Ante la reciente crisis del petróleo y la reflexión que se ha puesto en órbita frente al cambio climático y la necesidad de una reformulación del paradigma económico actual hacia una economía de subsistencia es importante analizar cómo en una sociedad neoliberal (como la colombiana) parece que el extractivismo, la explotación minera y de recursos naturales han tenido un valor mucho más importante que la vida misma y, por supuesto, más relevante que las condiciones en las que viven las personas que habitan estos territorios.
Incluso, parece que estas poblaciones están representando hoy en día un obstáculo o una suerte de estorbo para el Estado y las empresas multinacionales en su afán de ejercer una explotación a gran escala y aumentar sus beneficios económicos. En Colombia, esto ha permitido que el Estado legitime su capacidad para ejecutar múltiples formas de exclusión y abandono hacia estos pueblos, en su mayoría originarios, evidenciando que efectivamente en un país como el nuestro la riqueza natural es quizá un símbolo de nuestra condena hacia el subdesarrollo. Según un informe realizado por el Instituto Popular de Capacitación en Europa:
Con relación al oro y los metales preciosos, los títulos mineros otorgados hasta el momento suman 2’124.094 hectáreas. Cinco empresas (Anglo Gold Ashanti, Continental Gold, Mineros S.A., Negocios Mineros S.A. y Proyecto Coco Hondo) controlan “más de la mitad del área en la que el Estado permite la explotación de metales preciosos”. Y esto es posible, entre otras razones, por la denominada “confianza inversionista”. De acuerdo con el informe, “es una amplia protección a las inversiones de las empresas, por medio de los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII), que mantienen las condiciones favorables para inversionistas extranjeros; los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI); los capítulos de inversión contenidos en los Tratados de Libre Comercio (TLC), los cuales crean el marco jurídico internacional para que empresas como Gran Colombia Gold puedan demandar al Estado ante tribunales internacionales”.
El extractivismo ha traído consigo la violencia como un fenómeno que se ha desarrollado a partir de la disputa por el territorio y la creciente extracción de materias primas y minerales que alimentan a diario la gran producción y el crecimiento económico de las distintas esferas políticas y las élites presentes en el poder. Esta tendencia neoliberal tiene múltiples impactos socioecológicos en nuestro territorio nacional, entre los cuales se pueden destacar nociones que increíblemente parecen de un orden casi colonial, como, por ejemplo, la desposesión de tierras, el desplazamiento forzado, la violencia de género, el conflicto armado y por supuesto la corrupción. De hecho, eegún las lecturas del extractivismo desde la epistemología feminista de María Belén Álvaro:
Algunos aspectos del extractivismo actual muestran de forma nítida sus modos neocoloniales de someter a los pueblos: las empresas extraen, pero no interactúan; compiten por recursos (agua, energía y tierras) con otras actividades como la agricultura, la ganadería y el turismo; empobrecen la tierra, el tejido social y aísla a las personas; consiguen —presionando económicamente— modificar las legislaciones, y su despliegue territorial constituye un ataque a la agricultura familiar y a la soberanía alimentaria (Bertinat y otros, 2014; Zibechi, 2014).
Lo anterior nos lleva a cuestionar principalmente por qué en la mayoría de países latinoamericanos, en este caso Colombia, cuya riqueza natural es abundante, parece que se da una especie de “maldición” que nos está condenando a un eterno subdesarrollo y de paso al sufrimiento de diversas formas de gobierno, despóticas y autoritarias. Acá la posición del gobierno se ha enfrentado desde hace ya varios años radicalmente a las alertas de movimientos ambientalistas y de derechos humanos, además de juristas, que han señalado que el modelo extractivista a gran escala solo supone una reprimarización de la economía y de manera inminente nos lleva a la destrucción, la miseria y la explotación de la vida misma, afectando a la seguridad alimentaria de los pueblos y provocando daños irreversibles en el ambiente. Esto sin dejar a un lado que los territorios con más minería y sobre todo a gran escala son los que tienen más necesidades insatisfechas.
De hecho, en un informe presentado por el IPC en Europa se da cuenta de la relación entre la minería del oro y el conflicto armado en el país, la violación de los derechos humanos, así como los beneficios de las multinacionales y la estigmatización de los mineros que no han accedido a un título.
De las más de ocho millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, el 46% de ellas están en los departamentos de Cauca, Antioquia y Nariño, las regiones en donde se presentan la mayor cantidad de asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros. De acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en 2019 asesinaron 107 líderes en el país, 115 en 2018 y en los primeros 13 días de 2020, 10. Gran parte de ellos en municipios dedicados a la minería.
Ante esta situación, el panorama no es muy alentador si tenemos en cuenta que en el punto extremo de este ejercicio del poder la economía está funcionando a partir de un derecho de apropiación del Estado sobre la vida misma, en el cual se ha ejercido una profunda transformación de ciertos mecanismos de dominación que llevan inevitablemente a la creación de territorios útiles y productivos a partir de la docilidad y la obediencia militar y política. Tanto el Estado colombiano como los grupos al margen de la ley se han apoderado de estos territorios bajo la premisa de garantizar seguridad a una población en medio de su interés por apoderarse de la extracción y comercialización de estos recursos. En efecto, desde esta apropiación política de la vida, el extractivismo es en una sociedad neoliberal el argumento crucial para considerar a una población como un obstáculo para el progreso y es allí donde se empezaría a legitimar su exclusión.
El extractivismo se ha convertido entonces en una de las causas fundamentales de la exposición directa e indirecta hacia la muerte, la exclusión y el rechazo político de campesinos, pueblos indígenas, líderes sociales y ecologistas, quienes son constantemente amenazados e incluso pueden ser asesinados sin cometer precisamente un homicidio. Con esto me refiero a una especie de muerte lenta como producto no solo de la contaminación sino también de la condición de abandono y silenciamiento que estos territorios están viviendo.
Referencias:
Álvaro, M. (2018). Co-construcción de conocimiento, traducción crítica y contra-retóricas del valor: Apalabrando las resistencias al fracking desde el feminismo. VI Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales, 7 al 9 de noviembre de 2018, Cuenca, Ecuador. EN: [Actas]. Ensenada: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Centro Interdisciplinario de Metodología en Ciencias Sociales. En Memoria Académica.
