El jueves pasado, un individuo que se movilizaba en una motocicleta por una de las vías principales de Cali, sin portar el casco, fue detenido por dos guardas de tránsito.
El energúmeno motociclista se indignó porque los guardas tuvieron la “osadía” de detenerlo por transitar sin casco y arremetió contra ellos con un arma blanca cuando le notificaron que le iban a imponer un comparendo.
Afortunadamente el caso no paso a mayores porque el infractor emprendió la huida sin lograr agredir a los guardas.
Por desgracia, no se trata de un caso aislado, las agresiones a los guardas son muy habituales en esta ciudad. De hecho, durante 2025 se registraron más de 50 ataques contra los responsables de controlar la movilidad en la capital del Valle.
Lo cual no es de extrañar en una de las ciudades más violentas de Colombia, en la que, durante el año pasado, se cometieron más de mil homicidios. Y es que Cali, a diferencia de Bogotá o Medellín no ha logrado una reducción significativa de las muertes violentas.
¿La razón? Cali es el escenario de permanentes enfrentamientos y cobros de cuentas entre las bandas dedicadas al narcotráfico en el suroccidente del país. La coca se siembra en el sur del Valle, Cauca y Nariño, pero los dueños de los cultivos viven (y muchos mueren) en Cali.
Pero la violencia no solo se puede atribuir a los enfrentamientos entre narcos. En esta ciudad reina un ambiente de intolerancia y agresividad, herencia directa de la cultura traqueta que se apoderó de ella en los años 80 y 90.
Ese ambiente hostil se ha extendido por la ciudad y se expresa, en especial, en las vías en donde todo el mundo hace lo que se la da la gana. Y además los infractores recurrentes montan en cólera cuando los llaman al orden. La cultura traqueta también distorsionó el principio de autoridad.
Con ese escenario tan complejo deben lidiar los guardas del tránsito caleño. Que es un cuerpo civil cuyos integrantes portan por única arma de defensa sus libretas de comparendos. Y sus cascos que con frecuencia tienen que usar para protegerse de los agresores.
El cuerpo de guardas de Cali fue creado hace más de medio siglo. Entonces esta era una ciudad civilizada en la que sus habitantes respetaban la autoridad, por lo cual no era un problema que los guardas no estuvieran armados.
Pero la Cali de hoy es una ciudad muy diferente. Y mandar a la calle unos civiles inermes para que intenten poner en cintura a los energúmenos y anárquicos conductores caleños es una irresponsabilidad temeraria.
Por eso, es hora de que las autoridades caleñas consideren seriamente entregarle el control del tránsito a la Policía, como se hizo en Bogotá hace casi 30 años.
Esos motociclistas furibundos y esos conductores anárquicos se lo pensarían dos veces a la hora de agredir a un agente armado. Y si lo hacen, que se atengan a las consecuencias.
Los guardas, que laboralmente están blindados por más de 15 sindicatos y por los concejales que son sus padrinos políticos, deben entender que los primeros beneficiados con entregarle el control del tránsito a la Policía son ellos.
Otra ventaja de tomar esa decisión es que los policías son menos propensos a la corrupción, que es otro cáncer que aqueja al cuerpo de guardas. El año pasado fueron removidos más de 30 agentes, acusados de recibir dinero para no imponer comparendos.
Acabar con el cuerpo de guardas no implica que sus integrantes queden en la calle
Otro plus de ese cambio es que la presencia de un policía armado en una vía genera seguridad en el entorno.
Acabar con el cuerpo de guardas no implica que sus integrantes queden en la calle. Los más jóvenes y que estén en mejores condiciones físicas, pueden ser incorporados a la Policía de Tránsito. Los demás pueden ser reubicados en otras dependencias de la Administración.
Pero la realidad demuestra que no se le puede entregar la responsabilidad de poner en orden a esa jauría que son los conductores caleños a unos seres inermes. ¿Cuántos guardas más tendrán que ser agredidos para que se cree conciencia de la necesidad de entregarle el control del tránsito a la Policía?
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