La vía Guaymaral, que conecta a Chía y Cota con el norte de Bogotá, se ha convertido en un dolor de cabeza para los vecinos del sector. Lo que hace unos años era un corredor tranquilo, hoy es escenario de quejas, fisuras en viviendas y un deterioro acelerado del pavimento. La razón: el tráfico pesado que encontró en esta carretera una ruta alterna frente a las restricciones aplicadas en otros corredores de la sabana.
Los residentes del barrio Guaymaral aseguran que la situación se volvió insostenible desde septiembre de 2024, cuando la Alcaldía de Bogotá intervino la vía Arrayanes —entre la calle 175 y la calle 235—. Ese corredor, clave para la conexión entre la capital y los municipios vecinos, fue mejorado por la Unidad de Mantenimiento Vial. Sin embargo, con las nuevas condiciones, los vehículos de más de cuatro ejes quedaron impedidos para circular por allí. La consecuencia inmediata fue el desvío de cientos de camiones hacia la vía Guaymaral.
A ese cambio se sumó otra medida: en mayo de 2024 la Alcaldía de Chía expidió el Decreto 345, que limitó la circulación de camiones con más de 3,4 toneladas en las principales vías del municipio. La restricción, que aplica en horarios diurnos y los domingos en la tarde, buscaba mejorar la movilidad y reducir la contaminación. Un año después, en mayo de 2025, el alcalde Leonardo Donoso Ruiz reforzó la medida con un nuevo decreto que amplió las restricciones para vehículos pesados en los horarios de pico y placa.
El resultado fue inmediato: gran parte de ese tráfico de carga, que antes pasaba por Chía, terminó usando Guaymaral como desvío. Allí, el impacto ha sido devastador. “Las vibraciones de los camiones han agrietado varias casas. El ruido no deja dormir y la carretera, que hace pocos años estaba en buen estado, hoy está destruida”, relata Giselle Yacamán, vecina del sector.
Los habitantes recuerdan que en 2018 fueron ellos mismos quienes, con recursos propios, financiaron obras para mejorar la vía. “Nos metimos la mano al bolsillo porque era la única forma de tener una carretera en condiciones”, explica Yacamán. Ahora, siete años después, sienten que ese esfuerzo se perdió entre el paso de volquetas, tractomulas y vehículos de construcción.
El crecimiento urbanístico también ha agravado la situación. Camiones cargados con materiales entran y salen del plan parcial Lagos de Torca, donde se adelanta la construcción de nuevas viviendas. La combinación de tráfico de carga y obras civiles convirtió a la vía Guaymaral en una arteria saturada, peligrosa y en franco deterioro.
Algunos transportadores incluso usan esta ruta para evadir el pago del peaje, lo que incrementa aún más la presión sobre el sector. Para los vecinos, todo esto representa “una bomba de tiempo”.
La comunidad ha buscado soluciones. Han acudido a la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Hábitat y la Secretaría de Movilidad, sin obtener hasta ahora respuestas concretas. “Nos sentimos solos. La vía ya no aguanta más y nadie se hace responsable”, asegura Yacamán.
El próximo 29 de septiembre, los residentes esperan reunirse con la Secretaría de Movilidad, Claudia Díaz. Su expectativa es que se plantee un plan de choque que limite el paso de vehículos pesados y que contemple una intervención urgente de la vía.
Por ahora, los vecinos siguen conviviendo con el ruido de los camiones, las grietas en las paredes y el riesgo de que la carretera colapse en cualquier momento. La vía Guaymaral, que alguna vez fue ejemplo de gestión comunitaria, hoy refleja la falta de coordinación entre municipios y la ausencia de soluciones efectivas frente al crecimiento desordenado de la sabana.
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