El espacio público es, ante todo, una responsabilidad compartida. Le compete al Estado garantizar su mantenimiento, cuidado y embellecimiento, pero también recae sobre los ciudadanos el deber de respetarlo, no deteriorarlo ni convertirlo en un espacio de abandono. Cuando esta corresponsabilidad funciona, los resultados son evidentes: bienestar social, convivencia y beneficio colectivo.
Sin embargo, hay sectores de la ciudad donde esta lógica simplemente no opera. Zonas marcadas por la ausencia de apropiación institucional y ciudadana terminan convirtiéndose en lugares de disposición de basuras, escenarios para economías ilegales o espacios de habitabilidad informal. Cuando nadie asume la responsabilidad, el espacio público deja de cumplir su función social y se transforma en un problema estructural.
El sector del 7 de Agosto, reconocido por su intensa actividad comercial en autopartes, no es ajeno a esta realidad. La alta circulación de personas y vehículos genera, de entrada, contaminación del aire. A esto se suma una práctica histórica: la inadecuada disposición de residuos propios de los talleres mecánicos, como aceites, grasas, llantas y partes de vehículos. El resultado es un entorno visualmente deteriorado, ambientalmente afectado y socialmente tensionado.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿sobre quién recaer la culpa y su solución? La respuesta no es sencilla. Se trata de dinámicas normalizadas durante años, visibles ante las autoridades, pero difíciles de transformar. La educación ambiental aparece como una solución necesaria, aunque insuficiente en el corto plazo, pues cambiar hábitos y prácticas arraigadas en un gremio entero requiere tiempo, constancia y voluntad colectiva.
En medio de este panorama, resultan valiosas las iniciativas que se atreven a intervenir donde otros han desistido. Un ejemplo claro es el proyecto de embellecimiento del espacio público liderado por la Fundación Freneros de Corazón, en articulación con ASOPARTES y el gremio autopartista, durante el último trimestre de 2025. Un proyecto que demostró que sí es posible resignificar el espacio público desde la acción concreta, colectiva y social.
La intervención consistió en la instalación de más de 50 materas ecológicas, elaboradas a partir de llantas recuperadas del mismo sector, que durante años permanecieron como residuos sin ningún valor. Estas materas fueron fabricadas de manera artesanal por la empresa Econeumat, en el municipio de Zipaquirá, mediante un proceso que une tres llantas del mismo tamaño, logrando estructuras firmes, funcionales y estéticamente atractivas. El proyecto contó además con el respaldo de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, que acompañó las jornadas de instalación y fortaleció la articulación institucional necesaria para este tipo de intervenciones.
Uno de los aspectos más destacables del proyecto fue el proceso de adopción. Los comerciantes asumieron el compromiso de cuidar, preservar y proteger las materas instaladas frente a las condiciones exigentes del sector. Esta apropiación no fue menor: representó un cambio de mentalidad y una apuesta colectiva por un entorno más verde, más digno y más humano.
Iniciativas como esta confirman que la transformación del espacio público no depende únicamente de grandes intervenciones estructurales, sino de la articulación efectiva entre actores públicos, privados y organizaciones no gubernamentales, con una visión compartida de ciudad. El proyecto desarrollado en el sector del 7 de Agosto demuestra que es posible recuperar entornos urbanos deteriorados cuando existe corresponsabilidad, compromiso comunitario y una apuesta clara por la sostenibilidad ambiental.
La experiencia liderada por la Fundación Freneros de Corazón se consolida como un modelo replicable para otras zonas de la ciudad y del país, especialmente en sectores productivos que históricamente han enfrentado retos en materia ambiental y de ordenamiento del espacio público.
Reconocer, fortalecer y escalar este tipo de iniciativas resulta fundamental para avanzar hacia una ciudad más ordenada, inclusiva y consciente del valor del espacio público como bien común. Apostar por estos procesos no solo mejora el entorno urbano, sino que contribuye de manera directa a la construcción de tejido social, desarrollo sostenible y calidad de vida para todos.
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