El ataque con drones cargados de explosivos contra la estación de Policía en El Peñol, Nariño, es un hecho lamentable y condenable que exige un pronunciamiento claro y contundente de las autoridades departamentales y nacionales. Es inaceptable que se atente contra la integridad de los ciudadanos y las instituciones en un acto de violencia que busca sembrar el miedo y la zozobra en la región.
Es imperativo que el Departamento de Nariño, en cabeza de la Gobernación, asuma su responsabilidad en la protección de los ciudadanos y se pronuncie ante la opinión pública, exigiendo a las autoridades nacionales medidas efectivas para garantizar la seguridad y la paz en la región. La falta de acción y liderazgo en momentos como estos es inaceptable. Es hora de que las autoridades departamentales y nacionales trabajen de manera coordinada para proteger a los ciudadanos y combatir el terrorismo.
Exigimos un pronunciamiento claro y contundente del Departamento de Nariño, y que se tomen medidas reales para garantizar la seguridad y la paz en la región. La vida y la integridad de los ciudadanos no pueden seguir siendo objeto de una negociación política que deja más dudas que certezas.
Los diálogos de paz territorial pueden verse como un paso positivo hacia la resolución del conflicto, pero no han sido una solución efectiva que resuelva los problemas de fondo. En muchos casos, estos diálogos se utilizan como táctica para ganar tiempo o beneficios políticos, mientras se perpetúan la violencia y la impunidad.
En el contexto colombiano, los diálogos territoriales de paz han sido objeto de debate y controversia. Algunos sostienen que son necesarios para alcanzar la reconciliación nacional desde las regiones; otros, que son una farsa que oculta la realidad de una guerra sin cuartel y que solo beneficia a los actores armados.
En el caso de Nariño, es clave evaluar los diálogos de paz dentro de la grave situación de seguridad y violencia que se vive. Si no están acompañados de medidas concretas de justicia y control territorial, terminan vistos como una simulación de paz.
En última instancia, la efectividad de los diálogos depende de la voluntad política y de la capacidad real de las partes para construir una solución sostenible.
Diversos medios informan que la Gobernación de Nariño rechazó de manera contundente los actos violentos, presuntamente atribuidos a estructuras del EMC de las FARC que operan en la región y que habrían actuado en retaliación por recientes operaciones del Gobierno Nacional en la cordillera nariñense.
Si la guerra en Nariño tiene tantos frentes y motivaciones, la firma de una paz territorial parece un hecho imposible.
Es hora de hablar claro y dejar de escudarse en simples comunicados que no contribuyen a la búsqueda de la paz. Este ataque brutal y despiadado evidencia la mala voluntad de los grupos armados para acogerse a unos diálogos que cada día muestran mayores falencias y equivocaciones.
Nariño, según informes periodísticos serios, se encuentra bajo una especie de gobernanza criminal: no es el Estado quien impone las condiciones, sino los grupos armados ilegales quienes dictan las reglas.
Una paz que se escuda en la impunidad no puede garantizar la concordia nacional. Por el contrario, debe despertar suspicacias y abrir caminos renovados hacia una negociación verdadera, sin renunciar a la soberanía del pueblo.
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