Para Colombia es indignante siquiera imaginar que el presidente pueda ser vinculado con la Lista Clinton. No se trata de un tema ideológico, sino de reputación nacional. Una sanción de ese nivel no solo aísla a un mandatario: hiere la credibilidad del país ante el mundo financiero y diplomático.
Ni la ONU lo salva
Muchos creen que la sede de la ONU en Nueva York es un terreno neutral, un santuario diplomático donde la ideología se disuelve. No es así. El Acuerdo de Sede de 1947 establece que la ONU opera en suelo estadounidense y que Washington puede negar visas por razones de seguridad nacional. Si Petro, sancionado por la Lista Clinton, quisiera asistir a la Asamblea General, necesitaría una visa diplomática especial y una licencia de la OFAC. Sin ellas, no podría entrar. En 1988, Yaser Arafat fue vetado y la ONU debió reunirse en Ginebra. A diplomáticos iraníes y norcoreanos solo se les permite desplazarse entre la ONU, el hotel y el aeropuerto. El supuesto “derecho” a asistir a la ONU depende de la voluntad del Gobierno de Estados Unidos. La lepra de la Lista Clinton no respeta fronteras ni inmunidades.
El restaurante
Supongamos que alguien invita a Petro a almorzar en el Hotel Marriott de Bogotá o a un restaurante con franquicia estadounidense. El hotel, sujeto a las normas de la OFAC, tendría que negarle el servicio. Si lo atiende, se expone a sanciones y congelamiento de operaciones internacionales. El veto financiero se convierte en aislamiento social: no hay mesa ni cubierto para quien está marcado por la lepra económica.
La clínica
Imagine que el presidente requiere atención médica en una clínica con inversión americana o necesita medicamentos de un laboratorio norteamericano. La operación sería ilegal. Ni siquiera por razones humanitarias puede un sancionado recibir atención médica de entidades bajo jurisdicción de EE. UU. sin una licencia especial del Tesoro. Así de fría es la sanción: no distingue entre salud, alimento o protocolo. Su propósito no es moralizar, sino bloquear el dinero.
El avión presidencial
Si el avión presidencial despega o aterriza en un aeropuerto con capital estadounidense, los riesgos se multiplican. El combustible, los seguros y los sistemas de navegación aérea tienen vínculos con empresas norteamericanas. Usarlos en un vuelo donde esté un sancionado constituye una violación de la OFAC, incluso fuera del territorio de EE. UU. Cada vuelo del sancionado se convierte en una trampa legal para las empresas que lo asisten.
Los aeropuertos
Muchos países evitan recibir aviones de líderes incluidos en la Lista Clinton: no quieren comprometer su relación con el sistema financiero estadounidense. El aislamiento no se limita al aire: se extiende a cada pista, torre de control y proveedor que dependa del dólar. La sanción no impide viajar; vuelve imposible hacerlo sin arrastrar a otros a la ilegalidad.
El proceso para salir de la Lista Clinton
Salir de la Lista Clinton no es un trámite administrativo; es una batalla jurídica y diplomática. El proceso comienza con una petición formal ante la OFAC (Delisting Request), en la que el sancionado debe probar, con evidencia verificable, que ya no mantiene vínculos con actividades ilícitas ni con personas designadas. Debe presentar certificaciones bancarias, reportes fiscales y auditorías que acrediten el cambio de estructura y conducta. El trámite puede durar de tres a siete años y requiere abogados especializados en sanciones internacionales, con honorarios entre 500 y 1.200 dólares por hora. El costo total puede superar los 250.000 dólares.
Ejemplos concretos
El empresario colombiano Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, intentó salir de la Lista Clinton, pero la OFAC negó su solicitud por mantener vínculos indirectos con lavado de activos. El caso más emblemático fue el de Drogas La Rebaja, vinculada al clan Rodríguez Orejuela. Aunque la empresa fue desmantelada y convertida en cooperativa, tardó casi quince años en ser retirada parcialmente de la lista. Otro ejemplo es el del equipo América de Cali, incluido desde 1999 hasta 2013. Durante ese tiempo no podía recibir patrocinios ni participar en operaciones financieras globales. Solo después de una profunda reingeniería administrativa logró su exclusión definitiva con la aprobación de la OFAC. En contraste, políticos venezolanos como Tareck El Aissami o Diosdado Cabello siguen sancionados por su conexión con el régimen de Maduro. Salir de la Lista Clinton no depende de discursos, sino de balances.
El aislamiento que ningún discurso rompe
La fuerza de esta sanción se sustenta en la IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) y la Kingpin Act, que permite bloquear activos y prohibir toda transacción con designados por narcotráfico o corrupción. Ambas tienen efecto extraterritorial: cualquier empresa que use dólares o bancos norteamericanos queda bajo jurisdicción estadounidense. Es una red invisible pero eficaz: el dinero global pasa, en algún momento, por Nueva York. La Lista Clinton es la lepra financiera del siglo XXI: no destruye físicamente, pero borra del mapa económico global a quien toca. Y si esa lepra llega a un presidente en ejercicio, su contagio no será político, sino institucional. Petro podría descubrir demasiado tarde que no hay revolución posible sin cuentas que pagar.
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