Uno de los sueños de los santandereanos durante años fue ver construida la carretera que conecta Bucaramanga–Pamplona, igual que los viajeros en la Costa Atlántica, contar con el corredor Cartagena-Barranquilla y en el suroccidente ha sido una urgencia la conexión del puerto de Buenaventura con el centro del país, donde el tramo Mulalo-Loboguerrero era clave. Y ni qué decir de la posibilidad de conectar Briceño, en Cundinamarca, con los Llanos sin tener que atravesar Bogotá. Pero no, por ahora todo es frustración.
El gobierno Santos y con el vicepresidente Germán Vargas Lleras volvieron la construcción de las 4G una prioridad, pero particularmente estas 4 mega obras, aunque fueron adjudicadas, siguen sin despegar.
Este es solo uno de la infinidad de líos que debe afrontar el nuevo director de Invías, Juan Guillermo Jiménez, quien acaba de posesionarse en el cargo, y será el cuarto dentro del gobierno Petro, en el instituto más importante para la infraestructura del país.
Un fondo de inversión internacional Infrared Infraestructure Ram y constructora israelí Shikun & Binui, en cabeza de Amit Birman, fueron los escogidos para construir la Perimetral del Oriente de Cundinamarca, concesión 4G que fue adjudicada en 2014 en el gobierno Santos. Dos años después, a finales de 2016 InfraRed Infraestructure Fund III compró su participación a Shikun & Binui del proyecto que tenía programado finalizar en marzo de 2019.
Con solo un 43,2 % de avance y años de retraso, el proyecto entró en liquidación anticipadatras un fallo arbitral internacional en diciembre de 2024, que eximió al concesionario de responsabilidad por problemas ambientales insalvables. El arbitraje fue interpuesto por InfraRed Infraestructure contra la ANI comenzó en octubre del 2020 ante el Centro de Resolución de Disputas (CIRD) en Nueva York y la Agencia de defensa jurídica del Estado no logró defender los intereses de Colombia y los israelitas ganaron el pleito.
El consorcio entregó de tres de las cinco divisiones del proyecto; pero la afluencia de fuente de agua en las divisiones cuarta y quinta del proyecto (en las que se afronta el 60% de la inversión) con las que se topó la concesionaria, produjo la suspensión de la obra en agosto de 2018. Ante la inacción de la ANI, la concesionaria suspendió la obra y demando internacionalmente el contrato logrando demostrar que tenían razón. Se dispuso una indemnización cercana a $1,3 billones a favor de Perimetral Oriental de Bogotá. El contrato se encuentra en etapa de reversión, un proceso que se extenderá hasta junio de 2026.
El proyecto vial 4G Bucaramanga–Pamplona, que forma parte de la tercera ola de concesiones, fue entregada en junio de 2016 por el entonces Vicepresidente Germán Vargas Lleras a la Concesionaria Autovía Bucaramanga Pamplona, del grupo CSS Constructores fundada y controlada por los hermanos Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte.
El proyecto no pudo avanzar por las dificultados persistentes en la obtención de licencias ambientales, a pesar de las numerosas gestiones adelantadas por la ANI y el concesionario ante las autoridades del municipio de Floridablanca. Con demanda de por medio en mayo de 2024, tras ocho años de gestiones fallidas, las partes acordaron dar por terminado el contrato tras constatar un avance inferior al 12 %.
Aunque la ANI giró $640.075 millones por las obras realizadas, el proyecto acumuló un déficit significativo y las expectativas de recuperación de recursos son reducidas. La frustración de los santandereanos para mejorar los tiempos de conexión con Norte de Santander y el camino hacia Venezuela fue mayúscula. La obra está bajo la tutela de Invías.
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La familia cartagenera de los Amin, dueña de KMA forma parte del Consorcio Autopistas del Caribe integrado también por H Era S.A.S de Marco Giampoli Scatolini y la española Ortiz Construcciones en cabeza de Carlos Bueno Morales. Fueron seleccionados para construir el corredor que conecta Cartagena y Barranquilla en la modalidad de Asociación Público Privada – APP . Se buscaba transformar la vía La Cordialidad em una 4G con segundas calzadas, variantes y accesos. Fue contratada también en el gobierno Santos en 2021 con una apuesta inicial de más de $4,3 billonesque se financiaría con el recaudo de siete peajes a lo largo del corredor.
La oposición de los pobladores afectado por el peaje de Trubaco fue radical y el proyecto se desmoronó tras cuatro años de promesas, retrasos y controversias. El peaje de Arroyo de Piedra nunca se pudo instalar. Unida a una demanda contra el Estado, KMA empezó el traspaso a Invías este 2 de enero para que administre la infraestructura, los peajes y la operación..
El proyecto Mulaló–Loboguerrero, vital para el acceso a Buenaventura, permanece en un limbo jurídico. Esta obra otorgada también bajo el esquema de APP era un tramo fundamental dentro de la vía que conecta al puerto de Buenaventura con el centro del país, un corredor estratégico clave para mover la carga desde el Pacífico colombiano..
La concesionaria Covimar pertenece a Corficolombiana, en cabeza de Ana Milena López y que forma parte del conglomerado del grupo Aval en cabeza de María Lorena Gutiérrez. El trazado por parte de la ANI afectaba valiosos ecosistemas que activo la protesta de comunidades pero también las surgieron las objeciones por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA que tardó seis años en otorgar la licencia. Estas situaciones fueron reconocidas por un Panel de Amigables Componedores, figura prevista en el contrato, pero los retrasos y obstáculos volvieron inviable para la concesionaria el proyecto.
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El 12 de agosto del 2021, la concesionaria Covimar, solicitó ante un Tribunal de Arbitramento, la terminación anticipada del Contrato. Un informe técnico realizado en el primer semestre del año 2022, donde tomaron parte la Procuraduría, la Contraloría, la ANI y Covimar, demostró que, por la demora en el otorgamiento de los permisos necesarios, se manifestaba un desequilibrio del contrato y como consecuencia se hacía necesario el aporte de recursos adicionales por parte de la ANI, que en el 2022 se opuso.
En abril de 2023 un laudo que negó la terminación anticipada del contrato, y Covimar quedó con la obligación de continuar con la obra pero la concesionaria interpuso un nuevo recurso que aun no se ha resuelto. Entre tanto la obra está en veremos.
Mientras se define el futuro de este tramo, el país se prepara para el vencimiento de otras grandes concesiones hacia 2030 y 2031, como las rutas a Santa Marta, Villeta y Sogamoso que se unen a las que ya se revirtieron tras cumplir exitosamente sus plazos contractuales. Es el caso de la vía Facatativá-Fontibón-Los Alpes, que estuvo operada desde 1995 por Proyectos de Infraestructura – PISA, perteneciente a Corficolombiana, del Grupo Aval.
Igual sucedió con otra concesión otorgada también por 20 años, el corredor Córdoba-Sucre, operado por Autopistas de la Sabana en el que tuvo importante participación la familia KMA de la familia Amín de Cartagena. Quien tiene a su cargo todas estas vías es INVIAS en cabeza de Juan Guillermo Jiménez quien se estrenó en el cargo y seria el séptimo director en el gobierno Petro.
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