Una alcaldesa cristiana que entrega las llaves de su municipio a Jesucristo, autos de la Policía Nacional participando de las procesiones de la Virgen del Carmen, dineros públicos para pagar a un chamán para que no llueva, más de 20 millones de pesos del erario gastados en un día en Pueblo Nuevo (César) para promocionar la lectura de la Biblia, y decenas de casos más hacen parte del primer informe titulado Estado de la laicidad en Colombia (2010-2017).
Según el informe realizado por la Corporación Bogotana para el Avance de la Razón y el Laicismo y por la Asociación de Ateos de Bogotá, la laicidad, o dicho de otra manera, la separación entre Estado e Iglesias, es muy débil en Colombia, alcanzando 28 puntos sobre 50 en el índice de laicidad. En el 2010, cuando era procurador Alejandro Ordóñez, el valor era de 18 puntos.
Colombia es un Estado laico desde la Constitución de 1991, tal hecho ha sido ratificado en varias ocasiones por la Corte Constitucional, que ha manifestado que las acciones del Estado no deben tener sentido u orientación religiosa. También ha declarado que los dineros públicos no pueden destinarse para promocionar o favorecer a culto alguno, por más mayoritario que este sea. No obstante, estos fallos siguen siendo abiertamente ignorados o contrariados.
Hay sectores que niegan que Colombia sea un Estado laico. Dentro de este grupo puede incluirse al precandidato presidencial y destituido exprocurador Alejandro Ordóñez, y varios políticos evangélicos o pentecostales que creen, erróneamente, que laicidad es lo mismo que ateísmo de Estado.
En un Estado laico, el Estado y sus instituciones no entran a favorecer o desfavorecer a un credo religioso. Se deben mantener neutrales frente a toda creencia. Los recursos públicos no deberían invertirse en días de la Biblia, conciertos góspel, contratar chamanes, traer al papa, o cosas similares. Tales eventos los pueden realizar las iglesias libremente con sus dineros, sin que el Estado entre a identificarse o favorecer el proselitismo de una determinada religión.
Justo esto último fue lo que la Corte Constitucional le pidió a la Policía Nacional en el 2016, cuando obligó a uno de sus patrulleros, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a realizar una oración por la Iglesia Católica en el púlpito de un templo católico en el marco de la Semana Santa en Villavicencio. Como el patrullero se negó, obtuvo una anotación negativa en su hoja de vida, este tuteló y en primera instancia perdió. La Corte Constitucional al revisar la tutela le pidió a la Policía no solo retirar la amonestación negativa a su patrullero, sino evitar realizar actos religiosos en los que se identificara con un credo, recordándole que Colombia es un Estado laico.
Algo similar ocurrió en el colegio público Carlos Lozano y Lozano de Fusagasugá, donde una docente de la Iglesia Ministerial era obligada a estar en misas católicas y hasta se le pidió tener que hacer un rezo “desde su creencia”. La solicitud de exoneración de la maestra no fue atendida por el coordinador, lo que la llevó a tutelar. En la revisión de la tutela, que también se perdió en primera instancia, la Corte Constitucional pidió la suspensión de la obligatoriedad de asistir a misas o cualquier acto religioso tanto para docentes como estudiantes, y recordó, nuevamente que Colombia es un Estado laico. Los colegios públicos no deben organizar misas católicas o cultos evangélicos. Deben velar por la neutralidad que debe caracterizar a las instituciones de un país laico.
En el informe presentado se muestra como en muchas instituciones educativas públicas no solo se hicieron actos religiosos obligatorios sino que se presentaron logros tales como “Reconoce a Jesús como su salvador personal” y similares. También menciona un concurso de altares a la virgen en un colegio público en Cúcuta, donde todos los estudiantes, fueran católicos, ateos, testigos de Jehová o evangélicos, debieron aportar para estos.
La laicidad protege a todos los ciudadanos de cualquier acto discriminatorio en virtud a su creencia o no creencia. En los casos en los que políticos o funcionarios fundamentalistas han buscado imponer sus convicciones en la esfera estatal, son las minorías religiosas, las minorías sexuales, ateos y agnósticos, los que se han visto afectados en sus derechos fundamentales, como lo muestran los casos anteriormente señalados.
Algunos clericalistas (los que desean ver en la ley sus prohibiciones religiosas y favorecer a su credo) mencionan como argumento la invocación de Dios en el Preámbulo de la Constitución. A esto hay que señalar que, por una parte, se trata de una invocación y no de una declaración de que la legislación colombiana proviene de un determinado Dios o religión, y segundo, que el Dios del Preámbulo puede ser cualquiera que los ciudadanos consideren, ya que no hay una religión oficial en Colombia. Puede tratarse de Jesús, Jehová, Krishna, la Pachamama, o una fuerza impersonal. Nada implica que sea el Dios de Alejandro Ordóñez o el de los talibanes los que dicten las normas civiles en Colombia.
El informe presentado este año ha revelado que en los colegios públicos y las fuerzas militares y de policía son los espacios en donde más se viola la separación entre Estado e iglesias.
Para llegar a calificar la situación de la laicidad en Colombia en la categoría de “deficitaria” se analizaron los aspectos del estatus legal (en el que salió bien librada), la participación política de las iglesias, la presencia de símbolos religiosos en entidades públicas, la realización de actos religiosos en entidades públicas, la educación, salud, libertad de expresión, los derechos de las mujeres y sector poblacional LGBTI, así como la exigencia de las autoridades al cumplimiento de normas ambientales y urbanísticas a las iglesias.
Las organizaciones que generaron este informe concluyen que Colombia tiene un marco normativo sólido para la laicidad, fortalecido en gran parte por la jurisprudencia de la Corte Constitucional; sin embargo, el Estado Laico aún está en proceso de consolidarse.
Para pensadores como el filósofo Fernando Savater: “El laicismo no es una opción institucional entre otras; es tan inseparable de la democracia como el sufragio universal”.
