La protesta es un derecho en una sociedad democrática. Sin embargo, una verdadera democracia no se mide solo por permitir la protesta, sino por la capacidad de escucharla, comprenderla y transformarla en soluciones. El jueves 24 de septiembre, en Santiago de Cali, habitantes de la Comuna 20 se ha tomado la Calle Quinta – principal avenida de la ciudad-, para expresar un reclamo justo y urgente: en los barrios de ladera el agua no llega con regularidad ni en cantidad suficiente para soportar la vida cotidiana.
Los vecinos han agotado instancias formales: oficios a EMCALI, solicitudes a la Alcaldía, llamados en redes sociales. Pese a ello, las respuestas han sido evasivas, dilatorias o insuficientes. Mientras tanto, la afectación es concreta: familias enteras que viven con la zozobra diaria de no tener garantizado un derecho básico, jóvenes que deben improvisar con baldes, adultos mayores que enfrentan la carga de la escasez y comunidades enteras que sienten en carne propia la indiferencia institucional.
El agua no es un favor ni un recurso secundario: es un derecho fundamental. Ninguna explicación técnica, climática o coyuntural puede justificar que se prive del mínimo vital a los barrios populares de Cali. Lo que está en juego no es solo un servicio público, sino la dignidad ciudadana de las comunidades. La protesta, entonces, no es un capricho: es el grito desesperado de comunidades que se sienten marginadas y desoídas.
Está en juego no solo un servicio público, sino la dignidad ciudadana de las comunidades
Frente a esto, el llamado no es solo a la Alcaldía y a EMCALI. También corresponde a la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Regional intervenir con firmeza para garantizar soluciones de emergencia y evitar que la crisis se convierta en un conflicto mayor que paralice la ciudad entera. La prevención y la transparencia son más sabias que la represión o el olvido.
Vale recordar que la Comuna 20 no es únicamente escenario de carencias: es también el “balcón de Cali”, un territorio donde el turismo comunitario, la cultura barrial y las iniciativas juveniles están transformando la narrativa del estigma en orgullo, resiliencia y reconciliación. Justamente por eso, resulta doblemente injusto que se trate a sus habitantes con desdén, negándoles el acceso al bien común más elemental para vivir.
Hoy, la ciudadanía espera un gesto de rectificación. Que la administración municipal reconozca la gravedad de la situación, diseñe un plan de emergencia y construya con la comunidad una hoja de ruta sostenible, porque ninguna sociedad que se diga democrática puede permitir que, mientras unos celebran la ciudad turística y moderna, otros vivan privados del agua que sostiene la vida.
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