Al impedir la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) la transmisión de mensajes institucionales presidenciales por la televisión pública o privada, claramente está ejerciendo una forma directa de censura que viola mis derechos fundamentales como ciudadano a recibir información de interés. Mi libertad de información está consagrada en la Constitución de 1991 (Art. 20), mediante la cual se garantiza mi derecho fundamental a recibir información veraz e imparcial, y que en Colombia no habrá censura. El artículo dispone: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial…”.
En una democracia, el acceso a la información pública y la libertad de expresión son pilares esenciales para la participación ciudadana y el control social del poder. Por ello, las decisiones de la CRC de limitar y condicionar las intervenciones del presidente de la República en el uso de los medios públicos y privados de televisión representan un retroceso democrático, retrógrado y politizado. Esta medida, lejos de garantizar equilibrios informativos, restringe mi derecho ciudadano a estar informado directamente por la máxima autoridad del país.
Vulnera la libertad de expresión institucional y personal, y entorpece la deliberación pública. El presidente de la República, conforme al mandato constitucional y legal, tiene la facultad de dirigirse a la Nación para informar, orientar y explicar decisiones de gobierno, políticas públicas y hechos de interés general. La decisión también afecta el derecho colectivo de la ciudadanía a estar informada de manera directa por el jefe de Estado.
La CRC, en su papel de regulador, tiene la obligación de actuar con imparcialidad y proporcionalidad. Sin embargo, su decisión adolece de ambos principios. En lugar de establecer parámetros objetivos, claros y razonables, impone restricciones discrecionales que abren la puerta a la censura y al silenciamiento político selectivo. Regular la comunicación institucional del presidente no puede confundirse con ponerle mordaza al debate público de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer de primera mano las posturas, decisiones y acciones del jefe de Estado, sin filtros, sin mediaciones y sin barreras impuestas por organismos administrativos con ambiciones dictatoriales.
Además, esta regulación atenta contra mi derecho a la participación democrática. Una ciudadanía informada es condición para ejercer el control político, cuestionar decisiones gubernamentales y contribuir al rumbo del país. Cuando la CRC actúa con criterios vagos, discrecionales o desproporcionados, sustituye la deliberación ciudadana por una decisión administrativa que pretende “dosificar” la información. Ese no es el papel de un regulador: su función es garantizar derechos, no restringirlos.
Paradójicamente, mientras la CRC se escuda en la necesidad de “garantizar pluralismo”, su decisión termina empobreciendo el pluralismo informativo. El pluralismo no se logra callando voces institucionales, sino asegurando que todas las voces puedan ser escuchadas en igualdad de condiciones. Y si hay excesos, deben corregirse con mecanismos transparentes, no con restricciones previas que rozan la censura.
La regulación de las comunicaciones presidenciales debe hacerse con criterios técnicos y respeto al marco constitucional de derechos humanos, siempre bajo el principio de máxima divulgación de la información pública hacia los ciudadanos. Lo contrario es caer en un autoritarismo regulatorio.
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