El intendente de la policía Alfonso Quinchanegua oyó con serenidad este martes 28 de octubre la sentencia de una jueza de Bogotá que los condenó a él y a la patrullera Daza a diez años de prisión por haber intervenido ilegalmente la línea telefónica de Marelbys Meza, cuando su patrona, la entonces secretaria privada del presidente, Laura Sarabia, la consideraba sospechosa de haberle robado una maleta repleta de dinero.
Quinchanegua tenía calculado ya ese riesgo, desde el momento en que le propuso a la Fiscalía acogerse a un principio de oportunidad para contar toda la verdad sobre lo ocurrido, a cambio de beneficios judiciales.
Su colaboración, si mantiene firme su decisión de hacerla, porque según su abogado no es “mutuamente excluyente” con el fallo y, por el contrario, puede incidir favorablemente en sus efectos.
La noticia ahora es que si prospera el principio de oportunidad podría verse comprometida la suerte jurídica de la ahora excanciller y embajadora Laura Sarabia, pues se sabría con certeza si fue ella quien dio la orden de usas métodos ilegales como las chuzadas y la aplicación de polígrafos para esclarecer un robo que la afectaba personalmente a ella.
Concluido el juicio contra el intendente y la patrullera, que ahora deberá subir al Tribunal Superior porque las partes apelaron sus resultados, podría entrar a actuar la Corte Suprema de Justicia si se da la figura de la “compulsa” o envío de copias de las actuaciones ante ese alto tribunal. Ese sería el camino porque la Sarabia tiene fuero en su condición de agente diplomática.
Si se comprueba que hubo delito y que ella pudo haber sido la determinadora, su cargo y su libertad podrían verse comprometidos.
Durante el juicio que acaba de concluir quedó establecido que el nombre de Marelbys Meza fue incluido ilegalmente por los uniformados en una lista de presuntos integrantes del Clan del Golfo, todo con el objetivo de que un juez avalara interceptaciones en su contra.
Así, convirtieron a dos personas, una niñera y una persona que colaboraba por días, en alias La Cocinera y alias La Madrina para hacerlas pasar como ayudantes de un grupo terrorista y escuchar sus conversaciones durante una operación de policía judicial.
En el procedimiento fueron utilizadas las salas de escucha de la Policía Nacional. Las oficinas de la institución armada fueron la segunda dependencia oficial usada para maniobras delictivas. La primera pudo haber sido el edificio Galán, situado al frente de la Casa de Nariño, donde Marelbys Mesa fue interrogada y sometida a la famosa “prueba de la verdad”.
“La sala de comunicaciones se usa efectivamente para perseguir estructuras criminales. Por eso en este caso se trata de una comunicación ilegal, dándole apariencia de haberla ordenado un fiscal, pero con un soporte totalmente falso”, aclaró el Juzgado.
Hasta ahora venían avanzando con parsimonia tres líneas investigativas distintas. Una, por la afectación al patrimonio económico de Laura Camila Sarabia Torres, relacionada con la pérdida de un dinero en su vivienda. Otra, por la práctica del polígrafo a la exniñera del hijo de la funcionaria para establecer su posible responsabilidad en la desaparición de la suma denunciada. Y la tercera, por la interceptación ilegal a las líneas de las dos extrabajadoras de la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República y demás actuaciones asociadas con esta irregularidad. Hasta ahora solo ha sido resuelta esta última.
El origen y la ruta del dinero que estaba en la maleta es otro de los frentes que queda por aclarar.
También queda en vilo la suerte del coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de la Casa de Nariño en la época de los hechos y de otros oficiales del entorno de la seguridad presidencial que habrían ordenado o avalado los procedimientos reprochados hoy por la justicia.
En una declaración previa ante la Fiscalía, filtrada a los medios, ya el intendente Quinchanegua había aceptado su responsabilidad en las chuzadas al atender indicaciones superiores: “Lo tomé como una orden y, posterior, también como una amenaza, porque en ese entonces la orden era que tocaba interceptar esos números porque era un caso de la Presidencia”.
La apelación presentada por la defensa del Intendente se produjo por considerar que la pena es excesivamente alta frente a la voluntad del policía de colaborar con plenitud.
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