Alguien dijo que el gobierno de Petro parecía un reality. Tal vez sería más apropiada esa comparación en el caso de la búsqueda de un liderazgo en la oposición (aunque por la falta de idoneidad para esa competencia podría verse más como el juego de las sillas musicales)..
El cuatrienio Petro se ha conocido y caracterizado más por lo que ha hecho la oposición para impedir un cambio que por un debate entre propuestas diferentes.
Tal como lo contempla la Ley, Petro propuso un programa como candidato. Con las elecciones se escogió ese programa y se convirtió en mandato para desarrollarlo. El mandato se volvió Ley de la República mediante la Ley del Plan de Desarrollo. Y el presidente cumplió con el propósito y obligación de intentar sacarlo adelante.
El programa incluía lo que acabó entendiéndose como el ‘paquete social’ consistente en reformas laboral, pensional y a la salud. La primera y la segunda pasaron después de varias modificaciones y varios intentos de impedirlas por la oposición en el Congreso. La tercera ha quedado pendiente, puesto que la necesidad de la reforma no se discute (y prácticamente hay consenso sobre cuáles son los puntos a cambiar -más prevención, más ‘regionalización’, más formación de profesionales, más recursos, mayor aporte de la Unidad por Capitacion-), y lo que se objeta es el cómo lo presenta el gobierno.
Las otras gestiones de Gobierno desaparecen del marco noticioso, y en consecuencia de las evaluaciones, tal vez por ser dirigidas a dar respuestas a problemas de la colectividad y de la institucionalidad y no de efecto directo en los individuos. Es el caso de la ley que crea la Jurisdicción Agraria o sea que propone la respuesta a la ‘cuestión agraria’ que se ha aducido siempr como causa de la violencia en Colombia; y, cuando se complete la Ley de Competencias, el traslado del poder y la responsabilidad del manejo de lo propio a las regiones.
El rechazar sin tramitar la Ley de Financiamiento se muestra como una derrota del Gobierno, pero es una victoria pírrica, puesto que con ello no se soluciona el problema fiscal ni el presupuestal que se reconoce que existen; la función del Congreso hubiera sido tramitarla y expedirla en las condiciones que considerará conveniente, ya que igual el siguiente gobierno tiene ante sí la inminencia de tener que abocar la expedición de una Reforma tributaria.
Infortunadamente la oposición escogió como camino el ataque al presidente y el sabotear las propuestas de gobierno. El énfasis en los cuestionamientos a la persona y la personalidad de Petro y a temas ajenos a la gestión gubernamental hizo que en ningún momento intentaran aprovechar las fuerzas que tiene en el Congreso para construir un consenso y encontrar un líder que permitiera avanzar más armónicamente en los cambios que sin duda se requieren.
Basta recordar la frase del Senador Efraín Cepeda al salir elegido presidente del Senado, según la cual contaba con los votos para impedir que fuera discutida la ley que propusiera el Gobierno. Declaratoria que significaba que entendía que no estaba en ese cargo para propiciar el debate y que se buscaran consensos para cumplir la función que la Constitución le asigna, sino como jefe de la oposición encargado de impedir que las propuestas de gobierno avanzaran.
Pueda ser que las elecciones parlamentarias disipen el ‘bloqueo institucional’ que ha existido
En las ‘candidaturas’ actuales no se ve propuesta alguna, mucho menos orientación o reorientación para los cambios que la población espera y necesita. Pueda ser que las elecciones parlamentarias disipen un poco esa tensión, ese ‘bloqueo institucional’ que es inútil negar que ha existido, entre los elegidos para el Congreso y quien fue elegido presidente. Lo deseable es que las mayorías del Congreson estén en sintonía con quien será la cabeza del Gobierno. Se requiere para eso que pierdan poder electoral quienes lo manejan, o sea camarillas o familias que determinan quién representará a regiones enteras ( o casos extremos como el de Gaviria).
Pero si esto no se logra, lo novedoso en la actual Constitución es que previó los mecanismos para salir de tal situación al contemplar las diferentes formas de participación ciudadana, incluyendo los caminos para reformar la Constitución. Más teniendo en cuenta que urge modificar el sistema de ingerencia de la política en órganos judiciales como la Comisión de Acusaciones, el Consejo Nacional Electoral, y la postulación por parte de órganos políticos en los entes de control. Ni se debe olvidar que cuando la Carta de 1981 no existían problemas como las migraciones, las pandemias, la nueva geopolitica, la deiversisd de género, ni el internet ni menos la inteligencia artificial.
Hay cierta contradicción entre afirmar que las mayorías están con la oposición y negarse a que se cite una Constituyente para que defina la estructura que concrete la orientación del país. Y poco peso tiene la argumentación inicial del peligro que se buscara una reelección o una prórroga del periodo, o la actual de que es una trampa electoral, cuando sería bajo el próximo gobierno que esta discurriría.
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