La caótica crisis que ha atravesado el litoral del Pacífico en los últimos años con respecto al aumento de cultivos ilícitos en su zona rural suscita todo tipo de reacciones entre los colombianos, pues el 40% de las 171 mil hectáreas de coca se ubican en la región del Pacífico, según el informe publicado en 2018 por el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). Para contrarrestar esto, algunos hablan de endurecer la acción militar en la zona y judicializar a los campesinos, negros e indígenas cohonestan con las estructuras delincuenciales presentes en la zona, y otros, que se debe hacer algo para responder a la crisis social que históricamente esta región ha padecido.
Pero, estas escalofriantes cifras del SIMCI, sumadas a algunas posiciones de la opinión pública, me dispongo a realizar algunos cuestionamientos sobre el asunto, en función de resignificar la discusión: ¿realmente la crisis que vive el litoral es producto de la baja presencia militar en la zona?, ¿se podría decir que está asociada a la carente presencia institucional del Estado en estas regiones del país?, ¿tendrá una relación directa con la dejación de las armas de las Farc y la debilidad del gobierno de Juan Manuel Santos para combatir los grupos armado ilegales, narcotraficantes colombianos y mexicanos?, ¿qué relación puede tener el concepto soberanía, tan mencionada por los “tecnócratas”?
Iniciando con la última pregunta, debo hacer una relación entre la posición de soberanía y la acción militar, la cual está ligada a la defensa de la integridad territorial y la protección de los ciudadanos, hecho que es enunciado por los grupos de poder, y que resuena aún más, con posturas como las del actual presidente Iván Duque. Pero, ¿será que esta defensa de la soberanía solo está vinculada a los intereses de unos particulares, la política partidista, los Estados consumidores y no precisamente a los intereses de los ciudadanos del litoral? Si nos remitimos a las cifras, la respuesta es sí.
Para motivar la discusión, responder la primera y tercera pregunta, estableciendo una relación con las cifras, el desplazamiento subregión del litoral se ha recrudecido según el Codhes tiempo después de la firma del acuerdo final, pues van más de 200 mil desplazados por la violencia en Colombia, de los cuales el 70% se concentran en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Muestra de ello son los 500 indígenas wounaan de tres resguardos del corregimiento Pichima desplazados la semana pasada, en el municipio del litoral del San Juan (Chocó); los 700 miembros de las comunidades indígenas y negras que salieron masivamente de la zona rural de Tumaco (Nariño), en enero; o las 19 familias que en el mes de mayo salieron hacia Buenaventura desde el río Naya, localizado entre los departamento de Valle del Cauca y Cauca.
Mencionando, además, que los atentados, amenazas y asesinatos a líderes sociales en toda la región aumentan exponencialmente, tal como sucedió el pasado 4 de mayo con la reconocida ganadora del Premio Goldman, Francia Márquez, y varios líderes negros en el norte del Cauca, y que ya han cobrado la vida de 203 referentes desde 2016 hasta la fecha, que defienden sus prácticas socioculturales, productivas y los territorios en que habitan. Lo cual no podría asociarlo a la firma del acuerdo, sino a la falta de “soberanía” que tanto se profesa en las cómodas oficinas del Ministerio de la Defensa, pero que aún no llega el apoyo para garantizar la seguridad de estos “ciudadanos sin ciudadanía”, como diría la intelectual Claudia Mosquera, quienes a pesar de ser colombianos y tener el mismo derecho que se proteja su integridad física y material por el Estado, no sucede.
Desde esta perspectiva, aprehendo el término de la socióloga chocoana Aurora Vergara de territorios vaciados, que permiten justificar la falta de operatividad del Estado en la zona del litoral, estableciendo una movilización de sentidos entre los agentes gubernamentales y la opinión pública, que justifican su laxo accionar argumentado desde lo atrasado, lo inhóspito y poco poblado, lo marginal, lo secular de sus prácticas ancestrales, lo pobre, lo negro, indio, y, por su puesto, lo potencialmente colonizable de estos territorios, que no merece la misma atención de otras zonas con mayor productividad.
Esto me permite responder la segunda pregunta formulada al inicio, la cual estaba relacionada con la acción del Estado en materia social, asociada a la misma “soberanía”, pues el persistente abandono estatal en el litoral no solo de este gobierno sino también de los anteriores ha propiciado una descompensación en materia social en esta subregión. Evidenciando que esa desatención puede estar asociada a la falta de la poco mencionada “soberanía social”, que se constituye el derecho inalienable del individuo y los grupos sociales de gobernarse. Esto no ha sido posible por esa dependencia económica generada a lo largo de la historia del Estado o, en su defecto, de proyectos relacionados con grandes multinacionales extractivistas, quienes en sus enclaves económicos subalterniza a este ciudadano.
El autogobierno, que está contemplado en el la Carta Magna colombiana, la jurisprudencia emanada por las altas cortes y las leyes especiales para poblaciones indígenas, negras y campesinas. Sin embargo, las instituciones del Estado han tenido maniatadas estas visiones y, por el contrario, propician situaciones para que primen las visiones desarrollistas, eurocentradas y modernas, disminuyendo el hacer comunitario, las prácticas asociadas a la producción de alimentos y la transformación sustentable de los recursos naturales; que están incluidas en los planes de bienestar en sus territorios colectivos y que podrían cohesionar estos territorios desde su mirada de bienestar o desarrollo alternativo, pues se debe tener en cuenta que la mayoría de cultivos ilícitos se encuentran en consejos comunitarios de comunidades negras y resguardos indígenas.
Remitirme a esto me permite entender que al no haber una correspondencia entre la soberanía social y la soberanía política, al Estado no fortalecer económica y socialmente los territorios, otros actores pueden ejercer el control territorial y disponer de estos territorios para otras actividades, en especial las ilícitas.
Una zona con baja presencia del Estado a nivel militar y social es un paraíso para las estructuras delincuenciales, quienes se aprovechan de las necesidades económicas de las comunidades para favorecerse y sembrar la semilla de la “mata que mata”, entregándoles además, como decía Oscar Almario, el “plante” para sembrar, los agroquímicos, el dinero para cosechar, transportar las hojas a los laboratorios y centros de acopio, que se pagan muy bien. Eslabones funcionales de este macabro contubernio entre grupos ilegales y narcotraficantes, que lleva a los habitantes de las zonas rurales del litoral a aventurarse a capitanear embarcaciones de alto cilindraje para transportar pasta básica de coca hasta Centroamérica y la costa oeste de los Estados Unidos.
Así, los horrores de la guerra persisten a esta olvidada región, como muchos dicen en estas zonas periféricas “la paz aún no llega a nuestros territorios”, pero sin la entremezcla de la soberanía política con la social esto será una tarea muy difícil. Fortaleciendo la acción comunitaria y las organizaciones, la actividades productivas diferencias y el retorno de la población a sus territorios. Y quiero hacer énfasis en el retorno, por las razones que expresa Amelia Fernández y Roberto Vidal: es más económico retornar que hacer una reparación en zonas urbanas; disminuye los niveles de pobreza urbana y la inseguridad; el retorno es una oportunidad para que el Estado recupere la soberanía de zonas donde había perdido con los actores del conflicto armado.
Pero para que esto suceda se hace necesario que el gobierno replantee su estrategia, se pongan en marcha los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se propicien escenarios de diálogo con los actores del conflicto, se contribuya al desarrollo de la región y que exista un matrimonio ineludible entre soberanía social ejercida por las organizaciones étnicoterritoriales con la participación de las poblaciones rurales del litoral y la soberanía política del Estado, para mejorar las condiciones de quienes siguen resistiendo y pretenden potenciar el territorio desde sus lógicas de bienestar. Pues, como dice Devuélveme mi campo, la canción de la agrupación Rancho Aparte: si el campo se queda solo, no tiene ningún valor. Y, es eso lo que pasará si no se recupera rápidamente la soberanía política y social en esta adolecida subregión del Pacífico.
