En la pasada semana se conocieron los nombres de cuatro mujeres que ocuparán los ministerios de Salud, Cultura, Ambiente y Agricultura y Desarrollo Rural. No sorprende que las designadas en las cuatro primeras carteras, se destaquen más por su activismo político en la izquierda radical, que, por ser estadistas, pues es el perfil que más se acomoda a los impulsos adanistas de Petro. El caso de Cecilia López Montaño, en cambio, es diferente: sobresalen en ella veinte años de servicio público honorable, una formación técnica sólida y un apocado activismo político liberal, aunque independiente de las estructuras actuales que gobiernan ese partido.
Precisamente por haber trasegado tanto en el Estado, es que esperamos de Cecilia, el talante democrático, rigor técnico y equilibrio suficiente, a la hora concertar las reformas que anuncia. Lo afirmo, en parte, porque sus primeras declaraciones han generado tanta confusión como incertidumbre en el mercado. A pesar de que ha dicho que “va a haber reforma agraria sin expropiación”, al tiempo sostiene que, su prioridad es “activar el agro” a base de “redistribuir la tierra”, para lo cual optará por comprar aquellas tierras que estén “improductivas”, con recursos que se obtengan de “los impuestos”. Dijo sin ánimo dubitativo que “al que tenga una cabeza de ganado en una tierra muy fértil le caerá un impuesto muy alto. ¿Cuál es su alternativa? Volver más intensiva su ganadería o dedicarla a la agricultura si esa tierra es apta para eso; o se la vende al Estado para tener cómo pagar el impuesto”. Así las cosas, si del trazado de la reactivación del agro con base en redistribución de tierras surgen inquietudes, lo dicho respecto a los propietarios de hatos ganaderos lo que produce es perplejidad.
El primero de los interrogantes gira en torno a la nueva carga impositiva que se anuncia: ¿a qué impuestos se refiere? Remitidos al plan fiscal del que ha hablado José Antonio Ocampo, en el que aspiran recaudar 50 billones, se sabe que es para financiar los ambiciosos programas sociales prometidos por el presidente electo, entre los cuales no está la compra de tierras. Ahora bien, si de lo que se trata es del aumento del impuesto predial con base en el cacareado catastro multipropósito, me temo que Cecilia tendrá que retomar sus lecturas de la Constitución de 1991, en especial, el artículo 317 que claramente dice: “Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble”. El mandato constitucional clarifica que no le corresponde al legislador gravar con impuestos a los predios rurales y menos para financiar programas del resorte nacional.
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El primero de los interrogantes gira en torno a la nueva carga impositiva que se anuncia: ¿a qué impuestos se refiere?
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¿Con base en qué criterios se establecerá si un predio es o no productivo?, es la segunda incógnita. Leí con atención en la entrevista que concedió a Yamid Amat en El Tiempo, que se cuenta con “información de las áreas donde hay conflicto de uso, como aquellas que podrían ser agrícolas y no lo son, o forestales y tampoco lo son. (...) habrá unos índices que se van a construir con una serie de variables para establecer cuánto se puede esperar de una tierra en términos de producción. Será una metodología seria, en la que ya estamos trabajando”. Si esto es así, ¿por qué no se publica esa información? Si ya están trabajando en construir unos indicadores que resultan tan determinantes con relación a la propiedad privada de algunos, la pregunta que reflota es ¿en qué momento los concertarán con los afectados?
Ante la pregunta de cómo va a convencer a los ganaderos de que entreguen parte de sus tierras o las utilicen para otras actividades que tengan que ver con la siembra y producción de alimentos, y no de pastoreo de ganado, la ministra designada afirma que deberá haber un acuerdo. “No se trata de obligar, sino de acordar. Habrá un catastro multipropósito”. Sin embargo, después añadió que en cualquier caso si un ganadero no está dispuesto a la negociación “o se la vende al Estado o paga el impuesto”. Llegados a este punto, debo decirle a Cecilia que, en lugar de intentar medidas inconstitucionales, resulta más responsable que se hable con claridad de dos figuras contempladas en el régimen agrario vigente: Extinción de Dominio y Expropiación administrativa. Pero antes que eso, haría bien la ministra en pensar en otras figuras menos extremas como las propias de la economía solidaria.
Nadie se opondrá a que dentro del marco de la Constitución y la Ley se acuerde y adelante una reforma agraria que busque volvernos una “potencia mundial agrícola”. El problema de fondo, y ya tendrá tiempo de advertirlo la ministra, es que la mayoría de las tierras improductivas no son grandes extensiones, son pequeñas unidades cuya baja productividad se debe a la falta de asistencia técnica, tecnología, vías, infraestructura, servicios públicos y recursos para invertir en cultivos que generen rentabilidad. Ha de saber que aunque el territorio nacional alberga un total de 114 millones de hectáreas, sólo se ha logrado intervenir significativamente 53,6 millones de hectáreas, así como que no existen los incentivos para cultivar alimentos, dada la compleja actualidad de las condiciones del mercado interno y externo.
Formular las políticas públicas e impulsar las reformas que aconsejen los estudios macroeconómicos, para promover el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible del sector agrícola, pecuario, pesquero y forestal, constituyen el gran desafío del Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural. No es su misión gestionar cargas impositivas de calado y trasfondo expropiatorio, propio del afán de cumplir con la Reforma Rural Integral que firmó Santos en el pacto de la habana –sin entender qué firmaba- con quienes solo han producido, en el sector rural, quiebras, muerte y coca.
Ser “potencia mundial agrícola” depende más de la industrialización de la actividad, del establecimiento de políticas de crédito útiles y oportunas, y de la optimización del uso del agua, que de redistribución de la propiedad de la tierra. Quizá pasa por la asociación de recursos humanos y financieros propia del ingenio de los formuladores de políticas, tanto como de la racionalidad en la inversión de los administradores de las rentas.
Corren tiempos difíciles y el dólar se irá sintiendo fuertemente en los alimentos y en el comercio, enfocar bien las prioridades resultará tan valioso como ser prudente, respetada ministra...
@sergioaraujoc
