A un mes de las elecciones legislativas y a menos de cuatro para las presidenciales, la Registraduría Nacional del Estado Civil puso en marcha una estrategia integral para cerrar las brechas que históricamente han permitido el fraude electoral en Colombia. El plan combina logística ampliada, uso de tecnología, cooperación internacional y coordinación interinstitucional, en un contexto marcado por alertas de riesgo en amplias zonas del país.
Como parte de este proceso, la Registraduría sostuvo una reunión de trabajo con la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), que inició formalmente su labor de observación en Colombia. El encuentro buscó garantizar acceso oportuno a la información y fortalecer los canales de coordinación, respetando la independencia técnica de la misión internacional.
La MOE UE desplegará más de 120 observadores en todo el territorio nacional, quienes harán seguimiento a las distintas fases del proceso electoral, desde la organización previa hasta la jornada de votación y el escrutinio. La Registraduría acompañará este trabajo con apoyo institucional permanente, como parte de su compromiso con la transparencia.
Para las elecciones de 2026, la Registraduría anunció la instalación de 13.748 puestos de votación, de los cuales 13.494 estarán ubicados en el territorio nacional y 254 funcionarán en el exterior. Este despliegue logístico busca ampliar la cobertura y reducir riesgos asociados a la manipulación del voto, especialmente en zonas apartadas.
Por esto, durante la reunión con la misión europea, la entidad también presentó las principales líneas de su estrategia antifraude: uso de herramientas tecnológicas, fortalecimiento del secreto del voto, monitoreo de la desinformación y realización de simulacros electorales. En estos ejercicios participarán observadores internacionales como parte del seguimiento técnico al proceso.
Riesgo por fraude electoral aumentó en relación con 2022, según el MOE
La estrategia se desarrolla en paralelo a un escenario de riesgo advertido por la Misión de Observación Electoral (MOE), que identificó 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral para 2026. De ese total, 81 están clasificados en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio.
Según el informe, el número de municipios en riesgo aumentó un 29,7 % frente a las elecciones de 2022, cuando se reportaron 131. El crecimiento más significativo se dio en el nivel de riesgo extremo, que pasó de 49 a 81 municipios, un incremento del 65,3 %.
Las subregiones que concentran mayor atención incluyen Arauca; el nordeste antioqueño y sur de Bolívar; el Pacífico colombiano; el norte del Cauca; el suroriente del país, con municipios de Meta, Caquetá y Guaviare; y el medio y bajo Putumayo. En estos territorios se cruzan factores de fraude, violencia y control armado.
El informe advierte que estos 170 municipios agrupan a más de 4,5 millones de personas habilitadas para votar, lo que representa cerca del 11 % del censo electoral. La magnitud de estas cifras convierte la integridad del proceso en un desafío central para el Estado.
Bogotá también fue incluida entre los territorios en riesgo extremo, una señal de que las amenazas al sistema electoral no se limitan a zonas rurales. Además, las elecciones de 2026 serán las primeras atravesadas de manera plena por dinámicas de desinformación digital, narrativas de fraude anticipado y el uso de inteligencia artificial.
Ante este panorama, la Registraduría reiteró su compromiso con la transparencia, la vigilancia del proceso y el acompañamiento de misiones nacionales e internacionales, como parte del esfuerzo institucional por proteger el derecho al voto y la confianza ciudadana.
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