Crecimos sintiendo terror y profundo desprecio por el Sheriff de Nottingham. Era el archienemigo de Robin Hood y siempre el malo de toda la historia. Una de sus peores crueldades, y de sus funciones más horribles, era recaudar impuestos injustos que, al llenar las arcas de Juan, el rey impostor, impedían que Marion y los niños del bosque pudieran cultivar y tener una vida digna.
Para bien de esa aldea, del Reino Unido y del mundo, en la Carta Magna inglesa, desde 1215, se adoptó el principio “no taxation without representation” (no hay impuestos sin representación) y se superó ese problema.
Como ya lo ha dictado la Corte Constitucional colombiana, ese principio, conocido como el principio de legalidad en materia tributaria, es un pilar principal de la separación de poderes, de la democracia representativa, del Estado de derecho y de las libertades liberales. En Colombia se encuentra consagrado en el numeral 12 del artículo 150 y en el artículo 338 de la Constitución Política.
En sencillo: significa que solo el Congreso, las asambleas departamentales o los concejos municipales, pero nunca el presidente, pueden obligar a que se paguen impuestos, tasas o contribuciones.
La separación de poderes asegura que ningún área, ningún funcionario o entidad acumule demasiado poder. Para ello existe un control y balance intrínseco: el legislador hace las normas, el ejecutivo las ejecuta y las lleva a cabo, y el judicial controla la legalidad de las actuaciones de unos y otros. Si el ejecutivo impone los impuestos, toma, para sí, una de las más poderosas y delicadas áreas reservadas a la ley, y suplanta, de esa manera, lo que le corresponde a los hacedores de normas.
La democracia representativa asegura que el país se maneje de acuerdo con la voluntad de sus ciudadanos y que se apliquen las reglas de las mayorías. Cada senador y representante a la Cámara lleva la voz de sus electores a discusiones amplias, informadas y públicas, en las que se siguen los procedimientos predispuestos. Ahora, si el ejecutivo impone impuestos, ahorca esas voces, mutila la discusión, evita que el debate se dé e impide que los colombianos oigamos unas y otras posiciones. Los afectados o beneficiados de una mala decisión no participamos de ninguna manera y deja de haber democracia.
El Estado de derecho, que, entre otras muchas funciones, asegura la igualdad de los seres humanos, parte del supuesto de que todos respetamos las normas, de que la ley aplica a todos y en todas las circunstancias. Los estados de excepción están previstos en nuestra Constitución Política para que el Presidente pueda, cuando sea absolutamente indispensable, adoptar por decreto normas que, por su naturaleza, le corresponderían al Congreso. En esa medida, ni siquiera al malquerido Sheriff de Nottingham se le hubiera ocurrido que un texto discutido ampliamente en el Congreso de la República durante semanas y semanas, votado y derrotado, pudiera, a los dos días, ser presentado como la respuesta a una condición sobreviniente que no habría podido ser neutralizada siguiendo los procedimientos regulares y usando cada rama del poder público las funciones que sí le corresponden.
Al Gobierno no le es dado argumentar los problemas que el mismo Gobierno ha creado.
Ahora, si de lo que se trata es de reconocer que no estamos en tiempos de paz y que esa condición validaría una reforma tributaria por decreto, la tesis se estrellaría con la ratio que ya la Corte Constitucional explicó en el caso de Colsanitas, donde hizo claridad en que al Gobierno no le es dado argumentar los problemas que el mismo Gobierno ha creado.
El principio logra también asegurar la seguridad jurídica y evitar abusos de los gobernantes. Esto se hace particularmente sensible si recordamos que estamos a tres meses de las votaciones para Congreso y a cuatro de las correspondientes a la primera vuelta presidencial.
Tenemos la claridad. Tenemos las herramientas. Ya los jueces nos han defendido tantas veces. Existe el respaldo de Colombia a sus instituciones y a las garantías constitucionales. Confiamos, entonces, en nuestra Corte, para que, una vez más, se imponga el bien y el Sheriff salga picado por las abejas...
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