En 2023, Las2Orillas reveló la trama que se escondía detrás del nombramiento del exconcejal de Bogotá y excontralor Javier Lastra Foscualdo como gerente de Afinia, filial de las Empresas Públicas de Medellín y operadora del mercado de la energía luego de la disolución de la Electricaribe.
Una parte de la denuncia se basaba en una declaración del exauditor general de la República, Álvaro Guillermo Rendón, quien, en el momento de su retiro de la gerencia de la EPM, en el sentido de que el nombramiento de Lastra no siguió los conductos regulares y fue objeto de una negociación oculta que afectaba la moralidad administrativa no solo de la compañía, sino también del gobierno municipal.
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Al ratificarse de lo dicho ante la Procuraduría, Rendón presentó un acopio de las ordenes transmitidas por chat por el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a través de María Camila Villamizar, su secretaria privada.
Las advertencias del exgerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón que Abelardo De la Espriella tomó en serio
El abogado Abelardo de la Espriella – hoy candidato presidencial- se dirigió en ese momento al alcalde para exigirle que explicara públicamente si era verdad o no que Afinia había quedado convertida en una “franquicia” que se vendía al mejor postor. De la Espriella era depositario de un manuscrito que le presentó una persona bien enterada del asunto, en el que aseguró que por la “franquicia” de Afinia, Quintero estaba cobrando ocho millones de dólares.
El manuscrito no era propiamente un anónimo, sino un documento preparado por una persona que decía haber asistido a algunas reuniones que habrían sido celebradas en clubes sociales de la capital antioqueña a las que presuntamente asistieron delegados de la administración, un congresista de la época y emisarios venezolanos interesados en el negocio. En la “puja” por el cargo, siempre según el testigo habría intervenido también el tristemente célebre zar de la contratación Emilio Tapia Aldana.
El nombramiento de Lastra generó malestar entre los trabajadores de EPM que, a través de su sindicato, acusaron a Quintero de haber roto la cultura de la independencia administrativa de la compañía para convertir la nominación de sus directivos en un acto dictatorial.
Alrededor del nombramiento gravitaban también serías dudas jurídicas que al final no prosperaron. Como concejal de Bogotá, en 2007, Lastra perdió la investidura porque el Consejo de Estado encontró que su elección se produjo antes de un año de haber desempeñado otro empleo público en Adpostal, lo que significaba una violación al régimen de inhabilidades: La decisión, confirmada luego mediante una decisión de tutela de la Corte Constitucional, lo inhabilitaba.
Hoy, dos años después, en medio del calor de la campaña política, el manuscrito que tenía en su poder el aspirante De la Espriella trascendió completo. La revista Semana lo reveló completo y reconstruyó la historia alrededor de su contenido.
Si lo que se lee en sus líneas es cierto, la franquicia de los ocho millones de dólares fue vendida por Quintero a William Ortega -en ese momento senador por Cambio Radical- a su hijo Sebastián Ortega, ambos con un fuerte arraigo político en el Valle de Aburrá.
Las operaciones secretas para venderle Afinia al cuestionado exconcejal Lastra
De acuerdo con el documento, las gestiones secretas para la operación de Afinia se iniciaron en diciembre de 2020 e incluyeron reuniones en un club del barrio El Poblado con la presencia de los Ortega, de Juan Felipe Salazar, hombre de confianza de ambos, y de Misael Cadavid, exgerente de los Bomberos de Itagüí quien acaba de ser capturado en desarrollo de un proceso de corrupción en seis contratos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
En una segunda reunión, en octubre de 2020, William Ortega presentó formalmente a Lastra y a un segundo aspirante al cargo de gerente de Afinia, Alberto Holguín, exdirector administrativo y financiero de Electricaribe. Insistió sí en que necesitaba el dinero para pagarle la franquicia a Miguel Quintero, hermano del alcalde.
Empresarios venezolanos, cuyos nombres no son mencionados, entraron en la puja por el cargo y en encuentros posteriores indicaron que ellos eran socios en un 30 por ciento del ‘negocio’ entregado por Quintero hermano a los Ortega, en un 40 por ciento.
El ‘negocio’ fue cerrado a favor del nombre con la presencia mediadora de Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de Quintero. La intervención de Emilio Tapia habría consistido en una gestión para que no fuera excluido del acuerdo Jorge Carrillo, en ese momento gerente de EPM.
Cerrada la operación clandestina e ilegal, la asignación de los contratos de Afinia quedó a cargo de Luis Felipe Salazar y Henry García, cuyos nombres figuran también en denuncias formuladas por funcionarios de EPM.
Quintero niega los señalamientos mientras De la Espriella aporta documentos
Daniel Quintero y Lastra ofrecen dos versiones distintas sobre lo ocurrido. Quintero asegura que la versión plasmada por el testigo en el manuscrito es falsa y hace parte de un intento de extorsión contra Lastra. Lastra dice que no existió intento de extorsión alguno y que su llegada al cargo fue producto de un proceso transparente.
Tres años después de haber sido abierto ese debate, el nuevo alcalde Medellín Federico Gutiérrez denunció penalmente a su antecesor por varios manejos administrativos y financieros, según él delictuosos, y lo acusó de haber “vendido” el cargo de gerente de Afinia en US$8 millones. En esa operación, según él, intervinieron no solo personajes de pobre reputación en el mercado de la energía eléctrica, sino también intermediarios venezolanos cuyos nombres son objeto de verificación.
Según Gutiérrez, las negociaciones para escoger al gerente de Afinia se dieron en lugares reservados y en clubes sociales de Medellín y de Barranquilla.
Afinia, filial de EPM, se convirtió en un botín político cuando entró a manejar la mitad del mercado que quedó abierto tras el retiro de Electricaribe como proveedor de energía de los departamentos de la costa atlántica. Lastra, según las mismas denuncias, debería explicar el cobro de Coimas con la ayuda Henry Jair García González, uno de sus asesores.
La auditoría interna, que sería clave para controlar la situación, ha sido también muy cuestionada desde que la asumió el vicepresidente de EPM Alejandro Gallego, pareja de Liliana Ramírez, prima de Quintero.
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