Nunca antes en la historia reciente de Medellín se había presentado una confluencia tan grande de gente en la manifestación y desfile del primero de mayo. Cifras conservadoras calculan en 25 mil los participantes en la manifestación, de tal manera que el hecho se constituye en una verdadera notificación política de oposición al gobierno de Uribe Vélez y del presidente Duque, en una coyuntura determinada por los trámites de las votaciones a las objeciones de la ley estatutaria de la JEP, por las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo y en medio del intento fallido de golpe de Estado militar en Venezuela, aupado por el imperialismo a través del autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó y del presidente de Colombia Iván Duque.
No se puede negar que la movilización ciudadana de masas ha sido la característica especial que ha marcado el desarrollo de los 8 primeros meses del gobierno errático y contradictorio de Duque, empezando por las manifestaciones callejeras el mismo día de su posesión como presidente el 7 de agosto, pasando por las manifestaciones estudiantiles que reclamaban la financiación para la educación pública, además de las continuos paros de los educadores y, ahora más reciente, con el profundo y extraordinario paro de la minga indígena, campesina y popular en el departamento del Cauca, que ya se estaba extendiendo a otros departamentos y que deja valiosas enseñanzas para el movimiento popular colombiano. Lo mismo que el reciente paro nacional del 25 de abril, que en realidad fue una marcha de protesta nacional contra los planes del gobierno y que en Medellín tuvo la participación de unas 10 personas, sin dejar de lado las movilizaciones de los caficultores y de los trabajadores de la coca en el Cauca, Nariño, Putumayo, Catatumbo y Bajo Cauca Antioqueño, para rematar ahora con las movilizaciones del primero de mayo.
En dichas manifestaciones se puede observar un hilo conductor que enlaza las diferentes protestas ciudadanas, indígenas y campesinas, inclusive las de los ambientalistas contra la contaminación del aire en Medellín y Bogotá. Aunque suene horroroso para los moralistas empedernidos, la manifestación pública de los “canabícolas” en defensa del consumo de la dosis personal de marihuana, que manifestaron su protesta en el parque de Berrío de Medellín.
En todas está palpitando la inconformidad y la indignación contra el régimen autoritario que quiere descargar la profunda crisis económica, política, social, moral e institucional del régimen dominante en hombros de las clases trabajadoras que ya no dan más para sostener la corrupción, la evasión y el contrabando de las mafias criminales enquistadas en el poder.
O si no veamos las denuncias de magistrados de la Corte Constitucional que se quejan alarmados e inseguros porque les están chuzando los celulares, por parte de una organización de delincuentes que ya está siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación, en una nuevo capítulo de “vuelven las chuzadas”, que recuerda el infame suceso durante un gobierno de cuyo nombre no quiero ni acordarme.
Sin embargo, las diferentes manifestaciones de protesta contra este estado de cosas no alcanzan aún a sobrepasar su estrecho horizonte gremial, de tal manera que toda la energía y la indignación de las mayorías populares se dispersa en manifestaciones gremiales defendiendo y exigiendo sus derechos particulares, sin trascender a un objetivo político programático general. En esto consiste precisamente la mayor falencia del movimiento popular colombiano en el momento actual.
Está bien que las consignas de las centrales obreras (CUT, CTC y CGT), las organizaciones de pensionados y la Coordinadora de Organizaciones Sociales y Políticas hayan convocado a la movilización planteando la lucha contra el Plan Nacional de Desarrollo que lesiona seriamente los derechos de los trabajadores, a tal punto que ya vamos a tener que pagar cuatro pesos más por kilovatio hora en los estratos 4, 5 y 6, para sacar a Electricaribe de la olla podrida en que la dejaron los desfalcos y la mala gestión de sus administraciones; que hayan convocado por la defensa de los acuerdos logrados entre Fecode y el gobierno para una reforma constitucional que le abra espacio a una reforma del sistema general de participaciones para la financiación de la educación pública; que hayan planteado el cumplimiento de los acuerdos celebrados entre el gobierno nacional y la minga indígena del Cauca; que hayan solicitado la defensa y cumplimiento de los acuerdos de paz con las Farc, la formalización del trabajo decente, una reforma pensional democrática y el rechazo al asesinato de líderes sociales.
Desde luego que estos objetivos de lucha elevan el nivel político de la confrontación democrática, pero se quedan cortos cuando no se visualiza el problema del poder. Es lo que está ocurriendo precisamente con el problema de la falta de trabajo digno, con el empleo, el desempleo, y la informalidad (la tasa de desempleo en Medellín se ubicó en 13.5%. Durante los tres primeros meses del año la cifra fue del 12.7% para las 13 ciudades principales. En el 2018 fue de 11.9%- (El Tiempo-1-5-2019)
Es decir, cómo podemos resolver el problema con el modelo económico neoliberal que está agenciando el gobierno bajo los dictados de las multinacionales; por eso si no se remontan las consignas hacia la conquista de un poder democrático, es imposible tener a la mano la solución de los grandes problemas nacionales a favor de las mayorías populares.
Obviamente las consignas obedecen a un momento concreto de la correlación de fuerzas, a un estado de organización, de unidad y de conciencia política; por eso es importante comprender hasta dónde llega la claridad política de las mayorías de los que desfilaron el primero de mayo en las principales ciudades de Colombia; hasta dónde alcanzan a comprender la importancia de lo que está pasando con la votación de las objeciones del gobierno a la Ley Estatutaria de la JEP en el Senado de la República, donde están ejerciendo el más burdo chantaje de cooptación de la independencia de los poderes públicos con la mermelada del ejecutivo para poder aprobar las objeciones del Gobierno que llevarían al desmantelamiento de la JEP; hasta dónde logran captar el verdadero y profundo sentido del ataque del gobierno a la Justicia Especial para la Paz, columna vertebral para la construcción de una paz estable y duradera; hasta dónde se comprende la importancia de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo que será la hoja de ruta del gobierno para crucificar a los trabajadores en los maderos del modelo de acumulación neoliberal.
No obstante que estas cuestiones están en la agenda de los grandes problemas nacionales, aún no se tiene la suficiente claridad política ni la necesaria unidad de acción de los sectores democráticos para enfrentar el desarrollo de los acontecimientos en las próximas elecciones de octubre; en otras palabras, la participación el primero de mayo es uno de los termómetros para medir la temperatura política de la oposición democrática al Gobierno de Uribe-Duque, que puede estimular los esfuerzos para la construcción de listas unitarias en la próxima campaña electoral.
A las marchas y protestas del paro nacional del 25 de abril se suman ahora los desfiles y manifestaciones multitudinarios del 1 de mayo en Medellín, Bogotá, y Barranquilla, principalmente, con las mismas consignas contra el gobierno y convocadas por las mismas organizaciones sindicales y políticas.
Con todo lo anterior, la unidad de acción política en las marchas y manifestaciones contra el gobierno, y de la unidad de acción parlamentaria de los partidos de oposición en el Congreso de la República, no alcanzan aún la madurez política para llegar a la presentación de listas unitarias a los Concejos municipales y Asambleas departamentales, y a la presentación de candidatos democráticos a las Alcaldías municipales y a las Gobernaciones departamentales. Aún hay mucha confusión en los sectores democráticos dentro de las amplias masas de inconformes y de abstencionistas, y aún dentro de las mismas direcciones de los partidos progresistas.
De cualquier manera, gane quien gane las votaciones de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP y quede como quede la redacción final del Plan Nacional de Desarrollo, en todo caso en estos cinco meses que faltan para las elecciones, se va a desplegar la más intensa campaña política electoral para ganar las alcaldías en las principales ciudades del país, por lo cual hay que seguir insistiendo en las listas unitarias y de convergencia democrática a los concejos municipales y a las asambleas departamentales, lo mismo que en los candidatos progresistas a las alcaldías municipales y a las gobernaciones departamentales, teniendo siempre en cuenta la perspectiva de profundización de la crisis estructural del gobierno y del sistema político de la clase dominante.
De cualquier manera hay que tener en cuenta la actitud revanchista del sector guerrerista de la burguesía dominante que tiene el poder en sus manos para contener las manifestaciones de la oposición con jugadas tramposas como formas de gobierno, (legales e ilegales); así como la connivencia con el asesinato de líderes sociales, que no puede ser que continúe con el programa de choque contra la resistencia del movimiento popular.
Ya se ha demostrado hasta la saciedad el carácter fraudulento del gobierno durante el aplazamiento y discusión de las objeciones a la estatutaria de la JEP en el Congreso de la República, de tal manera que se corre serio peligro de desmontar la lista de los que van a la Justicia Especial, y de echarle tierra a la verdad, la reparación y la no repetición con el cuento mentiroso de la extradición.
A estas reflexiones tenemos que añadir los desarrollos y posibles consecuencias de la crisis venezolana, que ahora se enfrenta al intento fallido de golpe de Estado militar del imperialismo, a través de la figura del autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó, con el apoyo del gobierno del presidente Duque.
Ante esta escalada golpista al movimiento democrático no le queda otro camino que la condena contundente y vertical de semejante estupidez política, insistiendo una vez más en la solución negociada del conflicto interno venezolano, porque una guerra internacional en Venezuela tendría dolorosas consecuencias para los pueblos de los dos países hermanos y serviría al imperialismo y a las oligarquías criollas para justificar su programa de terrorismo contra los sectores populares, como en efecto lo están haciendo con el bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo de Venezuela.
De cualquier manera el movimiento popular tiene que estar preparado para asumir la solidaridad en caso de la intervención militar; tiene que seguir desplegando las manifestaciones de masas en defensa de la paz, del llamando a los diálogos con el ELN, y asumir la campaña electoral con el criterio de la convergencia progresista para poder avanzar en la construcción de una paz y democrática.
