El abogado penalista Mauricio Camacho, exfuncionario del CTI y reconocido por actuaciones tales como la defensa de Carlos Cárdenas en el juicio por la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares, convirtió en ataque su estrategia como apoderado de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, pero falló en primer término en su intento de conseguir la libertad para su cliente.
Durante una audiencia celebrada este miércoles 15 de octubre un juez de Bogotá le negó un recurso de apelación, con el que Camacho busca la revocatoria de la medida de aseguramiento que mantiene en prisión a su cliente, acusada de llevarse 3.000 millones. Dinero sacado de los recursos públicos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, a los más altos dignatarios del Congreso a cambio de su apoyo para la agenda legislativa del Gobierno.
Después de que la Fiscalía, los representantes del Ministerio Público y de las víctimas anunciaron su conformidad con la decisión, el litigante cuestionó duramente las actuaciones de los jueces que ordenaron y confirmaron la detención y los acusó de estar pasando por encima de las garantías “de un ser humano que se proclama inocente y busca su libertad”.
El abogado defensor fue capaz de reproducir en su libreta de apuntes apartes del auto judicial que acaba de ser leído y cuestionó, una a una, las consideraciones del juez. Advirtió que sus consideraciones equivocadas, según él, conducían a conclusiones igualmente erróneas.
Reprochó el procedimiento utilizado por el juez que reprodujo durante la diligencia apartes de una grabación que registraba la intervención de la jueza de control de garantías al ordenar la detención de Ortiz y dijo que se trató de un manejo sesgado que buscaba convertir en verdades postulaciones erróneas. “Ni usted ni ella, señor juez, entendieron los argumentos que expuse en mi apelación”, sentencio Camacho en tono vehemente.
Entre los posibles errores señaló que los jueces no acertaron siquiera en la ubicación geográfica de la zona afectada por el delito y hablaron del departamento del Atlántico, cuando en verdad el famoso contrato de los carrotanques para la distribución de agua potable incidió negativamente en la calidad de vida de habitantes de La Guajira.
Se quejó también de que los jueces de instancia le atribuyeron palabras que él no utilizó en su recurso y dieron como un hecho probado que la entonces consejera presidencial hubiese pagado un desayuno con sus presuntos cómplices mientras se encontraba alojada en las Residencias Tequendama de Bogotá, cuando hay evidencia de que eso nunca ocurrió.
“Estamos hablando de la detención de un ser humano, ordenada por ustedes a partir de inferencias subjetivas, mientras que a mí me obligan a demostrar que se trata de inferencias equivocadas”, insistió.
Su fuerte réplica obligó a las demás partes a reaccionar y a declararse solidarias con la decisión del juez. La fiscal del caso, en un tono sereno que contrastó con la beligerancia de la defensa, explicó que los hechos sustanciales de la imputación están probados; mientras que los argumentos del apoderado de la exconsejera se relacionan en su mayoría con hechos marginales.
Con todo, el Tribunal Superior de Bogotá será el encargado de resolver el nuevo recurso sustentado por Camacho.
Mientras tanto, Sandra Ortiz continuará recluida en el cuartel de la policía en Bogotá al que fue enviada tras fallar en un intento de acogerse a beneficios judiciales que obtendría mediante una delación efectiva de varios de los posibles implicados en la trama de corrupción. Entre ellos mencionó los nombres de Carlos Ramón González, exdirector de Inteligencia Nacional, asilado actualmente en Nicaragua, y de un magistrado de la Corte Constitucional.
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