Las recientes declaraciones de la candidata presidencial María Victoria Dávila en las que a partir de alusiones al abogado Abelardo de la Espriella, se descalifica el ejercicio profesional de los abogados, sugiriendo que el hecho de representar judicialmente a personas investigadas o condenadas es, por sí mismo, reprochable.
Se reconoce el derecho a la libre expresión; sin embargo, en quienes aspiran a la Jefatura del Estado ese derecho comporta un especial conocimiento y responsabilidad. La democracia constitucional se sostiene en pilares que no admiten ambigüedades:
- Dignidad humana y pluralismo: el debate democrático exige lenguajes que no degraden profesiones fundamentales para el Estado de Derecho.
- Igualdad y no estigmatización: generalizar y atribuir desvalor a una profesión nos afecta a miles de colegas que ejercemos con ética.
- Libertad de escoger profesión u oficio: la abogacía es un servicio público con función social, sometida a control disciplinario.
- Debido proceso, presunción de inocencia y defensa: la legitimidad de las decisiones judiciales depende de que exista la representación o defensa técnica independiente y sin temor a represalias ni descrédito público.
- La defensa no válida los delitos: propende garantizar que el proceso sea legal, transparente y justo, lo que protege simultáneamente a víctimas, sociedad y administración de justicia. Un país donde se denigra de sus defensores termina debilitando los juicios, compromete la reparación a las víctimas y erosiona la confianza en las instituciones.
Es oportuno señalar que, tanto en el ámbito público como en el privado, ilustres profesionales del Derecho han ocupado cargos de alta responsabilidad, obteniendo las mejores valoraciones por su gestión. Colombia dispone de un capital humano, jurídico, idóneo y probó, presto a servir con rectitud, ética y excelencia.
Para nadie es ajeno lo difícil que resulta ejercer la abogacía en Colombia. El orden público entraña un riesgo permanente para la vida e integridad de los abogados y sus familias; los procesos extensos afectan la economía del profesional y erosionan la confianza del ciudadano en la administración de justicia, lo que genera un sin sabor por los resultados tardíos logrados, lo que conlleva una pésima calificación por parte del usuario y por el desconocimiento se endilgan responsabilidades en quienes hacen las veces de auxiliares de la justicia sin estar en las grandes nóminas de la rama judicial. Se olvida, además, que cada abogado asume sus causas con compromiso personal y trabaja sin descanso en la búsqueda de justicia, la misma que ha sido regida por leyes emanadas de los tres poderes de nuestro Estado Social de Derecho.
Las discrepancias propias del debate público no deben convertirse en estigmas contra quienes, desde la defensa, la representación de víctimas o la función pública, trabajamos para que la ley se cumpla y la justicia sea efectiva.
Orientar el debate político hacia la ética y la moral pública es el primer gesto de ejemplaridad que deben demostrar quienes aspiran a la Casa de Nariño. Los comportamientos que degradan la conversación (como la estigmatización de profesiones u oficios) no solo deterioran el tejido social: exhiben la esencia de quien los profiere y dicen poco de su idoneidad para gobernar. En una democracia madura, la crítica es bienvenida, pero debe ser responsable, verificable y respetuosa.
Invitamos a las y los precandidatos a que, si deciden controvertir a sus adversarios, lo hagan con hechos contrastables, decisiones judiciales firmes o en curso y con argumentos, no con etiquetas. No podemos normalizar que personas con investigaciones o antecedentes penales o disciplinarios en firme pretendan ocupar la mayor dignidad del Estado; a esas situaciones hay que develarlas con pruebas. Pero respecto de quienes no registren tacha (disciplinaria, penal o civil), el debate debe concentrarse en propuestas, en competitividad, preparación y en la capacidad de gestión.
Para la ciudadanía, lo esencial es discutir cómo vamos a mejorar la vida de la gente. Por eso, queremos propuestas que sean parte del debate y se refieran a:
- Un Estado más eficiente y austero: eliminar gastos superfluos y duplicidades, simplificar trámites y profesionalizar la gestión.
- Reglas tributarias más simples y predecibles: alivios que impulsen formalidad, inversión y empleo, con progresividad y responsabilidad fiscal.
- Salud y educación de calidad: atención oportuna y humanizada, énfasis en primaria; educación pertinente, científica y digital para el trabajo del futuro.
- Economía productiva: apoyo a Mipymes, infraestructura, innovación y seguridad jurídica para atraer inversión.
- Seguridad y justicia eficaces: prevención, presencia territorial y justicia oportuna que proteja a víctimas y desincentive el delito.
- Sostenibilidad ambiental: cuidado responsable de nuestros recursos como condición de desarrollo.
- Transparencia y meritocracia: datos abiertos, rendición de cuentas y selección por mérito.
Que gane la mejor persona y el mejor administrador, el proyecto con ideas serias, medibles y financiables. La altura moral del debate une al país; la estigmatización lo divide.
También le puede interesar:
Anuncios.
Anuncios.
