El debate por la educación en Colombia no es una discusión de poca monta, más aún cuando las diferentes candidaturas a la presidencia se figuran ideas que pretenden colocarla en el primer lugar en la agenda del Ejecutivo.
Es así que, pretensiones como las del entonces presidente Juan Manuel Santos con Colombia la mejor educada en el 2025, que se vinculan con pruebas externas y que fijan la atención sobre resultados como miembros del Club de Mejores prácticas, al constituir el estándar de calidad de educación a nivel internacional, hacen parte de las propuestas actuales para fijar el rumbo de la educación en el país, pero lejos se encuentran de ser el foco de atención a la problemática.
Con el arribo de la Constitución Política del año 1991, ingresó también – a través de la ley 115 de 1994– el denominado Proyecto Educativo Institucional PEI, que da autonomía a las instituciones educativas y en especial les invita a enfocarse en las necesidades tanto de los estudiantes, así como de las comunidades donde se encuentran inmersas.
El decreto 1860, que reglamenta la ley 115, establece las funciones de los gobiernos escolares, dentro de la citada autonomía, evidenciando que en la conformación de este órgano de participación existirá representación de los diferentes miembros que conforman la comunidad educativa.
En este contexto, es inconcebible que, transcurridas tres décadas de la Constitución Política, existan instituciones educativas donde las decisiones sean inconsultas y tomadas de manera unilateral por parte de rectores y rectoras, e incluso, el concepto irracional de que los temas abordados en los espacios del gobierno escolar sean tratados con secretismo, como si de un cónclave se tratara.
No, estas instancias y las decisiones que tomen deben ser participativas y del conocimiento de toda la comunidad educativa, de hecho, la conclusión de estas reuniones debe arrojar un acta de público conocimiento.
Ahora bien, en torno a los manuales de convivencia de las instituciones educativas, tenemos que éstos deben contener los acuerdos de la comunidad educativa. Los manuales de convivencia al igual que los PEI, deben ser actualizados periódicamente, no pueden existir manuales de convivencia que estén en contraposición con lo constitucionalmente establecido y aquí ingresamos en una discusión que abordó el foco en días anteriores, el impedimento a ingresar a una institución educativa en Arborizadora Baja, en la localidad de Ciudad Bolívar, a una estudiante por no portar tenis blancos, en tanto el manual de convivencia contenía dicha norma.
El tema de los uniformes de las instituciones educativas, es una discusión que ha ido generando controversia en diversos colegios, en tanto, defender el uniforme pierde vigencia en la medida que avanzamos en el siglo XXI, las razones más sonadas para defenderlo se constituyen en que: generan identidad con la institución, resultan económicos porque no se gasta la ropa, se diluyen las diferencias sociales, entre otras.
Sin embargo, defender los uniformes por identidad, economía o enmascarar las diferencias sociales resulta siendo un sofisma, en tanto en la vida real, no andamos uniformados a no ser que exista una vinculación con las fuerzas armadas o con algún credo religioso que así lo amerite, pero los colegios no son academias militares ni claustros religiosos y salvo que los padres de familia opten por una educación religiosa o militar como la que imparten algunas instituciones educativas, los colegios deben garantizar la libertad de culto, el desarrollo libre de la personalidad y la formación integral de los estudiantes y es allí donde adquieren relevancia los Proyectos Educativos Institucionales.
Por otra parte, los uniformes también generan una brecha de género, es así que atuendos como las jardineras y las faldas impiden el movimiento libre por ejemplo en el juego a las niñas y adolescentes, desarrollando aquella imagen de la mujer que debe ser calmada, hogareña, dedicada a sus hijos, no obstante, también pueden ser percibidos como un elemento seductor, con la connotación que los medios de comunicación se han encargado de darle a lo largo del tiempo, caso similar sucede con los uniformes deportivos femeninos, lo cual suscitó también discusión fuerte en los juegos olímpicos de Tokio por la sexualización que hacen de la mujer, discusión que se ha venido dando históricamente, en tanto, la cultura patriarcal tiende a destacar mayormente los atributos físicos por sobre las capacidades, lo cual a su vez se traduce en una cosificación del cuerpo de la mujer.
Ya tenemos claro que, con tenis blancos no se aprende mejor y que detrás del tema de uniformes hay una larga discusión, ello sin mencionar que los uniformes en la historia han sido fuentes de nacionalismos que tanto daño han causado a la humanidad.
Pero sigamos avanzando en torno a aquello que los manuales de convivencia promueven y que puede ser tomado como una agresión a los derechos, en otras palabras, un asunto inconstitucional.
Algunos manuales de convivencia contienen prohibiciones absurdas, como por ejemplo el no uso de maquillaje y allí volvemos al tema de la agresión contra la mujer, en tanto se impide su libre desarrollo de personalidad, además que implica la generación de imaginarios que estigmatizan a aquellas estudiantes que deciden maquillarse, ¿no deberían más bien los colegios pensar en generar campañas para el uso adecuado del maquillaje en aspectos como no compartirlo en tanto puede ocasionar un intercambio de bacterias y también el hecho de ver el maquillaje como una protección para la propia piel?
Bien, las instituciones educativas tienen mucho por discutir, en especial si pretenden estar en concordancia con la Constitución, pero ello no nos aleja otra discusión central, la que tiene que ver con el gobierno nacional y los gobiernos locales en torno al abandono en que se encuentra sumida la educación, pues la colocan como su estandarte de campaña y de programa de gobierno, sin embargo, resultan ser meros eufemismos, pues a la hora de la verdad, destinan los recursos de forma tal que la campaña y el programa educativo quedan en un segundo plano.
Veamos por ejemplo el caso de la ciudad de Bogotá. El presupuesto de la capital se aprobó por decreto, luego de una serie de argucias que se llevaron a cabo en el mes de diciembre del 2021, impidiendo su discusión y aprobación en el Consejo de Bogotá, de esta forma el 35% del presupuesto se destinó a movilidad con todas las críticas que ello suscita frente al tema del metro y la ampliación del Sitp por los corredores viales de la ciudad, pero para educación tan solo se destinó el 22% del presupuesto que desagregado por entidades del sector educativo evidencia el serio recorte que se hizo a la Secretaría de Educación del distrito, que logra mostrar un aumento solamente cuando se mira en conjunto con los recursos asignados de la nación, pero sin las transferencias del Sistema General de Participaciones se evidencia una reducción del 18,4% con referencia al año 2021.
En este contexto, cabe mencionar el problema de contratación de rutas escolares por parte del Secretaría de Educación del Distrito, que impide el acceso a la educación de una amplia población estudiantil, la falta de personal docente en las instituciones educativas en la figura de provisionalidad para cubrir cargos en los colegios oficiales de la capital, pues ante la exigencia de un retorno a la presencialidad total la Secretaría debió ajustar estas situaciones e impedir que las instituciones educativas entraran en esta problemática que desencadena sobrecarga laboral y situaciones de convivencia que no deberían estarse presentando, ello sin mencionar la carencia de elementos de bioseguridad para los estudiantes que deberían ser provistos por la administración distrital y la entrega de las 100.000 tablets que debieron ser entregadas durante el tiempo de aislamiento, tema frente al cual no hay claridad de hacia donde se destinaron estos recursos.
Además, entidades como la Universidad Distrital también evidencian una reducción del 18,5% en su presupuesto y simultáneamente se apertura la Agencia Distrital para la Educación Superior la Ciencia y la Tecnología ATENEA, a donde se dirige una Proción significativa del presupuesto y en donde se presentan también serias críticas por el duro golpe que resulta para la educación superior pública en la capital.
Finalmente, pero no de menor valía, es importante hacer mención de la estigmatización que está sufriendo el magisterio colombiano en medio de la campaña sucia dirigida por parte del partido de gobierno, campaña que se refleja en amenazas hacia maestras y maestros en las instituciones educativas, el serio desconocimiento de la labor docente, tanto en presencialidad como en aprendizaje remoto, porque no hemos de olvidar que fueron las maestras y maestros quienes sostuvieron el derecho a la educación en medio del aislamiento.
Es así que el tema de la educación en nuestro país requiere serios compromisos que la lleven al lugar que se merece, que los estudiantes reciban la alimentación escolar que requieren y el PAE no siga devorando los recursos dejando famélico parte del proceso educativo, que las contrataciones no sigan siendo abudineadas, como es el caso que ya vemos perdido con los setenta mil millones de pesos para la instalación de centros digitales en comunidades marginadas, en medio de la negociación del Ministerio de las TIC con Centros Poblados, que se garantice la reforma Constitucional al Sistema General de Participaciones SGP, recursos que han sufrido un duro recorte desde los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. En definitiva, requerimos con urgencia tenis blancos para la educación.
