El que parecía ser el último episodio de esta trama se dio el viernes 7 de noviembre de 2025. Ese día, la Fundación Universitaria San José anunció oficialmente la anulación del título de contadora pública que había sido otorgado a Juliana Guerrero, la joven a la que el gobierno de Gustavo Petro le tenía reservado el cargo de viceministra de la Juventud.
La decisión fue forzada por una denuncia incontrovertible hecha por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien comenzó por probar que Guerrero no presentó las pruebas de saber PRO, requisito obligatorio para optar por título de educación media y superior.
La frustrada viceministra anunció que enmendaría su error y hasta reservó fecha para presentar las pruebas de Estado, según lo confirmó el Icfes. Pero el asunto no iba a parar ahí. La misma congresista atizó más la hoguera del escándalo al ampliar su denuncia a comienzos de noviembre para demostrar que la joven cesarense habría falsificado su título porque no existía evidencia de que alguna vez hubiese asistido a clases.
En respuesta, Guerrero ha negado las acusaciones y ha anunciado que presentará acciones legales contra Pedraza. Sin embargo, la Fundación San José también acaba de confirmar que Guerrero no tiene registros académicos en la institución.
De confirmarse esta situación, otras entidades del gobierno tendrían que ofrecer explicaciones adicionales sobre el caso. Las2Orillas encontró en bases de datos públicas que Juliana Guerrero saldó recientemente una deuda por $11.084.000 que gasta el 31 de agosto figuraba entre sus obligaciones.
Si no cursó ninguna carrera profesional, ¿para qué requirió el crédito? ¿Por qué si miles de jóvenes en el país no tienen acceso a ese tipo de préstamos para pagarse sus estudios, a ella le habría sido otorgado de manera ágil y a lo mejor preferencial? Esas son algunas de las dudas que quedan entre el tintero.
Los únicos estudios probados que tiene Juliana, nacida en Codazzi, Cesar, son de nivel tecnológico. Se trata de los cursos que ha hecho en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sobre contabilidad básica, contabilización de operaciones comerciales y financieras, buenas prácticas agrícolas, adecuación de terrenos para el cultivo de hortalizas e inducción a los sistemas de gestión ambiental.
Aunque tiene investigaciones en curso asociadas con la falsedad en la que habría incurrido al conseguir que la Universidad San José le concediera el título de contadora pública sin haber cumplido con el requisito legal de las pruebas de Estado, en los registros públicos no reporta sanciones.
“En el componente judicial, se identifica un proceso administrativo bajo radicado 20001333300320220003900, donde Juliana Andrea Guerrero Jiménez figura como demandante en una acción de tutela contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), tramitada ante el Juzgado 003 Administrativo de Valledupar (Cesar). El proceso finalizó con sentencia de primera instancia a favor de la demandante, tutelando sus derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal. No se registran procesos judiciales en su contra ni medidas activas”, confirma un reporte preparado con base en la consulta de datos abiertos, concluyó un estudio de minería de datos.
Una indagación preliminar basada en un anónimo que hablaba de un posible crecimiento patrimonial no justificado por parte de Guerrero fue cerrada por falta de méritos.
La representante Pedraza ha abierto un nuevo frente en su escrutinio. La congresista consiguió el 2 de noviembre que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenara a la Universidad Industrial de Santander entregar información completa sobre la intervención de Guerrero en los contratos interadministrativos suscritos por esa institución con el Ministerio del Interior.
La representante ha encontrado por ahora un contrato por $14.500 millones entre la Universidad y el Ministerio, suscrito en el plazo récord de una semana. Su objeto social está descrito como la realización de actividades para la consolidación e implementación de rutas metodológicas de convivencia y seguridad ciudadana en varios territorios del país para fortalecer las capacidades de gestión territorial.
Por su “gestión y asistencia técnica” Guerrero recibiría honorarios, en promedio mensual, de $12 millones.
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