El mandatario cuestionó la independencia judicial luego de la medida de aseguramiento intramural contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Petro calificó la decisión como una “venganza” y señaló a la magistrada María Leonor Oviedo Pinto, afirmando que fue la misma que “liberó a Uribe”.
Sin embargo, los registros judiciales cuentan otra historia. Actas del Tribunal Superior de Bogotá indican que la magistrada Oviedo Pinto no absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez; por el contrario, emitió un voto disidente y dejó constancia de que, a su juicio, las pruebas eran suficientes para una condena, calificando la conducta como “típicamente antijurídica”.
El presidente también sostuvo que no se escuchó a la defensa y expresó preocupación por la salud del ministro Bonilla, además de llamar al estudiantado a rechazar lo que denominó “criminalización de posturas intelectuales”. Desde la Rama Judicial, voces recuerdan que las decisiones se sustentan en pruebas y procedimientos, no en filiaciones políticas.
Mientras el caso UNGRD sigue su curso, la discusión invita a reflexionar sobre la separación de poderes y el valor de contrastar declaraciones con hechos verificables.
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