Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos atraviesan un nuevo episodio de tensión, luego de que en la página oficial de la Casa Blanca apareciera una imagen generada mediante inteligencia artificial (IA) en la que se muestra al presidente colombiano, Gustavo Petro, vistiendo un uniforme de prisionero estadounidense. El hecho no pasó desapercibido: el mandatario llamó a consultas al embajador en Washington, Daniel García Peña, para obtener información detallada sobre este delicado incidente.
Durante la IV Cumbre CELAC–UE, Petro aprovechó el escenario internacional para denunciar las supuestas intenciones del gobierno de Donald Trump de encarcelarlo, en represalia por su negativa a apoyar una intervención militar contra Venezuela. Además, señaló a sectores del conservatismo colombiano de estar detrás de un plan, junto al senador republicano Bernie Moreno, para criminalizarlo. Petro calificó como una “venganza” las acusaciones que, según él, provienen de alianzas entre políticos colombianos y el senador Moreno, motivadas por los debates anticorrupción que el presidente lideró contra este y sus hermanos.
Este episodio ocurre en medio de una agitada coyuntura nacional, marcada por la cercanía de las elecciones. Resulta preocupante que existan sectores políticos dispuestos a recurrir a este tipo de artimañas, que no solo atentan contra la integridad del presidente, sino que también afectan la estabilidad económica del país y generan un efecto dominó con graves implicaciones sociales. ¿Dónde cabe tanta mezquindad y ambición por el poder que se arriesga incluso el bienestar de la nación?
Por su parte, los gremios económicos han instado al gobierno colombiano a utilizar los canales diplomáticos para superar la crisis. La situación es especialmente delicada si se considera el despliegue militar de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, la reactivación de bases militares en países centroamericanos con alto poder de fuego, y la amenaza latente de agresión contra Venezuela.
La publicación de esta imagen constituye una acción intervencionista por parte de la administración Trump, que desconoce las instituciones colombianas, vulnera la administración de justicia y, sobre todo, representa una violación flagrante al derecho internacional, al socavar la confianza en la diplomacia. El presidente Petro está en todo su derecho de llamar a consultas a su embajador y exigir, mediante notas diplomáticas, una explicación formal sobre la imagen en cuestión.
Asimismo, es necesario advertir a ciertos sectores de la política colombiana que, en su desesperación y temor ante el avance de la izquierda, recurren a estrategias que podrían volverse en su contra. Auspiciar el enjuiciamiento del presidente Petro no solo es imprudente, sino que podría generar un efecto contrario a sus ambiciones de poder.
Por el bien de Colombia, se espera que Estados Unidos ofrezca una aclaración y una disculpa ante este grave incidente, y que ambos países continúen trabajando en el fortalecimiento de la cooperación bilateral, bajo un clima de respeto mutuo y soberanía compartida.
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