Ayer, Simón Gaviria, en su columna y video de los martes, nos alarmó al hacer explícito lo que todos los colombianos sabemos y hemos venido callando, quizá en la loca ilusión de que, si no lo gritamos, desaparecerá de la realidad: Colombia es hoy una narcoeconomía.
Y nos advirtió: esto nos va a costar. Pues sí, esa es la verdad. Lo que no tendría ningún sentido es que, ante esa claridad, de cara a las elecciones, para que a partir de la mitad del próximo año un nuevo presidente y un nuevo gobierno asuman la dirección del país, ese no sea “el” tema prioritario en materia de seguridad, desarrollo social, desarrollo regional y visión de largo plazo.
El 94 % de los cultivos de coca se encuentran en municipios PDET. Con esa claridad, reconozcamos entonces que, sea quien sea el siguiente habitante de la Casa de Nariño, debe incluir como prioridad la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Y debe hacerlo como un asunto de seguridad nacional. En efecto, los 170 municipios PDET abarcan poco más del 30% del territorio nacional. Pero allí vive un poco menos del 20% de la población, en zonas muy dispersas: comunidades que pueden tardar cinco horas o más en llegar a una cabecera urbana.
Esa condición se suma a que Colombia es una maravilla de geografía. Pero esa maravilla pasa por tener no una, ni dos, sino tres cordilleras gigantescas, y más agua que casi todos los demás países (más que toda Europa junta). Esa combinación hace que las zonas PDET sean literalmente inexpugnables, y que desplazarse por sus veredas sea un calvario.
Eso hace que, como lo padecemos otra vez, los delincuentes no solo cometan sus crímenes, sino que tomen control real del territorio. Ese control no es simbólico. Significa que los capos en esas zonas se vuelven tiranos dueños de todo, incluso de la vida y la muerte.
Los delincuentes no solo cometen sus crímenes, sino que toman control real del territorio
Esas características, a no dudarlo, han estado en el origen de todas las violencias que han desangrado a Colombia por décadas y generaciones, financiadas antes con marihuana, oro, tierras y contrabando, y ahora, otra vez, con coca.
Donde no hay presencia del Estado, llegan todas las desgracias. Y solo con la retoma de los PDET como prioridad nacional y de seguridad, lograremos romper ese círculo vicioso.
Eso por sí solo bastaría para que los PDET sean un factor de unión de todos y para todos.
Como complemento, si se necesitaran más razones, existen muchas por las cuales debemos tener una estrategia de estabilización para esas regiones:
- Un asunto de equidad: Las brechas entre el resto de Colombia y los territorios PDET son escalofriantes. Los indicadores con los que se seleccionaron los municipios son los de mayores niveles de pobreza y pobreza multidimensional, mayor violencia, mayor debilidad institucional y de gestión, y mayor presencia de cultivos ilícitos y otras economías ilegales. Cerca de la mitad de las víctimas provienen de zonas PDET y 2.530.919 personas residen en esos municipios.
- Un asunto de justicia ambiental: El 45% de los parques naturales de Colombia y el 84,55% del área deforestada se encuentran en los municipios PDET. ¡Son los pulmones del mundo! Además, la mitad de la tierra en esas zonas tiene alguna restricción de uso y, casi en su totalidad, son de vocación agropecuaria. Es evidente que debemos apoyarlas si queremos que salgan adelante.
La estabilización de los PDET no es solo una política regional: es el camino para que Colombia, como Nación, rompa de una vez el ciclo de violencia.
Anuncios.
Anuncios.
