Es inconcebible que una de las democracias más antiguas del continente esté presidida por la promesa de un tamal y la cohesión que ejercen los fusiles sobre los votantes. Desde los difuntos que en otrora ejercieron el derecho al voto, como muestra de que la participación en las fiestas democráticas que se celebran cada cuatrienio es la garantía, desde el cielo a la tierra, enviando sin pasaporte al infinito a quienes se opongan a la promesa del tamal y al frío cañón del fusil que escoge e impone candidatos.
Ante la grave situación de orden público que sacude a varias regiones del país, y la proximidad de las elecciones de 2026, surgen muchas dudas sobre las garantías que tendrán los movimientos y partidos políticos en aquellos territorios donde se presentan fuertes enfrentamientos entre los actores armados.
Departamentos como el Chocó, Arauca, el Cauca, el sur de Bolívar y el Catatumbo sufren el recrudecimiento de la violencia, lo que presagia la presión que ejercerán los grupos armados contra los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular.
Esta debería ser la mayor preocupación nacional. El análisis no tendría que centrarse en la continuidad del petrismo o el regreso del uribismo: esos son solo reflejos del ajetreo electoral. El verdadero enemigo es el miedo, el que imponen las armas y los políticos que pescan en las aguas turbias de la pobreza, ofreciendo desde un tamal hasta sacos de cemento, láminas de zinc o contratos por prestación de servicios.
Es muy difícil construir un nuevo paradigma político en un país donde se comercia con las necesidades de millones. Personas que centran su esperanza en las promesas de los avivatos que escogieron la política como el mejor negocio para amasar fortunas, mientras otros la usan para lavar el dinero de sus actividades ilícitas.
Hemos llegado a tal nivel de degradación social que hablar de política es casi sinónimo de corrupción. Nadie cree en las declaraciones de renta de los candidatos o aspirantes, ya que, una vez electos, rompen sus compromisos con la ayuda de asesores expertos en disfrazar la trampa.
Alcaldes de municipios de sexta categoría, que devengan un salario modesto, terminan con edificios, fincas, carros y privilegios del Estado, como camionetas blindadas, porque dicen estar “amenazados”.
Otros usan las personerías como trampolín político, y en plazas públicas recuerdan a los incautos sus supuestas gestiones, exigiendo votos como si fueran un derecho adquirido, no un deber cumplido.
Entre fusiles y tamales, las elecciones en Colombia dejan a millones sin esperanza. Pero hay quienes esperan con ansias esa fecha para atizar la olla en la que hierve el plato más típico del país.
Los dueños de ferreterías se preparan para vender varillas, zinc y cemento, mientras los violentos imponen a punta de fusil las condiciones del poder local.
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