Para demostrar que todo estaría bien, cita las “últimas cinco elecciones de rector donde la autonomía ha salido fortalecida” (sic), según él.
Con ese patrón que emplea ya serían por lo menos siete ocasiones en las que “la autonomía ha salido fortalecida”, pero con una diferencia respecto a las anteriores: el proceso, igualmente ilegítimo en las anteriores, esta vez fue todo menos transparente y ha habido múltiples demandas porque se considera además ilegal: viola los estatutos propios de la universidad.
Lo que oculta su mensaje es el entrampamiento de que fue víctima el Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de gobierno de la universidad, y con él toda la comunidad académica en la reciente designación de rector. Eso ha convertido la universidad en un “campo de combate” (sic), debiendo ser un foro de debate.
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Lo anterior ha sumido a la Universidad Nacional de Colombia en una profunda crisis, quizá la más delicada en el último medio siglo y con seguridad la peor en lo que va corrido del presente siglo.
En efecto, su autonomía ha sido violada, pero no por el Gobierno Nacional al nombrar un ministro ad hoc que dirima el conflicto sino desde el momento mismo en que se impuso al CSU un esquema de votación extraño a sus estatutos.
Posteriormente por la toma de posesión en forma indebida e inédita de quien fue impuesto como rector mediante ese procedimiento.
Ante el riesgo de que el semestre sea cancelado y sobrevengan mayores perjuicios que ya empiezan a vislumbrarse, el ministro ad hoc nombrado por el Gobierno para resolver la crisis ha pedido que se designe por parte del CSU un rector provisional mientras las instancias respectivas fallan a favor o en contra de la legalidad y legitimidad del nombramiento y se dirime la polarización que ha resultado como consecuencia de escoger una vez más, en contra de la opinión abrumadoramente mayoritaria de quienes participaron en la consulta, a uno de los candidatos menos favorecidos en la consulta.
Es de advertir que la consulta no es vinculante, pero ese no es el meollo del problema. Para hacer claridad sobre los hechos que ocasionaron la crisis, vale la pena recordar que antes de la sesión del CSU en la que una mayoría de 5 contra 3 impuso, en contra de los estatutos que rigen para el caso, el voto secreto y el método Borda, el primero violando la exigencia de voto directo y el segundo fácilmente manipulable, como además quedó en evidencia, cinco de los consejeros se pusieron de acuerdo para entrampar la designación y hacer creer a la comunidad académica que la sesión habría transcurrido normalmente.
Al oscuro acuerdo, se infiere, habrían llegado esos consejeros en una reunión privada previa a la sesión del 21 de marzo que quisieron mantener en
secreto. En efecto, en la primera ronda, después de imponer el método mencionado, la votación favoreció por mayoría absoluta (5 contra 3) al profesor Múnera y le fue desfavorable al profesor Peña. En la segunda ronda, ya innecesaria, en forma desconcertante el profesor Múnera fue eliminado y el profesor Peña pasó al primer lugar, sin que hubiera logrado en esa votación, tampoco en la tercera, la mayoría absoluta.
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Es de suma importancia detenerse a examinar qué pudo pasar, no solo entre la primera y la segunda ronda, sino también en lo ocurrido desde el mismo día de la consulta y hasta el día de hoy. Resumamos los hechos.
El día de la consulta uno de los candidatos expresó en un extraño chat que había existido fraude y uno de los consejeros lo apoyó públicamente en su queja. La denuncia no prosperó y todo indica que solo se pretendía arrojar un manto de duda sobre el proceso de consulta.
También se mencionó por parte de voceros de otra de las campañas que se habrían hecho amenazas durante la consulta, lo cual tampoco se verificó. Lo que sí es verdad es que tanto el representante de los profesores como la representante de los estudiantes al CSU se habían comprometido ante sus representados a respetar el resultado de la consulta del estamento correspondiente.
Lo mismo hizo el Gobierno, quien cuenta con tres votos. Es de subrayar que estos compromisos fueron hechos antes de realizarse la consulta.
Es evidente, pues, que de honrar las partes el compromiso adquirido, esta vez sí se respetaría la consulta y así ocurrió en la primera ronda. Del acta del CSU, incompleta hasta donde tenemos información en la medida en que no aparecen los nombres de los votantes en el momento de depositar su voto ni el candidato favorecido con él en cada caso, como correspondería a una elección transparente, se infiere que los dos representantes de profesores y estudiantes cambiaron su calificación de preferencia máxima a mínima entre la primera y la segunda ronda, en cuestión de minutos, faltando con ello a su compromiso con sus electores.
Se hace a todas luces evidentes que el empleo del método Borda no tenía otro propósito que salvar las apariencias: todo habría sido arreglado con anterioridad, a espaldas de los otros 3 consejeros, para eliminar el candidato que resultaba incómodo para algunos de los consejeros.
Descubierto el engaño, los dos representantes no tuvieron otra opción que reconocer su desfachatez y aceptar la traición hecha al estamento que decían representar.
Alegan estos representantes, tratando de salvar su reputación y justificar su proceder, que recibieron amenazas anónimas para pedir que el voto fuera secreto. Lo que corresponde en derecho es proteger la vida de quien denuncia haber sido amenazado y no cambiar la norma de elección expresamente estatuida.
Todo lo anterior llevó a la ministra de educación, quien debió firmar el acta dentro de un plazo estipulado por la ley, a no firmar mientras no se especificara en ella todo el proceso seguido durante la sesión. Debe aclararse que su firma no hubiera dado legitimidad al acto, de todas maneras demandable como efectivamente ha ocurrido.
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Pero el supuestamente designado rector mediante ese procedimiento ilegítimo hubiera podido recurrir a procedimientos legales diferentes a los que finalmente empleó, a saber: no posesionarse ante el CSU como corresponde y recurrir a una notaría para amparar su presunta posesión alegando que la rectoría estaba acéfala. Otro hecho presuntamente preparado de antemano.
Ahora que el Gobierno ha nombrado un ministro ad hoc para reemplazar en el CSU a la ministra de educación que se declaró impedida, el tema de la autonomía universitaria se ha convertido en un
nuevo factor de polarización. Personajes de ingrata recordación como el ex rector Fernando Sánchez Torres (recuérdese la masacre y desaparición de estudiantes del 16 de mayo de 1984), representantes del sector conservador de las universidades privadas y otros enemigos de la democracia han aprovechado para afirmar que ha sido el Gobierno quien ha violado la sagrada autonomía universitaria. No lo hicieron, por supuesto, cuando ellos fueron actores directos de esa violación.
La autonomía universitaria no reside en un órgano de gobierno sino en la integridad del sistema. El CSU no puede, en aras de la autonomía, violar los estatutos que le rigen. Como se expresó al comienzo de este comunicado, la violación se ha dado particularmente por el procedimiento mismo, ilegítimo y probablemente ilegal.
Ahora que se cuestiona el procedimiento, lo que ha dado lugar a demandas de diverso tipo ante las autoridades competentes que deben fallar sobre la legalidad o no del proceso, no puede alegarse que el nombramiento de un rector provisional por parte del CSU para salir de la crisis sea anticonstitucional y viole la autonomía universitaria.
Mal hacen los miembros del consejo que participaron de las maniobras para burlar las aspiraciones de cambio de la comunidad académica en sabotear las reuniones del CSU dirigidas a resolver la crisis, so pretexto de que “todo se hizo en forma transparente”.
Tampoco las siete designaciones anteriores han fortalecido la autonomía, pero debe reconocerse que se hicieron seguramente apegadas a la ley.
*Profesor titular con tenencia de cargo de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Estudios Ambientales, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.
