El 4 de septiembre de 2019, luego de debatirlo con sus abogados y buenos amigos, Luis Gonzalo Gallo Restrepo le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que lo aceptara como vinculado a cambio de contar lo que sabía sobre los despojos de tierras en el Urabá antioqueño, en los años en que los paramilitares de las AUC mandaban, principalmente en el norte del país.
La aceptación de Gallo Restrepo a la JEP se hizo en calidad de tercero civil no combatiente, el nombre técnico para los empresarios o particulares que, sin empuñar un arma, tuvieron algún tipo de participación en la guerra. Su nombre, hasta entonces más asociado al mundo financiero que al del conflicto, apareció en los expedientes del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC), una entidad que durante los años noventa compró centenares de fincas despojadas a campesinos por los paramilitares al mando de Salvatore Mancuso y la Casa Castaño en la que él ejerció como un influyente miembro de la junta directiva.
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Aquel día, Gallo no solo presentó su solicitud ante la justicia, también adjuntó un plan de reparación, un gesto que muchos interpretaron como un intento de tomar distancia de un pasado incómodo. Era la primera vez que un empresario de su perfil, con formación Georgetown y Harvard, se sentaba como acusado ante los magistrados de la JEP.
Nacido en Nueva York en 1959, Gallo Restrepo había construido una carrera brillante. Luego de estudiar administración de empresas en Estados Unidos, trabajó en la banca de inversión JP Morgan, en Nueva York, y más tarde, cuando regresó a Colombia integró juntas directivas de peso, entre ellas la de Bavaria, cuando era de propiedad del Grupo Santo Domingo. Sin embargo, en 1995 tomó una decisión que aún hoy genera preguntas: aceptar un puesto en la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, una entidad que para la fecha era modesta en rendimientos, que estaba muy lejos de su alto perfil de ejecutivo y ubicada en una región marcada por la expansión paramilitar.
Para entonces, la zona de Tulapas, en el Urabá antioqueño, ya estaba bajo el control de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. La violencia había vaciado los campos, y los campesinos eran presionados para vender sus tierras. Entre 1994 y 1996, el Fondo Ganadero de Córdoba adquirió más de cien predios en esa zona. Según los expedientes, las ventas se hicieron a precios irrisorios, en condiciones de miedo y coerción, y con la complicidad de funcionarios que ayudaron a legalizar los títulos. Y Luis Gonzalo Gallo —dicen muchos— fue el cerebro de la estrategia de adquisición de esas tierras.
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En 2020, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia ordenó devolver cuatro de esas fincas a sus antiguos dueños. La sentencia detalló cómo la “Casa Castaño” —a través de Salvatore Mancuso, Guido Vargas, Benito Osorio y Sor Teresa Gómez— ejecutó un plan de despojo sistemático, con el Fondo Ganadero de Córdoba como su principal comprador. Aunque el fallo no mencionó directamente a Gallo Restrepo, sí dejó claro que las decisiones de la junta directiva, donde estaba él como uno de miembros más importantes, fueron determinantes para consolidar los despojos que la justicia ya catalogó como ilegales.
En las actas del Fondo aparecen nombres que, con los años, se convirtieron en piezas clave del caso. En una reunión del 1° de diciembre de 1997, la junta directiva —integrada por Benito Osorio Villadiego, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Carlos Sotomayor Hodeg, Benito Molina Velarde, Bernardo Vega y Orlando Fuentes Hassen— aprobó la compra masiva de tierras que habían pertenecido a campesinos desplazados. La búsqueda de los predios estuvo a cargo de Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño, y de otros operadores que intermediaban entre los campesinos y el Fondo.
En la práctica, los campesinos eran llevados a la sede de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), en Montería, donde firmaban poderes a favor de Sor Teresa. Ella vendía luego las tierras al Fondo Ganadero de Córdoba, mientras notarios y abogados se encargaban de formalizar la operación. Las escrituras pasaban a nombre del Fondo Ganadero de Córdoba, y las tierras —que habían sido adjudicadas por el antiguo Incora a familias rurales— quedaban en manos de una entidad que actuaba como fachada de la legalidad.
La Fiscalía acusó a Gallo por los delitos de concierto para delinquir, destrucción y apropiación de bienes protegidos y lavado de activos. Siempre ha negado haber tenido relación con esos hechos. Ha insistido en que las compras se hicieron dentro de las reglas del mercado y que desconocía la influencia de los grupos armados en la zona. Pero los testimonios de otros directivos lo contradicen. Benito Osorio, expresidente del Fondo, hoy condenado por vínculos con las autodefensas, declaró ante la misma JEP que Gallo Restrepo era “el hombre más influyente” de la junta, y que todas las decisiones pasaban por su aprobación. Osorio aseguró además que era imposible ignorar la presencia paramilitar: para llegar a Tulapas, dijo, había que pasar varios retenes de las autodefensas.
Otro testigo, Benito Molina, también expresidente del Fondo, aseguró que el propio Carlos Castaño le dijo que Luis Gallo sería el enlace con los empresarios para sacar adelante los proyectos del grupo armado en la región. Según él, el Fondo funcionó como la pieza legal que permitió consolidar el dominio paramilitar sobre las tierras.
El caso dio un giro inesperado en 2014, cuando la Fiscalía libró una orden de captura contra Gallo Restrepo y trece miembros más del Fondo Ganadero de Córdoba. Y es allí donde aparece el nombre del entonces director de la Policia Rodolfo Palomino.
Palomino usó su poder para realizar una llamada que terminó condenándolo. Levantó el télefono El y llamó a la fiscal que llevaba el caso, Sonia Velásquez. Le pidió nada menos que suspendiera la detención de Gallo. La funcionaria grabó la conversación. En el audio se escucha a Palomino pedir que “dejaran eso por un tiempo”, argumentando que la captura tendría “una connotación enormemente grave”, debido a los amigos y contactos del empresario a quien el entonces general llamo un “hombre de bien”.
La grabación se convirtió años después en la prueba principal del proceso que llevó a la Justicia a condenar al exgeneral Palomino por tráfico de influencias. Condena que hoy ratifica la Corte Suprema de Justicia. La llamada, que pretendía proteger al empresario, terminó hundiendo al oficial.
Gallo fue capturado brevemente y luego dejado en libertad. Su proceso continuó, y cuando las investigaciones parecían acercarse a una conclusión, se presentó ante la JEP con el compromiso de aportar a la verdad sobre el rol de empresarios en el despojo de tierras en el territorio los AUC. Su condición de compareciente le permite llevar una vida tranquila en su entorno social, aunque carga con un peso del que todo su testimonio juramentado frente a la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, relatora del Caso o4 del despojo y desplazamiento forzado en la región de Urabá.
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