Los anuncios del gobierno de Petro sobre el TLC entre Colombia y Estados Unidos han sido múltiples.
En la campaña, Petro prometió revisar, renegociar o modificar el Tratado. El 16 de agosto de 2023, en una reunión con lideres cafeteros en Pitalito, anunció el inicio formal de la renegociación. En noviembre de 2024 dio instrucciones al entonces ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, de renegociar la parte de inversiones, lo cual concluyó con una simple nota interpretativa sin poder vinculante sobre el capítulo de inversiones.
Los ministros Germán Umaña y Ricardo Bonilla se esforzaron en matizar las afirmaciones de Petro señalando que no se trataba de renegociar sino de buscar equilibrios. La afirmación no mereció ninguna reprimenda ni aclaración por parte de un primer mandatario que ya en numerosos eventos ha desautorizado a funcionarios y ministros por no aplicar las políticas dictaminadas por él.
A raíz del reciente enfrentamiento con el gobierno estadounidense, Petro señaló en su cuenta de X: “Hemos mantenido las cláusulas del TLC que sobreviven porque se nos ha dado la gana, pero el Ministerio de Comercio tiene los decretos que aún no firmo, con una posición colombiana en defensa del trabajo nacional”.
El mismo 10 de octubre, Petro anunció que el TLC con Estados Unidos está suspendido porque Trump colocó unilateralmente aranceles adicionales del 10% a Colombia.
Sin embargo, a seis meses de concluir su mandato, no hay revisión ni decretos ni información sobre la supuesta renegociación y, por el contrario, la afirmación de que “lo mantenemos porque nos da la gana” evidencia que lo que hubo fue una gran parodia.
En qué casos EE.UU. puede incumplir el TLC
En el capítulo 22.2 sobre excepciones en materia de seguridad, el TLC establece: “Nada en este Acuerdo se interpretará en el sentido de: ‘impedir a una Parte que adopte cualquier medida que considere necesaria para proteger sus intereses esenciales de seguridad’.”
¿Quién establece cuáles son los intereses esenciales de seguridad? Sobre el punto hay un debate internacional, pero la posición de Estados Unidos ampliamente conocida es que él mismo, como una forma de preservar su soberanía, se reserva la potestad de definir autónomamente cuáles son esos intereses esenciales. Por eso, no ahora con Trump sino siempre, en caso de conflicto entre su propia legislación y la internacional, Estados Unidos se da el lujo de no acatar dictámenes.
Cuando los litigios comerciales se han llevado a consulta ante los órganos de la OMC, sucede lo que ocurrió en el caso de los aranceles al acero decretados por Estados Unidos, cuando Washington alegó que las importaciones afectaban su industria de defensa. Una definición de la OMC quedó suspendida por la parálisis del órgano de apelaciones, justamente porque Estados Unidos no ha nombrado los jueces para su funcionamiento.
Trump ha justificado los nuevos aranceles de por la necesidad de proteger su seguridad nacional y la seguridad económica de Estados Unidos y no existe autoridad internacional que pueda echar atrás la decisión.
La legislación interna de EEUU le permite a Trump los aranceles
Trump ha argumentado que la migración y el tráfico de drogas son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y, aunque no son fenómenos ni recientes ni locales ni súbitos, le han servido de pretexto para clavarle aranceles a todo el mundo.
Para tomar decisiones de este tipo sin pasar por un debate en el Congreso estadounidense, único organismo constitucionalmente apto para determinar aranceles, Trump se basa en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, que lo faculta para imponer aranceles de manera unilateral y rápida, como los impuestos a México, Canadá y China.
Bajo esta ley, el presidente puede declarar una amenaza “inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y a la economía de Estados Unidos, permitiendo así la imposición no solo de aranceles, sino también de otras medidas de protección.
El argumento usado es que la falta de “reciprocidad” en las relaciones comerciales, las barreras de otros países y los déficits comerciales masivos constituyen una amenaza a la seguridad y la fortaleza económica del país, pero en realidad se trata de un mecanismo para recaudar ingresos, imponer políticas tanto comerciales como en otros terrenos y recuperar la iniciativa comercial perdida ante China.
Aunque muchos sectores han demandado los aranceles por haber excedido las facultades que otorga la ley, es el Tribunal Supremo de EEUU el que acabará definiendo el litigio. Allí tienen mayoría los republicanos, el proceso puede ser largo y, mientras tanto, los aranceles seguirán funcionando. El Tesoro estadounidense estima que por los nuevos aranceles en 2025 EE.UU. recaudará más de 300 mil millones de dólares.
Desde el punto de vista de la OMC y de la legislación estadounidense, Trump tiene carta blanca para su política arancelaria. Ya Biden había usado este mecanismo especialmente contra China y gravó los vehículos eléctricos, los semiconductores, el acero, el aluminio y los paneles solares, pero Trump los universalizó y generalizó. También mantuvo los que Trump había elevado durante su primera administración. Por lo que puede estimarse que una eventual administración demócrata futura no dejará de mantenerlos, pues a pesar de la forma arbitraria típica de Trump, el proteccionismo y unilateralismo corresponden a la esencia de la política estadounidense, aunque haya diferencias de estilo y forma entre demócratas y republicanos. También el libre comercio se esgrimió siempre para exportar, penetrar mercados extranjeros y beneficiar a sus grandes empresas.
Los países que fueron inducidos a suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos hoy se encuentran con la realidad de que eran para Estados Unidos poder vender, no para comprar, y los TLC dan la válvula de escape: la apelación a la seguridad nacional con el pretexto de la lucha contra el fentanilo, el trafico de drogas, la inmigración la salud pública y la industria de la defensa.
Ni suspensión ni renegociación ni nada
Asuntos como el del tráfico de narcóticos o las migraciones se ventilan profusa y públicamente, mientras que sobre el TLC se guarda un sospechoso silencio. Aún más, varias medidas adoptadas por el gobierno van en la dirección de profundizar lo definido en el TLC y de someterse a las exigencias estadounidenses, como es el caso de abrir la importación de etanol e hilos o quitar restricciones a las importaciones de vehículos.
La apertura total para las importaciones de leche en polvo que pueden arruinar a miles de productores
No existe en las definiciones del TLC ni en la ley nada parecido a la “suspensión” del Tratado. Menos aún si las ruidosas declaraciones no se ven acompañadas de consecuencias prácticas. El TLC, a pesar del reconocimiento público de que es perjudicial, ni ha sido denunciado ni renegociado ni nada por el estilo. Hasta el momento siguen operando todas las cláusulas y es inminente la apertura total para las importaciones de leche en polvo que pueden arruinar a miles de productores
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