Es totalmente razonable la euforia con la que muchos colombianos recibieron la noticia de la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. Una masa creciente de ciudadanos se han venido zafando del control que los aparatos ideológicos ejercen para mantener capturado su pensamiento y sus percepciones sobre la política interna y exterior. Precisamente, ese despertar de la libertad de pensamiento se estaba expresando con fuerza hasta que se atravesó la pandemia y abrió un paréntesis que ha sido bien aprovechado por el establecimiento para acentuar los programas que las marchas tenían bloqueados.
Por eso, de una manera sorpresiva, con las fuerzas sociales y rebeldes maniatadas por el “aislamiento preventivo obligatorio”, se produjo por primera vez en la historia contemporánea de Colombia la detención de un expresidente, pero no de un expresidente cualquiera, sino de quien seguía gobernando sin la banda presidencial, fungiendo de senador y de líder natural del partido de gobierno. El día anterior a la decisión judicial, el presidente Duque había hecho una defensa férrea y ciega de su jefe político, irrespetando abiertamente la separación de poderes y la independencia de la Corte Suprema de Justicia.
Uribe está señalado de la comisión de delitos de lesa humanidad y de pactos con grandes mafias del narcotráfico a través de su larga trayectoria política, pero los procesos duermen el sueño de los justos en varios tribunales. Los efectos propiamente judiciales de su detención domiciliaria posiblemente se agotarán en la guerra de impugnaciones, tutelas, segundas instancias, dilaciones y mañas de una nube de abogados al servicio del bajo mundo que lo rodean. Habrá, si se quiere, un pulso jurídico con un trasfondo político entre quienes defienden la justicia y las cortes, y quienes apuestan a deslegitimarlas cuando uno de los suyos está en sus manos.
No debe olvidarse sin embargo, que los delitos imputados al expresidente son fraude procesal y soborno de testigos, delitos comunes que en principio parecen ajenos a sus actuaciones en política, pero que en su caso, las declaraciones de los testigos sobornados lo vinculaban en la creación de grupos paramilitares y en asesinatos. Lo que cada vez menos colombianos creen es que pueda haber alguien tan “de malas” como Uribe, con tantos subalternos condenados por graves delitos y otros fugados, con tantos indicios de nexos con mafiosos y corruptos, tantos testigos accidentalmente fallecidos, y sin deudas con la justicia. Por eso, la determinación de su detención aunque no es una condena, se siente como un alivio para muchos colombianos.
La rama judicial ha sido la que más poder y relevancia ha perdido en el contexto de crisis institucional profunda que vive el Estado colombiano. El proyecto mafioso que se está imponiendo desde el siglo pasado consiste, entre otras cosas, en un país con justicia de bolsillo, tutelada por el poder presidencial y el Congreso; esa justicia cenicienta del poder público convierte al Estado en fallido, incapaz frente a la delincuencia organizada y frente al aniquilamiento gota a gota de los liderazgos sociales en Colombia. Así la decisión tomada por la corte este martes significa un grito de independencia de la rama judicial, inesperado para todos los analistas, que puso en su punto al presidente Duque y al Centro Democrático.
No todo ha sido desmovilización durante la pandemia. Es innegable la necesidad de la calle y de la multitud para que las rebeldías se hagan sentir, mucho más cuando veníamos de unas oleadas de protesta que fueron paradas en seco por la cuarentena, de manera que el Centro Democrático "la sacó barata", pues, en medio de las marchas callejeras, la detención de Uribe hubiera sido un diciembre adelantado. Pero tampoco se pueden negar las resistencias que muchos ciudadanos y ciudadanas practican desde sus residencias o sus sitios de trabajo, haciendo pedagogía sobre los temas de la política nacional y local, los de la salud, la educación, la alimentación y todos aquellos que se agudizan o se expresan con más fuerza en la crisis sanitaria. Hay un activismo de redes sociales que mantiene la temperatura política alta, promoviendo campañas de opinión en muchos sentidos sobre variados temas. Las carencias y las restricciones en la vida cotidiana que impone la pandemia, eleva también las sensibilidades sociales y pone a muchos a pensar la vida, el mundo, los territorios y el país. Hay un mundo que no se compone de calles y plazas, aunque interactúa con ellas; resiste mejor la represión del Estado, es el mundo comunicacional.
En ese mundo de las comunicaciones el establecimiento ha sido perdedor neto durante esta pandemia. En los primeros meses, la imagen del gobierno estuvo en recuperación al amparo de un alud de normas de comportamiento y de decretos en materia económica, haciendo creer a la gente que Duque tenía control de la situación. Pero pasados varios meses de privaciones, cuando el gobierno dijo que no podía sostener a nadie y tocaba salir a darle la cara al virus —además nos dijo “atenidos”—, muchos ciudadanos entendieron el juego. Se trataba de ganar tiempo pero ese tiempo no fue aprovechado, y no se podía aprovechar porque el presidente no se manda; debe gobernar para quienes lo han financiado y han sido los soportes de los presidentes anteriores también. Los banqueros hablaron y decidieron que la crisis no la pagaban ellos sino otros. Ese es el contexto de baja favorabilidad en que llega una decisión judicial que tiene al gobierno con los pelos de punta; es una pedrada en un ojo tuerto.
La detención de Uribe es el fin del mundo para un sector importante de sus seguidores, los más apasionados y enceguecidos que no se imaginan la política sin su patrón. Las horas transcurridas desde el anuncio de la medida han sido suficientes para escuchar toda clase de desfachateces. La senadora Paloma Valencia anunció convocatoria a una constituyente que reforme la justicia y destruya la Jurisdicción Especial para la Paz; otros están llamando a la reserva de las fuerzas militares a organizarse para salvar al país; hay intentos de organizar caravanas de vehículos en las grandes ciudades. Están viviendo una locura colectiva que, por fortuna, tiene pocas posibilidades de crecer. Los más mesurados hablan de un complot contra el expresidente que culminó como se quería, olvidando que este proceso lo inició el mismo Uribe cuando denunció a Iván Cepeda de compra de testigos para incriminarlo, pero como reza el dicho popular “le salió el tiro por la culata”, pues el denunciante es quien hoy está denunciado y asegurado.
Tampoco estamos hablando del inicio de una primavera colombiana. No es el fin del uribismo. El uribismo no es simplemente la opción política de votar por el exmandatario o por quien él señale; más que eso, es profesar un credo que se impuso a muchos colombianos en ocho años de gobierno, desde la Casa de Nariño pero también desde los grandes medios de comunicación, basado en los intereses de una clase terrateniente mafiosa, agresiva con los proyectos de cambio y modernización de la sociedad. A ese proyecto adhirió casi toda la clase política, arrastrando a grandes sectores populares a la corrupción, a la cooptación, a la venta del sufragio y a votar por sus verdugos más declarados. El ideario que se hizo dominante hizo retroceder a Colombia a la Guerra Fría, a la cacería de enemigos internos, a las estigmatizaciones y al “todo vale” para destruir moralmente a quienes piensan distinto.
Salir del pantano del uribismo no ha sido fácil para la sociedad colombiana; aún preso, el expresidente seguirá gobernando mientras luzca la banda presidencial Iván Duque, y las ideas y los comportamientos uribistas siguen orientando las conductas públicas y privadas de muchos ciudadanos, unas veces en forma abierta o agresiva, otras veces disfrazadas de analfabetismo político o apoliticismo. Sacar del juego político a Uribe (a la cárcel, al hospital o al cementerio) no es acabar con el uribismo; este solamente se puede derrotar en el plano de la política, de las ideas, de las movilizaciones y del sufragio. Igual que cualquier mafia, el uribismo puede sobrevivir sin su capo. En otras palabras, el “redentor” Uribe seguirá viviendo en las mentes de muchos colombianos mientras otro proyecto de país y de sociedad no logre imponerse políticamente en Colombia.
En mi opinión, el reinado de Álvaro Uribe en la política colombiana es la continuidad del de Pablo Escobar en el bajo mundo y en la cotidianidad nacional. Este en la mafia sirviéndose de la política y aquel en la política sirviéndose de la mafia. Escobar en las dos décadas finales del siglo XX y Uribe en las dos primeras del siglo actual. Esa es la línea de continuidad que tienen los 40 años de la historia reciente de Colombia.
Álvaro Uribe se encuentra en su hacienda el Ubérrimo, sobre la cual escribió en 2014 un libro Iván Cepeda, su víctima. Él pasará a la historia no solo por su detención domiciliaria, sino como el expresidente que quiso serlo por tercera vez y después se negó al uso de buen retiro; el expresidente que, en lugar de sentarse a escribir sus memorias, jugar con sus nietos y a viajar con pasaporte diplomático, prefirió seguir en la persecución de sus enemigos y haciendo “torcidos” que lo tienen al borde de una condena definitiva por unos delitos comunes, ajenos a la investidura de cualquier presidente de cualquier país.
Con el cuerpo de Uribe en el Ubérrimo” y posteriormente en Rionegro, y su espíritu dañino en la presidencia, el congreso, las fuerzas armadas y su partido político, el país entra en una coyuntura inédita, en la que una fuerza con poder real dentro y fuera del Estado empieza ya un desafío abierto a la Constitución de 1991. Cada vez que esa fuerza se ha sentido perdedora en la arena política, ha amenazado con una constituyente que reordene el Estado conforme a su proyecto de minimizar la justicia y el poder legislativo, convirtiendo al ejecutivo en un monarca omnipresente y todopoderoso, que se pueda entrometer en las decisiones de todas las ramas del poder como lo hizo Uribe y le aprendió Duque.
No es usual que un sector del establecimiento colombiano, y menos el partido de gobierno como en este caso, se insubordine. Su unidad está levantada no sobre convicciones democráticas sino sobre privilegios. Eso es lo que muchos no aceptan: que sus privilegios sean amenazados y que cualquiera de los intocables sea llamado a responder ante la justicia. Parece mentira, pero la contradicción de fondo aquí, la resolvieron las sociedades hace siglos, cuando fundaron repúblicas, Estados de derecho y constituciones. El principio de la igualdad ante la ley es el punto de partida de cualquier ordenamiento jurídico moderno; por eso la humanidad ha visto con normalidad que en modestos países iguales al nuestro, suramericanos para más señas, sus presidentes hayan sido encarcelados, los señores Alberto Fujimori y Augusto Pinochet.
Lo que muchos celebramos en este momento es que haya una luz de modernidad; que veamos posible entrar a un proceso de construcción democrática, derrotando esta rebelión continuada de la extrema derecha que en cabeza del uribismo, persiste en convertirnos en “república banana”, donde un patriarca subordine a toda la sociedad hasta que buenamente se retire a esperar la muerte en la mejor de sus haciendas.
