas para sacarlo, y traer al Papa y bendecir con un premio Nobel para darle viabilidad.
El único punto que no fuera implícito como obligación del Gobierno fue el compromiso de una ‘Reforma Rural Integral’, lo cual es solo un eufemismo para no decir Reforma Agraria que fue siempre la bandera de las FARC. Con este ‘Acuerdo’ se completó el desmonte de las estructuras que tenían alguna motivación válida para tomar las armas. Quedaron los grupos cuya característica es aprovechar que están organizados para mantener su continuidad y vigencia dentro del ámbito de las actividades delictivas (droga, minería ilegal, contrabando, extorsión, tráfico de personas).
La ‘Paz Total’
Nunca fue definida por quien la propuso, por lo quedó en manos de los comunicadores el darle la interpretación que más les acomodara. Así quedó como si ‘Paz Total’ fueran los acuerdos con los grupos insurgentes y no el cese de las violencias en Colombia. Que bajo esa interpretación hay más fracaso que avance, no hay duda.
Pero si ‘perder es ganar un poco’, de un lado quedan pocos pero algunos resultados; y de otro si, como se supone, un problema está en 90% solucionado cuando ésta bien diagnosticado, ya está bastante más claro que la razón de existir de los grupos armados no es la confrontación con el Estado sino la de explotar en forma criminal sus debilidades; tanto propiamente las de sus capacidades, como las del fruto de la ingenuidad al tomar por ciertas las supuestas motivaciones, declaraciones e intenciones de los alzados en armas.
Del mismo autor: Las noticias no solo polarizan sino nos envenenan
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