Se recuerdan por estos días los 40 años de la toma del Palacio de Justicia. Los medios, particularmente los noticieros de las grandes cadenas televisivas colombianas, han sido reiteradamente incisivos en traer a la memoria los hechos, con un indudable sesgo político electoral. Se trata de culpar al M-19 por la amarga tragedia desencadenada, pero, sobre todo, de señalar como responsable impune a Gustavo Petro.
El tema apunta a envolver tanto al Pacto Histórico como al conjunto de la izquierda y el progresismo, que llevaron a Petro a la presidencia en 2022, los mismos que se han propuesto llevar a la presidencia a Iván Cepeda en 2026. Es evidente que el abrumador resultado de la reciente consulta popular, que designó a este último como candidato presidencial, alarmó hasta el delirio a la derecha reaccionaria de este país.
Cunde entre ellos el pánico porque el proyecto del cambio sea capaz de persistir al frente del gobierno por otros cuatro años. La calumnia, recurso habitual en la clase política tradicional, retoma su importancia estratégica. Se trata de graduar a Iván Cepeda como el candidato presidencial de las FARC, el candidato de la guerrilla. Otro guerrillero camuflado que sucederá al Petro impune, algo que no se puede permitir.
En los entretelones de esta campaña se encuentra algo a lo que esa derecha infame teme más que al Palacio de Justicia, el exterminio de la Unión Patriótica. La reciente entrevista a María Fernanda Cabal lo demuestra. Quienes se atrevan a sostener que ese genocidio fue cumplido con la complicidad del Estado colombiano, si es que no fue planeado, diseñado y ejecutado por el mismo, son gentes enfermas, con la cabeza llena de cemento.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por semejante crimen resulta irrelevante. Toda esa gentuza que respalda ahora a Cepeda, como respaldó cuatro años atrás a Petro, sólo merece insultos, por fanática y ciega. Los hechos, sin embargo, son tercos, lo del palacio ocurrió los días 5 y 6, al tiempo que el Congreso fundacional de la UP tuvo lugar entre el 8 y el 10 del mismo mes.
Es decir, 3 días después, en medio del ambiente de terror que cundió en el país tras el envalentonamiento de la fuerza pública, que parecía haber dado un golpe militar, actuando y pronunciándose con una arrogancia temeraria. Los grandes medios, pese al horror que despertaba la aniquilación de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado por cuenta de la demencial retoma del palacio, respaldaban la acción militar como un efecto colateral necesario.
Había que culpar al M-19 de todo, a como diera lugar. Había que convertir aquello en su muerte y sepultura política
Había que culpar al M-19 de todo, a como diera lugar. Había que convertir aquello en su muerte y sepultura política. Ya no serían los románticos que se habían robado la espada de Bolívar, ni los muchachos que asaltaban carros de leche para repartirla en los barrios populares, ni la organización que había revelado ante el mundo, con la toma de la embajada dominicana, el carácter criminal de un gobierno y un Ejército torturadores y cínicos.
Ese mismo grupo insurgente había servido en bandeja la ocasión para hacerlo papilla, no sólo físicamente, al asesinarlos a todos, y, de paso, a las más altas Cortes del país, sino para machacarlos políticamente, borrar cualquier afecto del pueblo hacia ellos y hundirlos en el desprestigio absoluto. Ese M-19 era la guerrilla, la misma que se llamaba FARC, ELN o EPL, todas lo mismo, organizaciones subversivas que no merecían sino el linchamiento.
La UP sería el brazo político de esas guerrillas y por tanto no podía esperar un trato distinto. Lo sucedido después es conocido, la matanza indiscriminada contra sus dirigentes, militantes y simpatizantes. Manuel Cepeda Vargas, periodista y político comunista, cuadro destacado de la Unión Patriótica, sería otra más de las víctimas de ese designio asesino. Los mismos que ordenaron asesinarlo, señalan hoy a su hijo como candidato de la guerrilla.
Por encima del mito que intenta crear el propio Petro, para quienes fuimos testigos y protagonistas de aquellos años turbulentos, es claro que el Aureliano Buendía del M-19 no fue ninguno de sus comandantes o cuadros destacados. Se trataba de un guerrillero más, sin la influencia ni el protagonismo que suele atribuirse, y que además estaba preso cuando ocurrió lo de palacio. Atribuirle responsabilidad por ello constituye una venenosa aberración.
Lo del palacio fue una estúpida ingenuidad del M19, una torpeza que trajo gravísimas consecuencias para ellos mismos y la nación. Así lo ve el país que llevó a la presidencia a Petro. El otro país, el del degüello de los magistrados y el exterminio de la UP, el de la impunidad generalizada por esos crímenes y los más horrendos que sobrevendrían con los años, aún cree que con sus alharacas logrará tapar la verdad. Al cambio no lo detiene nadie.
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