Un documento confidencial de la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que el presidente podía autorizar una operación militar restringida para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela sin violar la Constitución ni el derecho internacional. El memorando, dirigido al Consejo de Seguridad Nacional, llegó once días antes del operativo que finalmente se ejecutó el 3 de enero.
El informe precisa que la acción debía limitarse a la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos para procesamiento judicial, evitando la ocupación o la escalada bélica. Según el texto, el uso de la fuerza no equivalía a declarar la guerra: “No todo uso de la fuerza militar constituye una guerra en el sentido constitucional”, subraya el documento. Además, el presidente no requería autorización previa del Congreso si determinaba que Maduro representaba una amenaza grave y directa a intereses nacionales, siempre que se respetaran límites de proporcionalidad y duración.
El plan operativo incluía un asalto en Fuerte Tiuna, en Caracas, con fuerzas especiales, apoyo aéreo y sabotaje eléctrico para reducir la capacidad de defensa y maximizar la sorpresa. El memorando también advertía sobre riesgos como la posible presencia de Cilia Flores, esposa de Maduro, descrita como “más agresiva y combativa que su marido”.
La OLC fundamentó la operación en la peligrosidad atribuida a Maduro: narcotráfico, vínculos con grupos armados extranjeros y represión interna tras las elecciones de 2024. El documento subraya que la intervención debía interpretarse como apoyo a la aplicación de la ley, no como invasión o guerra, y que cualquier decisión del presidente se basaba en la evaluación de inteligencia del Ejecutivo, sin verificación independiente por parte de la OLC.
El memorando reconoce riesgos elevados, incluyendo represalias, escalada militar y repercusiones políticas y diplomáticas, y enfatiza que la legalidad no elimina las consecuencias internacionales. Entre los puntos clave, resalta que el objetivo era capturar, no matar, y que la autoridad presidencial era suficiente para autorizar la operación dentro de los límites legales definidos.
Once días después de este análisis legal, el gobierno estadounidense ejecutó la captura y traslado de Maduro a Estados Unidos, un episodio que marcó un hito histórico por la acción directa sin intervención de organismos internacionales.
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