El martes 11 de noviembre de 2025, un grupo de agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) llegó a la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en la urbanización Lagos de Caujaral, municipio de Puerto Colombia (Atlántico). La diligencia obedecía a una orden de allanamiento emitida por la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia.
La reacción del ministro fue inmediata y explosiva: “En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente magistrada Lombana”, escribió.
Las palabras de Benedetti desataron una ola de pronunciamientos. La Corte Suprema respondió con un comunicado en el que recordó las investigaciones activas contra el funcionario. El procurador general, Gregorio Eljach, exigió respeto hacia los jueces y anunció la apertura de una investigación disciplinaria preliminar. En contraste, desde el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), su directora Angie Lizeth Rodríguez expresó respaldo y solidaridad hacia Benedetti y su familia, calificando la actuación judicial como un “acoso judicial” de parte de la magistrada Lombana.
La confrontación entre el poder ejecutivo y el judicial es, como se dice popularmente, “para alquilar balcón”. Sin embargo, detrás del espectáculo se esconde una realidad más grave: la confianza ciudadana en las instituciones está profundamente erosionada. En Colombia, hablar de política suele ser sinónimo de corrupción. Los casos abundan en todos los niveles: local, regional y nacional.
La justicia tampoco escapa a este descrédito. Escándalos como el cartel de la toga, donde magistrados recibieron dinero para favorecer a políticos y empresarios, marcaron un antes y un después. También se recuerda el caso del exmagistrado Alcibíades Vargas, acusado de aceptar dinero, licor e incluso favores sexuales para beneficiar a criminales. A ello se suman jueces condenados por su complicidad en el despojo de tierras a campesinos, en alianza con grupos paramilitares. Todo esto configura un panorama en el que tanto políticos como operadores judiciales le deben explicaciones profundas a una ciudadanía que aún intenta creer en sus instituciones.
Si bien Benedetti debe responder por sus actos ante la justicia, también es necesario que la magistrada Lombana esclarezca los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, derivados de su vínculo laboral con el bufete del abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y líder del partido Centro Democrático, principal opositor del actual gobierno.
Lo más preocupante es que en muchos casos las decisiones judiciales no se toman en derecho, sino desde la conveniencia política. Es difícil confiar en las instituciones cuando quienes las representan actúan movidos por la avaricia y convierten la justicia en un instrumento al servicio de terceros. La impunidad se multiplica y el sistema judicial, ya debilitado, se tambalea ante la corrupción que lo atraviesa.
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