Nadie en el Consejo de Estado duda de las calidades de sus magistrados Gloria María Gómez Montoya. Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez Parra y Pedro Pablo Vanegas Gil. No hay mora en sus actuaciones, sus despachos están al día y sus providencias suelen ser fuente de consulta obligada para los estudiosos del derecho.
Sin embargo, el miércoles 12 de noviembre los cuatro debieron someterse a una inspección ordenada por la Comisión de Investigación de la Cámara, cuyos comisionados entraron a sus oficinas en compañía de agentes de la Dijin de la Policía y del CTI de la Fiscalía.
La diligencia, que generó extrañeza, aunque no sobresaltos, hace parte de una indagación en su contra por un presunto prevaricato cometido cuando declararon nula la elección del gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo Vásquez por doble militancia.
Su providencia se basó en que el mandatario, elegido con el aval del Partido Liberal apoyó listas de otros partidos y movimientos a corporaciones públicas.
La investigación se originó por denuncias del Pacto Histórico de San Andrés Islas y del ciudadano Miguel Ángel Mora, quienes alegan que los magistrados violaron el debido proceso y desconocieron los plazos legales.
Sin embargo, el argumento que terminó prosperando para la suspensión de la nulidad fue presentado por una abogada que alegó que la falta de traducción de las piezas procesales al idioma Creole constituyó una violación a los derechos fundamentales de Gallardo como miembro del pueblo raizal del archipiélago. Así, habrían sido coartados sus derechos a la participación efectiva en su propia lengua.
Gallardo, miembro de una dinastía encabezada por su tío Julio Gallardo Archibold, habla un perfecto español y tiene un buen dominio del inglés, no solo por su origen, sino porque se preparó profesionalmente en Washington, defiende como suyo y como patrimonio de su pueblo el Creole.
Incluso antes de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara iniciara sus pesquisas, la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió una demanda contra lo decidido sobre Gallardo en la Quinta y decretó la suspensión provisional de la decisión de nulidad. Eso le ha permitido a Gallardo seguir gobernando.
Entre quienes denunciaron a los magistrados se encuentran dirigentes, activistas y militantes del Pacto Histórico, partido de gobierno, que esperaban una reacción del Consejo de Estado a la inspección judicial a sus oficinas.
En contra de sus pronósticos, eso no ocurrió. El Consejo descarta incluso hacer pronunciamientos sobre la diligencia o expedir comunicados y se limitó a calificarla como “normal”. Sus magistrados -incluso los investigados- se han declarado respetuosos de las decisiones autónomas de otras ramas del poder público.
La primera decisión del Consejo de Estado fue tomada el 3 de abril de 2025 y consistió en ordenar la cancelación de la credencial de Gallardo como gobernador. Según varios medios locales, la comunidad de San Andrés reaccionó con tristeza y preocupación, ya que Gallardo ha sido reconocido como un líder comprometido con las necesidades e intereses de los isleños.
Mientras el presidente Gustavo Petro se preparaba para designar un gobernador ad hoc, y la Registraduría Nacional del Estado Civil se disponía a convocar a elecciones atípicas para elegir a un sucesor, se produjo la medida cautelar de suspensión provisional.
La suspensión es una medida cautelar provisional y estará vigente hasta que se resuelva la acción de tutela o se disponga su revocatoria. Esto significa que Gallardo sigue siendo gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al menos hasta que se resuelva de fondo la situación.
En cuanto a las actuaciones de la Comisión de Investigación y Acusación se definirá, con base en los posibles hallazgos durante la inspección, si los cuatro magistrados son vinculados o no a una investigación formal. Si decide hacerlo, la célula que cumple funciones judiciales en el Congreso los escucharía en indagatoria. Más tarde, si lleva no un proyecto de acusación a la consideración de la plenaria.
De ser así, en manos de la plenaria quedaría una eventual decisión de acusarlos ante el Senado de la República.
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