La amenaza criminal en América Latina está dejando de ser unidimensional. El reciente informe Humo, Vapeo y Poder (Defensorxs, 2025) realiza una autopsia al crimen organizado mexicano que debería servir como referencia para Colombia y la región.
Este estudio revela que los 7 cárteles más poderosos de México han diversificado sus operaciones, concentrando recursos y energía en mercados ilícitos multimillonarios como el contrabando de tabaco, el tráfico de vapeadores y el cobro de derecho de piso. Mercado negro que alcanza hoy entre 15 y 20 mil millones de pesos mexicanos al año, es decir alrededor de mil millones de USD; pero más grave aún, financia armas, municiones y vehículos usados para cometer delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión que se han disparado ostensiblemente en este país. (Defensorxs, 2025).
La causa de esta dramática escalada es clara: una política pública fallida. En lugar de regular, el gobierno mexicano optó por la prohibición constitucional del vapeo, entregando, en la práctica, un monopolio del negocio ilegal a las organizaciones criminales (Defensorxs, 2025). Un criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lo admitió sin tapujos: quien prohibió los vapeadores es su "ídolo" porque eliminó la competencia legal sin riesgo de fiscalización, proporcionando una "caja chica" líquida para financiar otras actividades criminales. Esta economía ilícita es de bajo riesgo debido a la altísima tasa de impunidad, que para estos delitos ronda el 97.04% en México (Defensorxs, 2025).
El riesgo de contagio regional es inminente. El contrabando no solo evade el fisco, sino que transforma la violencia en un costo operativo. Los consumidores pagan, sin saberlo, un "impuesto criminal": el sobreprecio de la cajetilla ilegal (que en el sur del Estado de México puede llegar a los 150 pesos mexicanos) no paga calidad, sino la extorsión, protección y sobornos que garantizan su circulación clandestina (Defensorxs, 2025), tal como ocurre en algunas localidades de Colombia, Ecuador y Perú, solo para citar un ejemplo.
En Colombia, la amenaza se mezcla con una realidad regulatoria compleja. El país ya ha visto cómo el aumento desmedido de impuestos y los vacíos de control, así como la corrupción y la fragilidad institucional, crean un terreno fértil para el contrabando, la evasión fiscal y la competencia desleal. Las iniciativas normativas recientes, como la Ley de Financiamiento de 2018 que elevó la carga tributaria y la Ley 2354 de 2024, que modificó la Ley 1335 de 2009 para someter a los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y el tabaco calentado (PTC) a regulaciones sanitarias y de venta demuestran una tendencia al endurecimiento. Ocurre lo mismo con los proyectos de ley que han intentado aprobar en el legislativo, incluyendo el fallido proyecto recién hundido de financiamiento.
Las medidas prohibicionistas y las políticas de endurecimiento son inocuas sin una capacidad estatal de prevención, control y sanción ejemplarizantes
Es lo que plantea el informe en el caso mexicano. No ha dudas sobre la penetración del crimen organizado en este mercado: la proporción de cigarrillos ilegales pasó del 14% al 36% en los últimos 10 años (Federación Nacional de Departamentos & Invamer, 2025). En zonas críticas, la situación es dramática: En Antioquia la penetración alcanza el 75% igualmente en Norte de Santander, en Magdalena el 79% y en La Guajira hasta un 87%, con una marcada debilidad institucional en fronteras y costas, precisamente las rutas que los cárteles mexicanos, el clan del golfo y el tren de Aragua usan para traficar con drogas, armas y mercancía ilegal.
El peligro se acentúa con propuestas legislativas que, aunque bien intencionadas, crean vacíos que el crimen está listo para llenar. El Proyecto de Ley Nro. 060 de 2024 busca prohibir la venta de cigarrillos, cigarrillos electrónicos y alcohol a menores a través de plataformas de e-commerce o de domicilio, exigiendo costosos sistemas de verificación de edad. Si bien el objetivo es proteger a los jóvenes, al prohibir la venta digital sin tener control sobre el canal físico, simplemente se desplaza la venta a las redes informales ya dominadas por los criminales, fomentando el reclutamiento de menores, que son "invisibles ante la ley" (Defensorxs, 2025).
Para mitigar esta amenaza, Colombia debe centrarse en dos frentes: trazabilidad y fiscalización. Urge ratificar el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco de la OMS, que Colombia firmó en 2013 pero que sigue pendiente de aprobación en el Congreso (Fundación Anáas & PROESA, 2024). Este Protocolo busca establecer medidas de seguimiento y localización obligatorias para el tabaco. Además, el país debe entender que la heterogeneidad del contrabando en ciudades con tasas impositivas idénticas confirma que el problema no es solo fiscal, sino la falta de gobernanza efectiva y la corrupción en aduanas y puertos, así como el financiamiento criminal de campañas electorales.
Si el Estado colombiano continúa generando barreras regulatorias o prohibiciones excesivas sin elevar su capacidad de fiscalizar el vacío que crea, estará condenado a financiar al crimen organizado, a que se reproduzcan más Papá Pitufos, como ocurre en México. Cada peso que se desvía del erario no solo deja de construir un hospital, sino que termina comprando la bala que erosiona la fe en las instituciones.
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