A raíz de las marchas y concentraciones convocadas por el Presidente Gustavo Petro, y secundadas por la CUT, CGT, CTC, Organizaciones de pensionados, y por el Pacto Histórico para el 8 de Febrero, con el fin de defender la democracia de la fractura institucional provocada por el Fiscal General, Francisco Barbosa, y por la Procuradora Margarita Cabello, queremos proponer algunas reflexiones que tienen que ver con las causas de la crisis producida por estos personajes, y que se relacionan con las reformas estructurales que necesita el país, entre ellas la reforma de la justicia, carcomida hasta los huesos por la corrupción y el narcotráfico, cooptada por la criminalidad el tráfico de influencias y la venalidad de los altos funcionarios de la justicia.
En estos momentos de fractura de la institucionalidad colombiana es urgente tener un sujeto social y político de masas para defender un nuevo modelo de justicia que consulte los principios de moralidad, transparencia, eficacia y celeridad, a través de las diferentes formas de lucha dentro de la legalidad burguesa, hasta donde lo permita el sistema dominante, hundido en la conspiración del fascismo contra el gobierno popular.
Miles de ciudadanos salieron a la calle a exigir la elección del nuevo Fiscal tratando de evitar que asumiera como encargada la vice-fiscal Marta Mancera, conocedora de autos por la impunidad con algunos funcionarios ligados a la mafia del narcotráfico en Buenaventura.
El Estado colombiano lo han ido construyendo los sectores dirigentes como un sistema de dominación cerrado y violento contra de los intereses de las mayorías populares, para asegurar la tasa de ganancia mediante la corrupción y la violencia, a costa de la pobreza, la iniquidad, la desigualdad, y la exclusión política y económica de las clases populares
Es desde el análisis del carácter de la clase dirigente y de su Estado violento y criminal como se puede explicar el fenómeno de las crisis recurrente en todos los aspectos de la realidad colombiana, especialmente en la rama judicial del poder público, crisis que se ha venido profundizando y extendiendo a los más diversos sectores sociales, ante la falta de una salida democrática de la crisis nacional.
Así las cosas, el movimiento popular se ha venido desarrollando en medio de un proceso de la luchas contradictorias, de avances y retrocesos, pasando por la negociación del conflicto armado entre el Gobierno Santos y las Farc, (2016), siguiendo con el plebiscito donde ganó el no al acuerdo de paz, y continuando con las extraordinarias manifestaciones de estudiantes, jóvenes, y trabajadores que paralizaron regiones enteras en el gobierno Duque, contra la reforma tributaria del Ministro Carrasquilla (2021), para coronar el proceso con la victoria del candidato presidencial Gustavo Petro (2022) abriendo una nueva etapa de las luchas por la Paz , la democracia y la justicia social.
Desde el 7 de agosto el presidente ha gobernado con la oposición de los sectores empresariales de la Andi, Fenalco, Asobancaria, Fedegán, de los partidos políticos del establecimiento, de las Cortes, de los organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, y de los medios de comunicación que han enfilado sus baterías contra las reformas de la salud, trabajo, pensional, educación, justicia, propuestas por el Gobierno Nacional.
Es en este contexto de avance del movimiento popular, desde donde se pueden explicar las agudas confrontaciones de clase que se han venido acentuando, y que ha llevado a que el sector terrateniente y financiero de la burguesía acuda a los métodos de dominación del fascismo, como la propaganda mentirosa, la violencia y la corrupción, que seguramente se van a profundizar ante el desgaste del modelo neoliberal, y ante el desespero de la burguesía que al ver en peligro sus privilegios de clase, acude a la fractura de la institucionalidad, como lo estamos viendo actualmente con el proceder del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y de la Procuradora Margarita Cabello, y de sus obsecuentes servidores de los grandes medios de comunicación, con el fin de coronar con la “defenestración” del Presidente de la República.
La utilización de las marchas del 8 de febrero por parte de los grandes medios de comunicación constituyen una clara muestra del “golpe blando” que están armando para desestabilizar la institucionalidad burguesa que ellos mismos crearon, pero que ya no les funciona para enmascarar sus protervas intenciones, por lo que tienen que acudir en su desespero a las vías de hecho como último recurso para conservar sus privilegios, ante el desarrollo impetuoso del movimiento popular que crecerá como crecen las sobras cuando el sol declina.
No hay tal que el presidente haya propiciado este estado de cosas putrefacto, corrupto, violento y criminal; la verdad es que la crisis corresponde una cadena de corrupción, violencia, y desinstitucionalización propiciados por los gobiernos de la oligarquía, que han preferido salvar los intereses de sectores privilegiados por el Estado, sobre la pobreza, la miseria, la inequidad y la desigualdad de amplios sectores excluidos de la economía y de la participación en la vida política nacional.
Mentira que la crisis nace del asedio de los manifestantes que el 8 de febrero secuestraron a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; falso que con la presión, el asedio y la violencia el petrismo puso en jaque al sistema judicial; no es cierto que un magistrado fue atacado con piedras y que los magistrados tuvieron que salir en helicóptero; falso de toda falsedad que 500 personas intentaron ingresar a la Corte en una asonada que iba a repetir la toma del Palacio de justicia en 1985; y la más infame y peligrosa de todas las mentiras: que el Presidente Petro había dado la orden del asalto a la Corte Suprema de Justicia.
Todas estas falsedades repetidas sistemáticamente una tras una por los grandes medios de comunicación, están poniendo en riesgo la democracia y propiciando un golpe de estado judicial o parlamentario, bajo la responsabilidad de las cajas de resonancia del sistema dominante.
Cínicos de la mentira y profesionales de la desinformación, las utilizan como arma política para embaucar a la opinión y para sostener la herencia nefasta de los regímenes de violencia y corrupción que vienen del pasado y que es precisamente lo que se está tratando de superar con el Gobierno del Presidente Petro.
Lo que en realidad se está tejiendo por los sectores golpistas del establecimiento es el llamado “golpe blando”, que es una táctica y una estrategia implementada por el imperialismo norteamericano a través de sus agentes criollos de la reacción fascista, como ya lo hicieron con los gobiernos progresistas de Lula y Dilma, en Brasil, Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay, Zelaya en Honduras, Castillo en Perú, Cristina Cristchner en Argentina, y como lo trataron de hacer con Hugo Chaves en Venezuela (1998), y que ahora lo estarán llevando a cabo a través de las “damas de hierro”, la Vice-Fiscal Marta Mancera y la Procuradora Margarita Cabello,
Para mostrar cómo están fracturando el entramado constitucional e institucional construido por ellos mismos, traemos la cita del audio del abogado William Alvis Pinzón, con referencia a la elección del Fiscal y las marchas del 8 de Febrero:
“Por supuesto que rechazamos todos los actos de violencia, vengan de donde vengan, y contra cualquier institución del Estado y de la sociedad civil; no es el camino para lograr las luchas y las reivindicaciones sociales; pero eso no es óbice para decir que aquí no está en juego el principio de la cuestionada independencia judicial, ese no es el tema en discusión en este caso; ese principio tan valioso, tan preciado dentro de nuestro Estado de derecho, opera cuando los jueces actúan como jueces, y la Corte Suprema de Justicia en este caso, no está actuando como juez sino como autoridad administrativa que participa en la designación del Fiscal General de la Nación; esa actuación es de carácter administrativa electoral y está sujeta a los principios de la acción administrativa de la Constitución según el artículo 209, moralidad, transparencia, eficacia y celeridad, no el de autonomía judicial, en eso el debate tiene que ser reorientado y frente a ese principio específico de celeridad y de obligatorio cumplimiento según la constitución política para quien actúa en funciones administrativas, hay que decir si se está incumpliendo porque ya era de conocimiento público el vencimiento de la fecha, de vencimiento del período del Fiscal General y la elección tenía que haberse producido con anterioridad y no ha sucedido, no se está actuando con el principio de celeridad ; de otro lado, cuando se es autoridad administrativa, las presiones ciudadanas y sociales son legítimas, por cuanto de alguna manera es la actuación del constituyente primario, que no frente a actuaciones judiciales, son reprochables, porque en eso si los jueces tienen que ser libres y autónomos, pero no ese el tema en esta caso, así que le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que elija ya, con prontitud, para que le sirvamos de válvula de escape a esta grave polarización que tiene el país, a esta polarización institucional”
Ante esta realidad jurídica y política inocultable, a los sectores democráticos y progresistas no les queda otro camino que emprender la coordinación de la unidad de las fuerzas populares para continuar con la movilización de la ciudadanía en torno a la defensa de las reformas y de las políticas en favor de los niños, los jóvenes, las madres cabeza de familia, los adultos mayores y de la tercera edad; por la paz, la democracia y la justicia social.
La discusión sobre el balance de las jornadas del 8 de febrero; de si fue positivo o negativo para el gobierno, para el PH, y para el movimiento democrático y popular; de si fue oportuna la convocación de las marchas el mismo día en que la Corte Suprema se reunía para elegir fiscal, o por el contrario, si se le dio espacio a los medios de comunicación para inventar mentiras o exagerar detalles, dejando en el ambiente la sensación de que el Presidente fue el promotor de la “asonada” contra la Corte Suprema, por lo cual se debió haber convocado para otro día; es toda una discusión de las alegres comadres de Windsor que no propone salidas a la crisis nacional.
Todos los síntomas están señalando que la crisis va a continuar y que la lucha de clases va a seguir ampliándose a otros sectores sociales que estaban apáticos a participar en la vida política, de donde se deriva la táctica que deben tener en las izquierdas y en el movimiento democrático para poder enfrentar con éxito las perspectivas de los desarrollos políticos del País.
Sean cuales fueren los avances o retrocesos del movimiento popular, la única certeza para salir adelante es resolver el problema de la unidad orgánica, política y programática de las izquierdas en un solo partido democrático, para poder estar en condiciones de dirigir el movimiento espontaneo de los sectores populares.
La afirmación de que la sociedad civil es la dueña de la protesta no dice nada sobre quién es en realidad el que tiene el poder de convocatoria, que no es otro que el Presidente de la República, hecho que celebramos con complacencia, pero que llama seriamente la atención sobre la necesidad de la organización de las distintas expresiones de la sociedad civil, para poder manejar una política independiente por parte del movimiento progresista, que siente las bases para la superación de la crisis a través de una salida democrática y popular.
La polémica sobre una sola personería del PH para las elecciones al Congreso en 2026, debe analizarse con cuidado, a no ser que haya un partido de las izquierdas o de los sectores democráticos que esté en capacidad de asumir la convocatoria a la unidad para las elecciones al Congreso de la República, que en la actual coyuntura, no se ve por ninguna parte.
Ahora lo importante es el problema principal del momento político: resolver con la unidad, coordinación, organización y movilización de los sectores populares, la salida democrática a la crisis institucional; es en este espacio de la coyuntura donde la izquierda tiene que jugar su papel de vanguardia colectiva para poder orientar el movimiento popular hacia los cambios democráticos.
Febrero l3 de 2024
