El magistrado Jorge Enrique Ibáñez actual presidente de la Corte Constitucional encabeza la oposición más resuelta contra la ley pensional, ley 2381 del 16 de julio de 2024.
Presentó ponencia negativa para ser debatida en la sesión plenaria de la Corte Constitucional del día 14 de octubre.
La razón de dicha ponencia negativa según el magistrado Ibáñez, obedece a que la plenaria de la Cámara en las sesiones extras convocada por el gobierno de Gustavo Petro para los días 27 y 28 de junio dónde debería subsanarse un supuesto vicio de procedimiento en que había incurrido la plenaria de la Cámara cuando aprobó la Ley pensional, no fue según él de manera consistente, entablándose así una polémica, puesto que la plenaria de la cámara sesión ó con el respectivo quorum, discutió la ley pensional y aprobó la proposición de la representante a la Cámara María del Mar Pizarro, que reafirmaba la aprobación en cámara del texto acordado en senado, que fue aprobada por 104 votos.
Definirá la corte en plenaria la exequibilidad o inexequibilidad de la ley, es decir, los otros ocho magistrados definirán la suerte de la ley pensional.
Lo que está en juego, desde el punto de vista político, es que el magistrado Ibáñez ha aceptado todos los lineamientos que en este sentido, le ha dado la demanda que contra la ley hizo la senadora Paloma Valencia, aduciendo los supuestos vicios de procedimiento.
De esta manera el Centro Democrático busca cómo desbaratar el logro político que significaría dicha ley, especialmente por el alto contenido social que representa al entregarle el ingreso solidario para cerca de 3 millones de adultos mayores de 65 años hombres o 60 años mujeres que recibirían $230,000 mensuales, que como lo ha sostenido el presidente Petro serviría para una comida caliente a dichas personas, que nunca cotizaron en ningún régimen pensional.
En lo económico una decisión contraria a la ley, implicaría regresar a la ley 100 de 1993, es decir, a que los fondos privados sigan manteniendo las cotizaciones de la mayoría de los trabajadores colombianos y acumulando el mayor ahorro para sus ya desbordadas arcas, que suman hoy más de $460 billones.
En términos prácticos está, que con la ley 100, los fondos privados reciben el 70% de las cotizaciones y Colpensiones solo el 30%, cotizaciones que sumadas, anualmente representan más de 30 billones de pesos.
Con la ley pensional se voltea la torta y los fondos privados entrarían solamente a recibir el 22% de las cotizaciones
Con la ley pensional se voltea esta torta y los fondos privados entrarían solamente a recibir el 22% de las cotizaciones, derivado del umbral de cotización obligatorio hasta de 2,3 salarios mínimos para el régimen de prima media que administra Colpensiones, cuyos recursos quedarían en una fiducia del banco de la República. Así Colpensiones recibiría, a través de esa fiducia, el equivalente al 78% de las cotizaciones.
Por eso Asofondos, la entidad que agremia los fondos privados, de los cuales el 85% los administra el grupo Aval y el GEA, ha reconocido que el desarrollo de la ley pensional implica el marchitamiento definitivo de los fondos privados.
Es decir, no se trata meramente de un presunto vicio de procedimiento subsanado o no por la Cámara Representantes, sino el impacto político al reconocer a los adultos mayores ese ingreso solidario y el impacto económico de seguir llenando de privilegios a los fondos privados.
De tal forma que la corte debe resolver y aspiramos que lo haga de manera para que dichos adultos puedan recibir ese ingreso.
Es muy difícil entender la posición del señor Ibáñez puesto que es una persona que ya tiene derecho a la pensión, pero adicionalmente se gana más de 40 millones de pesos mensuales y con su decisión le está quitando un pan de la boca a tres millones de colombianos.
Por eso se deberá continuar la movilización social ante tal despropósito, tal como se desarrollará en este 14 de octubre con plantones en todo el país.
X: @fabioariascut
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