Desde los años 90 la región del Pacífico colombiano ha sido vista como un “polo de desarrollo” para la nación. Esto se debe a la riqueza en recursos naturales y al potencial económico y estratégico que esta región tiene para la integración de la economía nacional en la Cuenca del Pacífico. Esta situación ha hecho que la disputa por el control territorial entre grupos armados se haya movilizado hacia la región, no sólo con el fin de cultivar y comercializar la coca, sino también para realizar grandes proyectos de modernización económica como las plantaciones de palma africana y la minería a cielo abierto. Para hacer posibles estos proyectos el Estado ha entregado en concesión grandes hectáreas de tierra a empresas nacionales y transnacionales, sin que se haya efectuado un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas y las comunidades negras de la región. Las nuevas circunstancias han cambiado radicalmente las relaciones históricas que estas poblaciones han tejido con el territorio en la configuración de una identidad, cultura y economía propia.
Una de las consecuencias de la agroindustria de la palma africana es el despojo territorial de campesinos y comunidades negras a manos de grupos paramilitares, quienes a través de prácticas de coacción armada desplazan a los pobladores locales de los terrenos aptos para el cultivo de la palma. Estas acciones armadas han violentado la autonomía territorial y los derechos étnico-culturales conquistados por el movimiento social afrocolombiano con la Ley 70 de 1993 (Ley de comunidades negras). Según manifiestan algunos de sus pobladores los desplazamientos forzados, hostigamientos, desapariciones y asesinatos selectivos han venido aumentando sobre todo en la zona rural, debido a las presiones que ejercen los grupos paramilitares sobre los habitantes de los consejos comunitarios ubicados en zonas estratégicas para proteger y asegurar el megaproyecto agroindustrial de la palma aceitera. Gran parte de los pobladores locales han sido contratados de forma temporal para trabajar en las plantaciones de la palma, con arduas jornadas de trabajo, salarios por debajo de los mínimos legales y sin recibir asistencia médica. El cultivo de palma convierte el territorio en un “desierto verde”, secando los afluentes naturales de agua y los humedales.
El monocultivo de la palma africana ha sido promovido en Colombia como parte de una política de “desarrollo alternativo”, financiada en parte con recursos del Plan Colombia, y su expansión está relacionada con el aumento mundial de la demanda de biocombustibles (Escobar, 2010). En los territorios del Pacífico sur que son fronterizos con el Ecuador esta política agroindustrial se ha perfilado como una prospera actividad que atrae considerable inversión. El gobierno nacional ha puesto sus ojos, de manera particular, en el municipio de Tumaco, este territorio tiene cerca de 200.000 habitantes, de los cuales el 89 por ciento son afrocolombianos. Gran parte de la población rural de Tumaco vive en tierras que son de propiedad colectiva y están administradas por los denominados “consejos comunitarios”, o bien en reservas indígenas. Es en este territorio donde termina el Oleoducto Trasandino y se exporta el petróleo traído desde Orito (Putumayo), convirtiéndolo en el segundo puerto petrolero más importante del país.
Según el Instituto Colombiano Agrícola (ICA) el área total sembrada de palma africana en Tumaco para 1986 era de 14.000 hectáreas. Y según Fedepalma, en el 2012 existían unas 20.131 hectáreas sembradas, las que constituirán el 32% del total de la superficie del municipio. Investigaciones realizada por la Diócesis de Quibdó y la organización no gubernamental Human Rights Everywhere (HREV) han señalado que “el modelo de plantaciones en Tumaco ha supuesto la tala de bosques y el drenaje de los suelos (para sembrar 456 hectáreas de palma africana se hicieron 86 kilómetros de drenajes y 11 kilómetros de carreteras); el desplazamiento de campesinos hacia el área urbana de Tumaco, la utilización de sicarios para presionar a los campesinos para que vendieran sus tierras, y una serie de violaciones a los derechos labores y de asociación” . Por otro lado en este municipio se concentra actualmente la mayor área cultivada de coca en el país, con 6.611 hectáreas en 2013 y un alto potencial de producción de cocaína.
Las políticas de la agroindustria de la palma africana en Tumaco se desarrollan de acuerdo con las lógicas globales de una “acumulación capitalista por desposesión” (Harvey, 2012). Estas políticas han suscitado problemas de expropiación territorial y desplazamientos forzados. Así también han generado formas modernas de colonización de la vida humana y de la naturaleza a través de los cuales se imponen prácticas económicas externas a los modos locales de vida de las comunidades negras (Escobar, 2010). Estos fenómenos obligan a los pueblos a emigrar, lo cual provoca la desintegración y la dispersión, por lo cual se produce el incremento de amplios sectores de la población afrodescendiente viviendo bajo terribles condiciones materiales y a menudo bajo la amenaza de nuevos desplazamientos forzados e incluso de la muerte.
Según el Registro Único de Victimas (RUV), entre 2000 y 2014 se reportaron en Tumaco 105.972 víctimas de desplazamiento forzado, que representa el 32% del total de víctimas del departamento de Nariño en el mismo periodo (334, 268) . Los años más críticos en esta materia fueron 2009 y 2011, cuando priman los desplazamientos intra-municipales, intra-urbanos y hacia Ecuador . Así mismo lo ubica como el municipio más afectado de Nariño, después del El Charco, Barbacoas, Policarpa y Olaya Herrera. Además durante este periodo de tiempo fueron recibidas en Tumaco 83.616 personas desplazadas provenientes de otros municipios del departamento de Nariño, lo que lo convierte en un municipio expulsor y receptor de desplazamiento forzado.
La experiencia del desplazamiento forzado en Tumaco representa un doble movimiento: primero, el caso de los desplazamientos forzados acontecidos en los territorios fronterizos con el Ecuador se ha convertido en un problema internacional. Gran parte de estos pobladores se han desplazado masivamente hacia este país en busca de refugio. Según estimaciones de ACNUR, el 98 % de la población refugiada en Ecuador es de origen colombiano, de los cuales 70 % son mujeres y niños. Cada mes cruzan la frontera entre 1, 300 y 1,500 personas principalmente de ciudades como Buenaventura y Tumaco; segundo las poblaciones que migran hacia el casco urbano del municipio en el que la situación de inseguridad suele incrementarse, pues con frecuencia las víctimas de hechos ocurridos en el área rural tienden a movilizarse hacia la cabecera municipal en busca de atención institucional y seguridad, y se ubican en barrios receptores como Nuevo Milenio, Panamá, Viento Libre y Familias en Acción, en estos sectores las poblaciones siguen presenciando situaciones de amenazas, hostigamientos, asesinatos, violencias sexuales, extorsiones que dan continuidad o motivan nuevos desplazamiento intra-urbanos. Esta urbanización de los desplazamientos esta en correspondencia con los cambios en el desarrollo de los conflictos, generado por bandas criminales y grupos de delincuencia común.
La población afrocolombiana vive en una situación de incertidumbre y miedo, los atentados terroristas, explosiones y asesinatos están a la orden del día. Para Maritza, maestra afrocolombiana, “El único pecado de Tumaco es su ubicación sobre el Océano Pacifico. La riqueza de sus recursos naturales se ha convertido en uno de los principales problemas que padece este municipio, tenemos que hacer frente a la oleada de violencia que se ha desencadenado con la presencia de grupos al margen de la ley disputándose el control del territorio, y por otra parte la presencia de empresas agroindustriales que trajeron el sembrío de la palma africana y con ello los grupos paramilitares para obligar a la población a salir de sus territorios, apropiarse de sus tierra y sembrar la palma”.
Las FARC, desde la suspensión, el 22 de mayo pasado del cese unilateral del fuego, acordado desde el 20 de diciembre del año pasado, han perpetrado ataques que han dejado sin luz ni agua a poblaciones enteras del suroeste y noreste del país. El nuevo atentado perpetrado por este grupo guerrillero contra el oleoducto Trasandino dejo sin el suministro de agua a 150 mil habitantes de Tumaco y su área rural. Según Ecopetrol el atentado produjo la rotura de la tubería y el derrame de crudo sobre la quebrada Pianulpí, que surte al Río Guisa, y éste a su vez al Río Mira que alimenta el acueducto de Tumaco. Esta situación ha generado cambios en los sistemas comunitarios de producción, conflictos internos en las comunidades, nuevas oleadas de desplazamientos forzados internos y trans-fronterizos.
Los ríos son el sustento económico y de movilización de miles de familias afrocolombianas que habitan en la zona rural del municipio y que se extienden a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana. La experiencia histórica en que las comunidades negras han construido sus identidades, sus formas de conocer y los saberes tradicionales está espacialmente enraizadas a los sentidos que le otorgan a su relación con los ríos, al constituir el lugar que los moviliza en la construcción de una cultura propia, fuente económica para la comercialización de sus productos, la pesca, riego de cultivos, abastecimiento de agua y medio de transporte. Los ríos se conciben también en términos de corredores de vida que comunican y socializan a las comunidades locales y fronterizas, sus prácticas culturales, actividades económicas y ecosistemas. En este sentido los ríos para las comunidades negras es la representación de sus prácticas eco-culturales colectivas de las que se derivan sus sistemas de producción tradicionales y economías locales. Son los ríos los que dan cuenta de las configuraciones particulares de naturaleza y cultura, sociedad y naturaleza, paisaje y lugar, como entidades vivenciales y profundamente históricas (Escobar, 2010). Las formas en cómo se relacionan los pueblos afrocolombianos con los ríos está relacionado en el modo en que resuelven las necesidades de su vida cotidiana; el imaginario histórico-social que construyen del río impulsa a la creación de proyectos de vida alternativos comprometidos con la defensa del territorio al ser asumido como el lugar que permite la creación de vida y que a través de las prácticas tradiciones de producción (pesca y agricultura) otorga los recursos necesarios para garantizar la supervivencia cultural.
El conflicto armado y los desplazamientos forzados han generado un cambio generacional en la concepción del territorio para las comunidades negras, los estragos de la guerra han convertido al Pacifico en una “geografía del terror” (Oslender, 2004) ocasionando una reconfiguración en los anclajes del territorio sobre todo por la población joven. Frecuentemente el control territorial de los ríos está divido por áreas unas con presencia guerrillera y otras con presencia de paramilitares, ambas obligan a la gente a cultivar coca, y sobre las cuales se crean fronteras invisibles que rompen los lazos de socialización y comunicación entre las comunidades negras. Para Felipe, joven afrocolombiano de 18 años quien fue desplazado junto con sus padres por negarse a sembrar coca para los grupos guerrilleros, el río Mira trae los recuerdos de los cuerpos desmembrados que naufragaban por sus aguas “recuerdo que era común cuando salía a pescar con mi padre encontrarnos partes de cuerpos asentados sobre los manglares, ha sido difícil para mí borrar esas imágenes de mi cabeza, en ocasiones me he soñado con esos cuerpos (…) el río para mí fue la fuente que nos alimentaba, pero también es lo que me permitió conocer de cerca las atrocidades de la violencia, yo no volví a pescar, mi padre tampoco, sentíamos temor y pensábamos que nosotros podríamos ser las próximas víctimas”. Hoy en día Felipe y su familia viven en San Lorenzo Ecuador, al abandonar sus tierras en Tumaco, perdieron su principal medio de producción y subsistencia. Su única salida ha sido trabajar en una de las empresas de palma africana en el Ecuador, su salario semanal oscila entre los 20 y 30 dólares, recursos insuficientes para mantener a su madre y 5 hermanos.
De ahí que hablar de paz para una población encerrada en un completo conflicto armado, militar, territorial y político, y en la que sus territorios están siendo devastados por una “acumulación de capital por desposesión” que se alimenta y fortalece de los conflictos de distribución económicos, territoriales, ecológicos y culturales que el mismo genera, es una esperanza incierta. Los grupos armados, las empresas multinacionales y el nuevo huracán de reformas neoliberales que pretende transformar en mercancía los paisajes, los pueblos y los recursos, pueden ser vistos como máquinas de guerra más interesadas en su propia supervivencia, que en soluciones pacíficas al conflicto. Dicho de otra manera la modernidad-capitalista por su misma estructura interna se niega a responder al carácter multidimensional de las prácticas de apropiación del ecosistema que han construido las comunidades negras. La funcionabilidad de la “acumulación capitalista por desposesión” produce una significativa reconversión de los territorios locales, economías y culturales reduciéndolos a los valores del mercado, de tal forma que el “ecosistema” es concebido en términos radicalmente diferentes por las comunidades que lo habitan (Escobar, 2010).
La articulación entre la violencia armada, el desplazamiento forzado y la economía contribuyen a la dispersión del fascismo social, definido como nuevas formas de dominación y explotación contemporánea para la producción y reproducción del capital. El fascismo social es un fenómeno plurifacetico que se manifiesta a través de la desposesión territorial, la supresión de economías propias, el envenenamiento de animales y cultivos para el autoabastecimiento, la segregación social de los excluidos a partir de las divisiones raciales y clasistas. En otras palabras es un nuevo espacio-tiempo que atraviesa todas las relaciones sociales, políticas, culturales y económicas y que es, por tanto, común a la acción estatal y no estatal (Boaventura, 2004).
El capital, el Estado y los grupos armados se articulan en una política de desposesión que intenta des-localizar a las comunidades de sus territorios, con fines a la explotación y saqueo de los territorios, en Tumaco esto ha instalado una economía delictiva basada en la producción y comercialización de la coca, en el reclutamiento forzoso de niños y jóvenes afrocolombianos obligados a trabajar de sicarios, en los enfrentamiento entre bandas criminales y los desplazamientos forzados.
De acuerdo con Arturo Escobar, las estrategias para prevenir el desplazamiento y posibilitar el retorno de las comunidades deben tomar como un punto de partida una comprensión contextual de la resistencia, el retorno y el re-emplazamiento con respecto a las prácticas locales, apuntaladas en los movimientos por la identidad, el territorio y la autonomía donde estos existan. En este sentido pensar en la paz en el Pacifico colombiano, implica pensar en la construcción de un modelo de desarrollo alternativo, donde el Estado y los organismos nacionales e internacionales encargados de garantizar los derechos humanos de los pueblos afrodescendientes, tienen un papel protagónico. Las luchas de las comunidades negras, es así una lucha por la re-existencia y la autoafirmación de la vida.
Bibliografía
1 http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=53528#.VYuz-vmqpBc
2 Boletín # 69 dinámicas del conflicto armado en tumaco y su impacto humanitario febrero de 2014. http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/52f8ecc452239.pdf
Escobar, Arturo. (2010). Territorios de la diferencia. Lugar, movimientos, vida, redes. Envión editores.
Harvey, David. (2012). La condición de la posmodernidad. Amorrortu/editores.
Oslender, Ulrich. 2004. “Geografía de terror y desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano: conceptualizando el problema y buscando respuestas”. En: Eduardo Restrepo y Axel Rojas (eds.), Conflicto e (in)visibilidad: retos en los estudios de la gente negra en Colombia. pp. 35-52. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
Santos, Boaventura de Sousa. 2004. “The World Social Forum: Towards a Counter-Hegemonic Globalization (Part I).” En: Jai Sen, Anita Anad, Arturo Escobar y Peter Waterman (eds.), The World Social Forum. Challenging Empires. pp. 235-245. Delhi: Viveka.
