Hay decisiones que no solo mueven el tablero político: lo voltean completo. La del Consejo Nacional Electoral (CNE) del 27 de noviembre es una de esas.
Con 6 votos a favor y 3 en contra, el CNE le dijo al país algo que ya muchos sospechaban, otros denunciaban y unos pocos gritaban en desierto: la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 se pasó los topes. Y no poquito: más de 5.300 millones.
Y sí, todo el mundo sabía que las campañas en Colombia suelen “cuadrar caja” con creatividad tropical, contabilidad ninja y transferencias que entran y salen como si tuvieran vida propia. Pero esta vez no se salvó ni el presidente. Bueno, se “salvó” porque tiene fuero, no porque las cuentas cuadren.
Según lo que recogieron El País, DW, W Radio y otras fuentes:
• En la primera vuelta se habrían excedido 3.709 millones.
• En la segunda vuelta, 1.646 millones más.
• Hubo aportes de fuentes prohibidas, según reportes del CNE.
• Y hubo omisiones en gastos: vuelos, transporte, giros, testigos electorales.
En plata blanca: las cuentas no cuadraron, los topes se rompieron y la campaña quedó sancionada.
El gerente de la campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, está en el ojo del huracán. Las sanciones recaen sobre él y sobre el equipo financiero, no sobre el presidente por su fuero.
Pero aquí viene la ironía fina de esta novela: El Estado sanciona a quien manejó la contabilidad, pero ese mismo personaje hoy maneja la empresa más grande del país: Ecopetrol.
Y todo esto en medio de:
• Denuncias públicas sobre decisiones que estarían afectando la empresa.
• Una caída en la confianza del mercado.
• Reclamos incluso de la propia USO, que —según reportes— también aportó a la campaña que hoy resulta sancionada.
El presidente reaccionó como suele reaccionar: trinó, acusó persecución, habló de golpe blando, denunció complot mediático y dijo que la investigación era “ilegal”.
Pero, al decir que no se le podía investigar, abrió la puerta a que Colombia entera hablara de por qué un presidente está por encima de las instituciones.
Varios analistas ya lo dicen: el tiro le salió por la culata. Abrió un debate que no le convenía: “¿y entonces el presidente está blindado, incluso si su campaña hace algo indebido?”.
El senador Gustavo Bolívar, que pocas veces se guarda algo, soltó el comentario que encendió alarmas:
“La multa del CNE deja en vilo las campañas del Pacto Histórico para 2026.”
¿Por qué? Porque el Pacto y Colombia Humana ya venían raspados financieramente. Y ahora, con sanciones, devoluciones, multas y el desgaste político, financiar campañas en 2026 será una odisea. Lo dijo Bolívar, no la oposición.
Los números no son de izquierda ni de derecha. Cuadran o no cuadran. Y en este caso: las cuentas presentan anomalías graves, repetidas y ya sancionadas. El artículo 109 de la Constitución dice que exceder topes implica serias consecuencias. Otra cosa es que en Colombia a veces esos artículos parecen adorno en la pared.
Pero si esto fuera Perú, ya sabríamos en qué terminaría. Perú tiene una especialidad: expresidentes presos por corrupción. Los nombres hablan solos: Fujimori, Toledo, Humala, Kuczynski, Castillo. No es un listado de víctimas, es un listado de consecuencias. Allá el mensaje es claro: “si se pasa de la raya, paga”. Acá todavía estamos aprendiendo a leer ese manual.
Aquí vienen las piezas que más incomodan. Y que más deben investigarse institucionalmente. Según reportes de prensa y documentos revisados por el CNE:
• Fecode aportó recursos que debieron reportarse con más claridad.
• La USO, sindicato de Ecopetrol, también aparece en los debates mediáticos por presuntos aportes.
• Hubo triangulación, préstamos, giros, pagos, vuelos y gastos no reportados completamente.
No se trata de afirmar delitos: se trata de lo que ya es evidente en el expediente contable.
Cuando una campaña política mezcla sindicatos, préstamos cruzados, giros y recursos en efectivo, la contabilidad se vuelve un laberinto. Y en ese laberinto, siempre se pierde algo.
Mientras en Colombia se discute si el presidente puede o no ser investigado en Suecia sí lo investigan.
La Comisión Anticorrupción sueca revisa denuncias relacionadas con presuntos sobornos y sobrecostos en la negociación de los aviones Gripen. A ese tipo de organismos no se les presiona con trinos. No se les intimida con discursos.
Así las cosas, Colombia está viviendo un momento donde las cuentas, por fin, importan. Los números hablan. Y cuando hablan, dicen verdades incómodas. Aquí no se trata de Petro sí o Petro no. Se trata de la ley. Se trata de si vamos a dejar que los topes sean chiste, o si algún día vamos a hacer que se cumplan.
Y si esta vez se excedieron, como dicen las resoluciones oficiales del CNE, entonces debe haber consecuencias reales, como en Perú, como en cualquier democracia seria. Por eso insisto: Colombia necesita un Congreso anticorrupción.
Porque, al final, —como ingeniero lo digo—: las matemáticas no mienten, los libros contables tampoco; quien miente es quien los manipula.
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