La construcción de la Cárcel Metropolitana para Sindicados, en zona rural de Medellín, busca dar cumplimiento a las sentencias de la Corte sobre los derechos de los ciudadanos privados de la libertad que aún no cuentan con una condena firme. El proyecto destaca por ser la primera cárcel en el país desarrollada bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), con una inversión de $ 674.999 millones, adjudicada en 2023 durante la alcaldía de Daniel Quintero.
La obra, que estará ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, en zona rural de Medellín, tendrá capacidad para albergar a 1.339 internos distribuidos en cinco pabellones. Esta semana el proyecto alcanzó un hito clave con el cierre financiero liderado por el Grupo Aval, a través de una operación de $ 215.000 millones financiada por los bancos de Bogotá y Occidente.
El ejecutor del contrato es la firma mexicana Promedex (Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A.) con sede en la Ciudad de México, y que forma parte del Grupo Empresarial Ángeles (cuyo presidente desde 2009 es Olegario Vásquez Aldir, hijo del magnate español Olegario Vázquez Raña, fallecido en marzo de 2025), una compañía con amplia experiencia en infraestructura hospitalaria y de transporte en México.
Bajo este modelo de concesión, el Distrito de Medellín no realizará pagos hasta que el centro penitenciario reciba al primer interno, lo que obliga al contratista a asumir la inversión inicial para la construcción y puesta a punto. Los plazos establecidos contemplan un año para la fase de preconstrucción y hasta dos años para la obra física. Una vez terminada, la etapa de operación se extenderá por 17 años e incluirá desde el mantenimiento de sistemas de seguridad y servicios públicos hasta la gestión de la alimentación, servicios médicos y programas de educación para los internos.
Le puede interesar: El Banco de Bogotá la joya de la corona del Grupo Aval tomará aún más fuerza con una sorprendente movida
Anuncios.
Anuncios.
