El fuego disparado por las cuotas petristas en el Consejo Nacional Electoral contra la Ley de Bancadas ha dado en el blanco y hoy enciende una fuerte controversia entre una de las magistradas de ese organismo y el partido Cambio Radical, liderado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
La colectividad decidió apelar a una acción de tutela con la que busca frenar una decisión de la magistrada del Pacto Histórico Fabiola Márquez, petrista purasangre, que levantó una sanción que Cambio Radical le impuso al congresista Temístocles Ortega, por haber votado a favor del proyecto de consulta popular presentado por el gobierno, en contravía de la posición adoptada en la bancada opositora.
Ortega, exgobernador y exministro, estaba sancionado con el comité de ética de su partido por su decidido respaldo a las iniciativas del gobierno, en una actitud que sus copartidarios consideran una grave vulneración a la Ley de Bancadas que le exige seguir la disciplina partidista.
Con la decisión adoptada por la magistrada, pese a las recusaciones que pesaban en su contra, Ortega recupera su derecho a la voz y al voto en el recinto parlamentario cuando se aproxima la recta final de la legislatura y están en salmuera proyectos clave para la administración Petro, como la reforma a la salud. La sanción original contra Ortega, tomada en septiembre de 2025, regía por tres meses.
El exgobernador de Cauca y exviceministro de Justicia se había alineado también a favor de la consigna gubernamental de votar por Patricia Balanta para el cargo de magistrada de la Corte Constitucional, aspiración en la que fue derrotada por el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo Assís.
De acuerdo con Los Motivos expuestos en su acción de tutela por Cambio Radical, la medida cautelar (preventiva y protectora) dictada en el Consejo Nacional Electoral a favor del congresista sancionado fue precipitada, pues no permitió al partido ejercer su derecho fundamental a su defensa.
La magistrada Márquez no habría esperado a que, como lo dispone el reglamento del Consejo Electoral, el siguiente de sus compañeros en lista asumiera el estudio de las causales de la recusación presentada en su contra y habría actuado de facto, como si no tuviese reparo alguno.
Márquez también fue denunciado penalmente ante la Corte Suprema por los presuntos delitos de prevaricato por omisión y fraude procesal.
El fue petrista con las decisiones de bancada de Cambio Radical ya había sido respondido en septiembre último, cuando el partido denunció ante la Corte ante la también magistrada Alba Lucía Velásquez. Ella también habría ignorado una recusación presentada en su contra para conocer de la sanción impuesta a Ortega y a la también senadora Ana María Castañeda.
La magistrada Velásquez hizo lo mismo que su colega Márquez y en el caso de la parlamentaria Castañeda rechazó “arbitrariamente” -según Cambio radical-la recusación y decretó una medida cautelar que detiene la sanción contra la congresista.
En medio del debate, el partico de oposición les ha hecho un llamado a los demás magistrados, entre ellos Maritza Martínez y Altus Baquero, para que asuman el conocimiento de las recusaciones y frenen lo que considera una vulneración a la ley que rige la disciplina de las bancadas en las cámaras.
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