La reciente investigación divulgada por el Canal Caracol —y no por los entes de control o investigación del Estado— pone nuevamente en evidencia cómo la captura de los empleados públicos y directivos de las empresas estatales se ha convertido en un mecanismo estructural de saqueo de los recursos públicos.
El modus operandi atribuido al hermano del precandidato presidencial, Quintero, quien además es aliado político del presidente, refleja la lógica criminal de las élites de cuello blanco que utilizan el poder político como medio para apropiarse de los bienes colectivos. Este fenómeno revela la degradación de la función pública y la vulnerabilidad institucional del Estado frente a redes clientelares y familiares que actúan con total impunidad.
Una vez elegido el gobernante, la ausencia de criterios meritocráticos en el nombramiento de directivos, asesores y contratistas abre la puerta a la captura institucional. La discrecionalidad con la que se designan estos cargos permite que las estructuras políticas reproduzcan esquemas de corrupción y nepotismo. De acuerdo con la información periodística, el hermano de Quintero habría aprovechado su cercanía familiar para promover la conformación de un entramado de funcionarios y contratistas con el propósito de controlar la contratación de varias entidades públicas y desviar sumas millonarias hacia intereses particulares.
Este tipo de prácticas evidencia cómo se perpetran los grandes crímenes de cuello blanco en Colombia: se corrompe la política, se instrumentaliza la administración pública y se deslegitima la democracia. Mientras los cargos directivos, asesores y contratistas por prestación de servicios continúen siendo asignados sin procesos meritocráticos ni mecanismos de control eficaces, las finanzas del Estado permanecerán expuestas a la acción de redes criminales que ven en la política un medio de enriquecimiento personal.
Estos hechos no son aislados. Gobiernos anteriores ya evidenciaron patrones similares de corrupción, como los escándalos de Odebrecht, el carrusel de la contratación en Bogotá, los comedores escolares o la digitalización de instituciones educativas. En el actual gobierno, episodios como el de los carrotanques de La Guajira confirman la persistencia de una cultura de impunidad en la administración pública.
En síntesis, el caso Quintero ilustra una problemática estructural: la ausencia de meritocracia en el empleo público constituye el terreno fértil para la corrupción, la captura institucional y la degradación del Estado social de derecho.
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