En una noticia que ha sacudido la geopolítica global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este 8 de octubre que Israel y Hamás aceptaron la primera fase de su plan de paz de 20 puntos para Gaza, un marco ambicioso diseñado para poner fin a dos años de una guerra asimétrica devastadora que ha dejado más de 67.000 palestinos muertos y una catástrofe humanitaria sin precedentes.
Presentado el 29 de septiembre en la Casa Blanca, junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el plan —mediado por Qatar, Egipto y Turquía— incluye un cese al fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes israelíes restantes (unos 20 vivos y los cuerpos de 25), el intercambio por 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 detenidos en Gaza desde octubre de 2023, el retiro parcial de tropas israelíes a una “línea acordada” y la entrada inmediata de ayuda humanitaria masiva, con rehabilitación de hospitales, acceso a agua y remoción de escombros.
Netanyahu lo calificó como “un gran día para Israel”, mientras Hamás lo describió como un paso hacia “el fin de la guerra y la retirada de la ocupación”, aunque con “serios desacuerdos” sobre el desarme y la gobernanza futura. Las celebraciones estallaron en Tel Aviv y Gaza, pero la pregunta persiste:
¿este pacto representa un avance estructural hacia la paz o una maniobra retórica de Trump con miras al Premio Nobel de la Paz, ignorando las raíces históricas del conflicto —ocupación, asentamientos y disputa territorial—?
El anuncio, sincronizado con el aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 (que mató a 1.200 israelíes y capturó a 250 rehenes), no es casual. Trump, que ha reclamado el Nobel desde 2018 por los Acuerdos de Abraham (2020), lo describió como un camino para “terminar siete guerras”.
Las fases posteriores contemplan un “Board of Peace”, presidido por él mismo y figuras como Tony Blair, para supervisar la reconstrucción de Gaza bajo un comité tecnócrata palestino-internacional, financiado por un “plan económico Trump” de miles de millones de dólares.
Las reacciones globales son mixtas: líderes de Qatar, Jordania, Egipto, Turquía, Arabia Saudita y la Unión Europea lo aplauden como un “esfuerzo sincero”, mientras la ONU insta a “aprovechar la oportunidad”, pero advierte contradicciones con el derecho internacional.
Analistas como Marwan Bishara (Al Jazeera) subrayan “desacuerdos serios” sobre el retiro total israelí y el rol de Hamás, recordando los colapsos previos de enero y marzo de 2025.
Contexto histórico del conflicto
Para entender el anuncio, es clave revisar las causas estructurales del conflicto palestino-israelí, un legado de reclamos nacionales, colonialismo y disputas territoriales.
El conflicto tiene raíces en el siglo XIX con el sionismo, movimiento judío europeo ante el antisemitismo (pogromos rusos, caso Dreyfus) liderado por Theodor Herzl, que reclamó Palestina como “hogar nacional” bajo el Imperio Otomano, donde los árabes palestinos eran el 90 % de la población.
La Declaración Balfour (1917) prometió un “hogar judío” sin consultar a los nativos. Durante el Mandato Británico (1920–1948), la inmigración judía creció de 85.000 a 450.000, generando tensiones y revueltas (1936–1939).
La Resolución 181 de la ONU (1947) propuso particionar Palestina (56 % para el 33 % de la población), rechazada por los árabes. La independencia israelí en 1948 desató la guerra árabe-israelí y la Nakba: 750.000 palestinos expulsados y aldeas destruidas.
Las guerras de 1967 (ocupación de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, Golán y Sinaí) y 1973 profundizaron la ocupación y los asentamientos ilegales (Resolución 242 exige retiro). Hoy 750.000 colonos viven en territorios palestinos, fragmentando su soberanía.
Legalidad internacional y tensiones actuales
Desde el derecho internacional, el plan de Trump colisiona con resoluciones y dictámenes vigentes.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en su opinión del 19 de julio de 2024, declaró ilegal la ocupación israelí en los Territorios Palestinos, citando violaciones de la Convención de Ginebra y la Resolución 2334 (2016).
La Comisión de Investigación de la ONU (2025) concluyó que Israel cometió crímenes de guerra y genocidio mediante bloqueos y ataques indiscriminados, mientras Human Rights Watch documentó miles de civiles muertos.
El jurista Vincent Chetail afirmó que el derecho humanitario “ha muerto en Gaza”, con la ayuda usada como “ficha de trueque”.
Opiniones y análisis de expertos
- Carlos Santa María (analista geopolítico latinoamericano): ve alivio sintomático, no estructural; alivia el genocidio, pero perpetúa la ocupación. Probabilidad de éxito: 40–50 %.
- Thomas L. Friedman (The New York Times): lo califica de “hito potencial” si allana el camino hacia dos Estados; éxito inicial 50–60 %, pero limitado sin desarme de Hamás.
- Sanam Vakil (Chatham House): denuncia sesgo pro-Israel y exclusión de la Autoridad Palestina. Probabilidad: 30 %.
- Michael Milshtein (Universidad de Tel Aviv): reconoce aceptación de Hamás por supervivencia, pero advierte beneficios para Netanyahu. Probabilidad: 40 %.
- Mkhaimar Abusada (Universidad Al-Azhar, Gaza): lo considera un “mal menor” que ignora la soberanía palestina. Probabilidad: 35–45 %.
- ONU y DAWN: ven un alivio humanitario temporal, sin cambios estructurales. Probabilidad: 20–30 %.
- Natan Sachs (Brookings) y Hugh Lovatt (ECFR): lo comparan con Oslo (1993–1995), postergando fronteras y Jerusalén. Probabilidad: 25–40 %.
- Inés Abdel Razek (Instituto Palestino de Diplomacia Pública): lo tacha de “asimétricamente pro-Israel”. Probabilidad: <30 %.
- Atlantic Council y RUSI: advierten que, sin reconstrucción genuina ni normalización saudí, el acuerdo es ilusorio. Probabilidad: 30–40 %.
Los analistas coinciden: la fase 1 ofrece alivio táctico (60–70 % de éxito inicial), pero 80 % la considera insuficiente, pues la ocupación y los asentamientos persisten.
Conclusión
El plan de paz de Trump es un respiro frágil en un conflicto perenne. Tiene potencial simbólico, incluso para un Nobel efímero, pero sin abordar las violaciones al derecho internacional, corre el riesgo de repetir el fracaso de Oslo.
La comunidad global debe presionar por una implementación plena, guiada por la CIJ y la ONU, para transformar este espejismo diplomático en un paso hacia una paz real, con soberanía, justicia y equidad duradera.
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