Los altos mandos del Ejército Nacional de Colombia —y en particular los generales— cumplen una función estratégica en la conducción, control y supervisión de las operaciones militares, así como del bienestar del personal a su cargo. Sin embargo, actualmente se encuentran en una coyuntura delicada, en la que su legitimidad institucional, su capacidad de mando ético y su rendición de cuentas están siendo puestas a prueba por denuncias tanto de carácter disciplinario como penal. Este artículo revisa el panorama general, aborda los marcos de inhabilidad o cuestionamiento, analiza en detalle dos casos emblemáticos y concluye con un llamado a que estos mandos mayores hagan sentir sus preocupaciones y necesidades ante el comandante en jefe.

Los generales —como figuras de mando en la institución militar— tienen una doble responsabilidad: operativa (dirección, planificación, supervisión) y ética/institucional (respeto al derecho, a la disciplina, al mando justo). En ese sentido, pueden incurrir en inhabilidades o compromisos que limiten su capacidad de mando, entre ellas:

• Abuso de autoridad: la orden de tareas que no correspondan a funciones propias del servicio puede afectar la moral de tropa, la legitimidad del mando y el cumplimiento del deber.

• Compromiso con actores ilegales: cualquier indicio de concierto, colaboración o neutralidad frente a grupos armados ilegales socava la integridad institucional.

• Fallas de mando o de control operacional: decisiones que resultan en pérdidas de vidas, emboscadas o fallas tácticas pueden poner en duda la idoneidad del general para el cargo.

• Desviación de recursos o uso indebido del personal militar: la utilización de hombres y tropas para fines distintos al servicio militar puede implicar sanciones disciplinarias, administrativas o incluso penales.

Casos emblemáticos

General Olveiro Pérez Mahecha

El general Pérez Mahecha ha sido objeto de varias denuncias que ponen en entredicho la conducta institucional del mando:

• En junio de 2024, El Tiempo dio a conocer que tres soldados que integraban su esquema de seguridad denunciaron que el general les ordenaba realizar labores domésticas (preparar desayuno, aseo, lavar ropa) en su residencia particular.

• Un video publicado por la W Radio en agosto de 2025 muestra a un escolta organizando la ropa del general por colores en un clóset, lo que reavivó la controversia.

• Pese a estas denuncias, el general Pérez Mahecha fue nombrado inspector del Ejército, un rol clave en la supervisión institucional.

• Además, se abrió investigación por fallas tácticas en la región del Guaviare, tras la emboscada en que resultaron asesinados siete militares; la indagación recayó en su rol como inspector para determinar responsabilidad institucional.

Este caso evidencia una potencial inhabilidad funcional del mando por falta de respeto a la institucionalidad (uso de tropas para fines domésticos) y por la necesidad de responder ante fallas operativas graves.

General Federico Mejía

El general Mejía también afronta serios cuestionamientos:

• En septiembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación formal contra él por presunta asociación para delinquir agravada, en el marco de la operación “Perseo” en el cañón del Micay (Cauca).

• En octubre de 2025, el diario El País divulgó que el general habría ordenado liberar a un detenido con pasta base de cocaína trasladado en helicóptero del Ejército, lo cual habría sido coordinado con unidades oficiales.

• La institución afirmó que la investigación de la Fiscalía no provino de denuncia interna, sino de la noticia publicada por la revista Semana; paralelamente, se abrieron actuaciones disciplinarias.

Este caso hace visible el riesgo institucional cuando un mando puede estar vinculado o bajo sospecha por actuaciones que podrían favorecer estructuras ilegales.

Estos dos casos ejemplifican distintas manifestaciones de riesgo institucional en el alto mando militar colombiano. Algunas consideraciones relevantes:

• La permanencia de mandos cuestionados genera desconfianza tanto interna (entre las tropas) como externa (ciudadanía, Estado).

• Las investigaciones y sanciones tardías o la ausencia de ellas contribuyen a un déficit de rendición de cuentas en la estructura militar.

• Existe un claro riesgo reputacional para la institución: cuando un general está bajo investigación, se pone en tela de juicio el compromiso institucional con la ética, con el mando justo y con la legalidad.

• Desde la perspectiva del servicio militar, cuando se percibe que el mando no actúa con transparencia o es objeto de denuncias, se deterioran la moral, el liderazgo y la cohesión del personal.

• La legitimidad del mando militar depende de que los altos oficiales cumplan no solo con funciones operativas, sino con estándares éticos y disciplinarios.

• La situación actual de la Inspección General del Ejército Nacional de Colombia, bajo el mando del general Olveiro Pérez Mahecha, se encuentra en una posición crítica de legitimidad, credibilidad y funcionalidad institucional. Las denuncias por abuso de autoridad y uso indebido de subalternos comprometen gravemente su capacidad para ejercer control ético y disciplinario sobre la Fuerza.

• La Inspección General no puede ser dirigida por quien está bajo sospecha de violar los mismos principios que debe vigilar. La permanencia del general Pérez Mahecha en ese cargo representa una amenaza directa a la integridad institucional del Ejército Nacional. Si no se actúa con firmeza, se corre el riesgo de que el control disciplinario se convierta en una fachada y la ética militar en una retórica vacía.

En conclusión, la situación de los generales en Colombia evidencia que el mando militar no puede ser entendido únicamente como jerarquía operativa, sino también como responsabilidad ética, institucional y pública. Los casos de Olveiro Pérez Mahecha y Federico Mejía ilustran las vicisitudes posibles —desde el uso indebido de personal militar hasta nexos investigativos con estructuras criminales— que afectan la legitimidad del alto mando. La institucionalidad militar debe reforzar sus mecanismos de control, transparencia y respaldo al mando profesional y legítimo. Al mismo tiempo, los propios generales tienen la responsabilidad de hablar, exponer sus condiciones y necesidades y participar activamente en el fortalecimiento de su fuerza.

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