Con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró inocente de todos los cargos al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez —quien había sido condenado a doce años de prisión el pasado primero de agosto— concluyó por ahora en segunda instancia la pesadilla judicial vivida por el exmandatario. Esta resolución da paso a las organizaciones de víctimas para iniciar una nueva etapa procesal mediante un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Sin lugar a dudas, este es el caso más mediático en la historia reciente de Colombia, donde puede afirmarse que existen más razones políticas que fundamentos jurídicos a la hora de juzgar al expresidente. De nada sirvieron las doce horas de lectura por parte de la jueza Sandra Heredia, quien se atrevió a condenar al hombre más poderoso de la política nacional.
Las 1.114 páginas que contenían la sentencia en primera instancia fueron desvirtuadas por los alegatos de la defensa del político antioqueño. Durante 51 días, su nombre figuró en los registros del INPEC como privado de la libertad, aunque gozó del privilegio de permanecer todo ese tiempo en su residencia.
Sea cual sea la decisión, los colombianos debemos respetar los veredictos de la justicia. No podemos dejarnos llevar por las emociones. Tanto los partidarios como los detractores de Álvaro Uribe deben acatar el fallo, por favorable o desfavorable que les parezca. Sin embargo, persiste un manto de dudas sobre la legalidad de las pruebas recaudadas por la Corte Suprema de Justicia, ya que el Tribunal Superior de Bogotá las consideró ilegales por violar el derecho a la intimidad.
Ojalá la justicia actúe con rigor y se garantice la independencia de poderes, evitando que las decisiones judiciales se basen en la personalidad del procesado.
La mano de la justicia en Colombia debe alcanzar a todo aquel que quebrante la ley. El juicio contra Álvaro Uribe Vélez ocurre en un contexto de tensiones internacionales con la administración Trump, influenciado por intereses políticos que buscan la salida del gobierno de Gustavo Petro, de cara a las elecciones de 2026.
Esta decisión, que parece más política que jurídica, abre un extenso debate sobre el papel de la justicia cuando se trata de investigar a quienes ostentan un inmenso poder político y económico. No es lo mismo procesar a un ciudadano común que emitir un fallo —condenatorio o absolutorio— contra una figura tan influyente como Álvaro Uribe Vélez. Solo queda esperar lo que resuelvan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante el recurso de casación que interpondrá la contraparte.
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