El alza del diésel amenaza con paralizar la producción lechera en Ecuador y Colombia. Lo que antes fue un modelo de integración binacional ahora se tambalea por las medidas de ambos gobiernos frente a los combustibles.
En la provincia ecuatoriana del Carchi, la planta de Alpina exporta leche a Colombia desde hace años, símbolo de una alianza productiva que hoy está en riesgo. Mientras tanto, Colombia —que alguna vez fue potencia lechera— ha visto su capacidad reducida por la guerra y ahora enfrenta nuevos obstáculos.
El decreto de Noboa y la reacción del campo
Leandro Cadena Villarreal, dirigente de la Asociación de Agroproductores de Tulcán, asegura que la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel “fue sorpresiva y desproporcionada”. Según él, ya se sienten efectos como especulación, alza de precios de la canasta básica y protestas indígenas lideradas por la Conaie.
Noboa argumenta que con la medida se liberarán 1.100 millones de dólares anuales para programas sociales y apoyo a pymes. Sin embargo, el precio del diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón, lo que ha encendido la protesta social.
El panorama en Colombia
En paralelo, en Colombia el presidente Gustavo Petro insiste en reducir la producción de hidrocarburos y priorizar importaciones. Para líderes como el exsenador Jorge Enrique Robledo, esto, sumado al TLC con Estados Unidos, representa “la ruina de 300 mil pequeños ganaderos” que no podrán competir con las importaciones de lácteos.
Robledo advierte que la situación no se limitará a la leche, sino que podría extenderse al arroz, la carne, el pollo, la palma y hasta la panela.
Efectos en la cadena láctea
El aumento del combustible golpea directamente la movilidad de un producto altamente perecedero. Transporte de leche, insumos agrícolas y mano de obra dependen del diésel, lo que encarece la producción y reduce la competitividad frente a importaciones.
Cadena alerta que esto podría derivar en un éxodo campesino hacia las ciudades y en que ambos países dejen de ser atractivos para la inversión agrícola.
Protestas y medidas paliativas
En Ecuador ya se decretó estado de excepción en siete provincias y la Conaie exige derogar el decreto 126. El gobierno anunció un bono único de 1.000 dólares para 100 mil campesinos, aunque Cadena lo califica de “paño de agua tibia” frente a los casi 3 millones de personas vinculadas al agro.
En Colombia, aún no se anuncia una compensación similar, pese a que el impacto también será fuerte en el campo.
“Los subsidios a largo plazo hacen viable a Ecuador y Colombia como países agrícolas y petroleros”, concluye Cadena. Para él, tanto Petro como Noboa deberían considerar que el esfuerzo del sector campesino ha garantizado seguridad alimentaria y estabilidad, y que el alza del diésel pone todo esto en riesgo.
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