Por primera vez un estadista colombiano plantea abiertamente la teoría más actual de la política mundial con acciones concretas y con propuestas dentro de los marcos democráticos, abjurando de la violencia y apostándole a la paz, a la paz total.
Como se recordará, Ernesto Laclau nos enseñó que “la tarea de la izquierda no puede consistir en renegar de la ideología liberal democrática sino, al contrario, en profundizarla y expandirla en la dirección de una democracia radicalizada y plural” (2006, p. 222).
He ahí la síntesis del discurso de Gustavo Petro, el presidente de los colombianos, ofrecido este 14 de febrero desde un lugar inédito: una ventana-balcón de la Casa de Nariño.
Los rostros expectantes de los viejos y jóvenes reunidos en la Plaza de Armas parecieran estar ante un candidato en trance electoral y no ante un presidente en ejercicio: pervive la esperanza de unos colombianos que se han asumido como ciudadanos con derechos que son universales y que a su vez se reconocen como sujetos de justicia social y, con ello, este discurso adquiere dimensiones simbólicas que se entrelazan con el anhelo de cambio que ha motivado su elección.
El presidente Petro, con su reiterada defensa de la democracia y de la extensión de los derechos que conceden a sus ciudadanos las sociedades democráticas, buscó acallar las voces discordantes que —a la mejor manera de los dioses de la mentira política que desenmascaró Swift en el siglo XVIII—, utilizan las redes sociales y las artes vecinas de las medias verdades y la calumnia, para tergiversar los contenidos de los proyectos de reforma que presenta ante el lugar connatural del debate democrático: el Congreso de la República.
Radicalizar la democracia pasa por recordar cómo —en nuestro contexto— la política ha sido asumida en la dirección amigo-enemigo de que diera cuenta el soporte ideológico del nazismo (el viejo Schmitt) y no con la pretensión asociativo-social que planteara Hanna Arendt. Al respecto, Petro explicitó que en Colombia a “la política también la convirtieron en un instrumento del odio y no de la reconciliación”, con lo cual nos han mantenido inmersos en una confrontación violenta que ha durado tantas décadas.
Radicalizar la democracia implica buscar salidas lógicas, respetuosas de la Constitución y las leyes, para superar las enormes brechas entre sectores sociales que se han normalizado y defendido desde quienes usufructúan el aparato estatal y han impedido que la justicia social restañe las heridas de los más necesitados de nuestro país.
Se trata de un sector privilegiado que no ha querido entender que las demandas de las clases necesitadas, al no ser atendidas, se convierten en reclamos. De ahí, al estallido social solo media un incidente mínimo, un acto generador, un veinte de julio renovado y actual, cuyo “resultado fácilmente podría ser, si no es interrumpido por factores externos, el surgimiento de un abismo cada vez mayor que separe el sistema institucional de la población” (Laclau, 2005, p. 99).
Radicalizar la democracia está intertextualmente ligado, desde la perspectiva del actual gobierno, con la inicial propuesta de reformar la Ley 100 de 1993 y la Ley 50 de 1990. Y, para el efecto, ofreció argumentos que van desde la evidencia de un sistema de salud que, como ya lo dijera Allende desde los años 70, solo sirve a quien puede comprar la salud y que no abarca la totalidad del territorio nacional y que, con cifras de la OCDE, ubica a Colombia en el último lugar de prestación de los servicios de salud.
Igualmente, mostró cómo nuestro país es el país ocupa el último lugar entre los miembros de la OCDE o, en sus palabras, “somos la sociedad donde más se explota al trabajador”. Igualmente, afrontar el reto de una reforma al sistema pensional que permita acceder a un derecho que, por disposición legal y desde los fondos privados, solo hayan obtenido su pensión poco menos de 280 mil colombianos, de cerca de 20 millones de afiliados a tales fondos.
Radicalizar la democracia, en síntesis, implica valorar los caminos institucionales y emplearlos con miras a transformar las condiciones de inequidad y desatención a la dignidad de los colombianos, en tanto será el parlamento el que —en últimas— decida acerca de los proyectos de ley mencionados, los cuales constituyen, en sus palabras, opciones “para construir justicia social y garantizar derechos fundamentales de los compatriotas”.
Muchos serán los análisis que pueden hacerse y que se harán. Mucho podrá cuestionarse. Podrán compartirse o no las motivaciones del discurso presidencial, pero continuarán resonando en los ámbitos inéditos del Palacio de Nariño estas palabras: “No estamos pidiendo el socialismo ni el asalto al cielo. Lo que queremos es democracia y paz”. Y, claro está, ese final en que llama a la ciudadanía a ser activa en la defensa de sus proyectos, puesto que “solo una sociedad que se mueve podrá construir una Colombia potencia mundial de la vida”.
Radicalizar, pues, la democracia para garantizar la justicia social y vivir en paz. Nada menos.
