Hace 30 años, la rutina mañanera en Bogotá se vio paralizada por otra nota roja de las tantas que se habían vuelto recurrentes en la década de los 80. El excandidato presidencial, abogado constitucionalista, académico, profesor y pintor Álvaro Gómez Hurtado fue víctima de un ataque armado a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda, en la carrera 15 con calle 76, del cual no sobrevivió tras ser trasladado a la Clínica del Country, a escasas calles del sitio de los hechos. Desde aquella mañana del 2 de noviembre de 1995, el caso, como tantos otros, ha permanecido entre los entresijos de la impunidad y la duda. Pese a que las extintas FARC asumieron la responsabilidad ante la JEP, esto solo ha generado más dudas que respuestas.
Hace cinco años había escrito mi primera columna de opinión en Las2orillas, en la cual planteé la tesis de que tras el magnicidio de Gómez Hurtado habría existido una alianza entre miembros de las FARC y oficiales de inteligencia militar para perpetrar el crimen. Lo anterior, con el propósito de llevar a cabo un posible complot golpista contra el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper, cuya legitimidad se había puesto en duda ante las revelaciones de allegados que lo acusaron de conocer la entrada de dineros del Cartel de Cali a su campaña presidencial. Incluso, las declaraciones de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba, quien señaló al entonces comandante guerrillero Julián Gallo, alias “Carlos Lozada”, de tener vínculos con la inteligencia militar, respaldan dicha tesis.
Hoy en día, gracias a las labores de la JEP y la Comisión de la Verdad, se ha establecido la existencia de conexiones criminales entre miembros de las FARC, las AUC y oficiales de la Policía y el Ejército, ya fuera para combatir a otros grupos armados o para conformar estructuras dedicadas al secuestro, tráfico de armas, robo de vehículos e intercambio de información de guerra. Un ejemplo fue la temida banda “Los Calvos”. En los últimos 25 años se ha podido entrever que tras este grupo había gente muy poderosa tirando de los hilos, que hoy teme los avances de las investigaciones de la JEP.
Persisten las dudas sobre quiénes pudieron ser los conspiradores que unieron a guerrilleros y militares para cometer el crimen de Gómez Hurtado o para conspirar contra el gobierno de Samper. ¿Quién o quiénes dieron la orden de matar a Álvaro Gómez Hurtado?
La respuesta a esta incógnita, abierta desde hace treinta años, lleva a revisar los acontecimientos previos al magnicidio:
1. Junio de 1995: El Proceso 8.000 y la crisis de legitimidad
Las explosivas declaraciones del tesorero de campaña Santiago Medina, sumadas a la renuncia y detención del ministro de Defensa Fernando Botero Zea, dejaron muy mal parado al gobierno Samper.
Esto llevó a que sectores del Ejército, en cabeza del general Harold Bedoya, desconfiaran de la legitimidad del mandatario como jefe de Estado. Además, los rumores sobre presuntas conversaciones clandestinas entre el gobierno y las FARC aumentaron la tensión política y militar.
2. El embajador y el supuesto plan de golpe de Estado
Según el entonces embajador de EE. UU., Myles Frechette, un grupo de “personas ilustres de la vida nacional” lo visitó en la embajada para consultarle la posibilidad de avalar un golpe de Estado que depusiera a Samper y estableciera una junta cívico-militar encabezada por Gómez Hurtado. La respuesta del diplomático y del propio Gómez fue un rotundo no.
3. Una atmósfera enrarecida
Hechos como el asesinato del exconductor de Horacio Serpa, Darío Reyes Ariza, y el atentado contra el abogado Antonio José Cancino reflejaron el clima turbio de la época. “Algo huele a podrido en el Estado de Dinamarca”, decía Shakespeare; en este caso, en el Estado colombiano.
Tras el crimen de Gómez Hurtado, una serie de muertes sospechosas continuó. Testigos, investigadores y figuras relacionadas con el caso —como Elizabeth Montoya “La Monita”, Clara Valencia, Hugo Otálora y el ex coronel Danilo González— fueron asesinados, dejando la sensación de que alguien buscaba borrar toda huella.
Otros asesinatos, como los de Hernando Pizarro, el general Fernando Landazábal y Jesús Antonio Bejarano, también se han vinculado al caso Gómez Hurtado. Según el senador Pablo Victoria, Landazábal habría confesado días antes de su muerte que sabía quién y por qué mandaron matar a Gómez Hurtado.
Incluso, las investigaciones periodísticas de Holman Morris y Jorge Gómez Pinilla sugieren que estos crímenes podrían estar relacionados con el asesinato de Jaime Garzón, evidenciando una red de poder, secretos y sangre.
En resumen, los hechos de aquella época muestran que existía una intención de provocar un golpe de Estado o una crisis política que beneficiara a ciertos sectores del poder: políticos, empresarios, banqueros, ganaderos, militares y miembros de corporaciones transnacionales. Como dice el refrán: “A río revuelto, ganancia de pescadores.”
Todo indica que, entonces y quizá aún hoy, un conglomerado de personajes influyentes busca refundar la patria en medio de escándalos y desestabilización política.
Esto último se refleja en los recientes informes del diario El País de España, que revelaron las visitas del excanciller Álvaro Leyva Durán a la embajada de Estados Unidos y sus supuestos acercamientos con grupos armados, justo antes de episodios de magnicidio político. ¿Coincidencia o patrón histórico?
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