La Registraduría Nacional llegó al cierre de 2025 con la sensación de haber avanzado más de lo previsto. No fue un año sencillo. Estuvo lleno de exigencias democráticas, nuevas herramientas tecnológicas, jornadas en zonas apartadas y un trabajo constante por recuperar la confianza en una institución que sostiene buena parte de la vida ciudadana en Colombia. En ese recorrido, la entidad que dirige Hernán Penagos se movió entre retos logísticos, decisiones técnicas y metas del Plan Estratégico 2023-2027 que comenzaron a materializarse con resultados visibles.
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El país vivió un ciclo electoral inusual. Durante el año se organizaron dieciocho elecciones atípicas, entre ellas tres de gobernador y quince para elegir alcaldes municipales. Cada una demandó coordinación, seguridad, pedagogía y un sistema que funcionara sin tropiezos. La entidad logró desarrollarlas de manera eficiente y transparente, mientras preparaba la última contienda del año en Bucaramanga, donde más de medio millón de ciudadanos estaban habilitados para votar en casi mil cuatrocientas mesas. Una cifra que demostró la magnitud del trabajo, pero también la postura de la Registraduría para demostrar que podía responder incluso en escenarios acelerados.
En paralelo, el país vivió la segunda elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, un proceso que en 2021 había dejado altos porcentajes de votos nulos y poca participación. Esta vez, sin embargo, más de un millón y medio de jóvenes entre 14 y 28 años se acercaron a las urnas y el nivel de votos anulados cayó a menos del dos por ciento. Ese descenso no fue casual. La institución dedicó meses a recorrer municipios, a explicar el proceso, a convocar a estudiantes y organizaciones juveniles, y a insistir en que esos espacios tienen valor democrático real. Fue una labor silenciosa, pero efectiva, sostenida por equipos que viajaron a territorios donde la presencia del Estado suele diluirse con facilidad.
Las cifras de identificación también mostraron otro tipo de desafío. En Colombia aún existen cerca de novecientas mil personas sin documento, un subregistro que afecta su acceso a derechos básicos. Para enfrentar ese panorama, la entidad desplegó jornadas en 450 municipios y entregó más de 270.000 documentos de identidad. La tarea se concentró en lugares donde la falta de vías, conectividad o presencia institucional había dejado a muchos ciudadanos por fuera del sistema. El plan de acercar la Registraduría a esas comunidades empezó a tomar forma con una mezcla de logística, equipos móviles y la convicción de que sin identificación no hay ciudadanía plena.
El tema de la inclusión también avanzó. La entidad fortaleció sus sistemas para garantizar el registro e identificación de personas trans y no binarias, incorporando categorías específicas en los documentos de identidad y preparando protocolos para que ese mismo reconocimiento se extienda al ejercicio del voto. Era un paso técnico, pero también simbólico, dentro de un país donde los trámites suelen avanzar más lento que la realidad social.
Mientras todo ocurría en tierra, otro trabajo se movía en el plano digital. La Registraduría intensificó su apuesta tecnológica con un énfasis claro: proteger los datos personales. Fortaleció su Centro de Operaciones de Seguridad, también avanzó en un modelo robusto de gobierno de datos y logró ampliar el uso de herramientas biométricas. La autenticación facial comenzó a utilizarse en procesos electorales para confirmar identidades y evitar suplantaciones, y también se habilitó para colombianos en el exterior que necesitaban actualizar su puesto de votación. La plataforma de inscripción de candidaturas para las elecciones legislativas de 2026 también pasó a ser virtual en más del noventa por ciento, lo que mostró un cambio en la relación de los ciudadanos con los trámites.
La infraestructura tecnológica de la entidad se volvió un punto de atención para organismos internacionales, que anunciaron misiones de observación para vigilar los procesos de 2026. Equipos de la Unión Europea y la OEA acompañarán las elecciones con más de doscientas cincuenta personas, mientras avanzan auditorías a los sistemas de información y a la logística operativa. Para la Registraduría, ese acompañamiento fue entendido como una oportunidad para mostrar solidez y, al mismo tiempo, reforzar la confianza en un país acostumbrado a cuestionar sus instituciones electorales.
La entidad también lanzó un servicio sencillo, pero esperado: la posibilidad de obtener copias del registro civil en línea. El trámite, que antes dependía de visitas presenciales y tiempos variables, ahora se puede realizar desde la página web. La respuesta ciudadana confirmó que era una necesidad pendiente.
En la rendición de cuentas de 2025, la entidad mostró estos avances con la misma mezcla de orgullo y prudencia con la que ha venido moviéndose. El Plan Estratégico 2023-2027 todavía tiene metas por cumplir, pero lo recorrido permite ver una transformación sostenida. La Registraduría terminó el año con indicadores de confianza en ascenso, procesos más sólidos y la sensación de haber hecho parte de un cambio necesario. No fue un logro individual ni un resultado improvisado. Fue un trabajo paciente, técnico y humano, construido por miles de funcionarios que recorrieron el país, actualizaron sistemas y mantuvieron en pie la estructura que permite que la democracia funcione día tras día.
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